políticos, matones y elecciones municipales
columna de mérici
Hay tres aspectos de las campañas de este año que son muy enervantes, y dos de ellos enfatizan la relación entre delincuencia y política, que son que muchos candidatos no mencionen en sus pancartas, carteles, octavillas y otras formas de publicidad el partido al que pertenecen y, luego, que prácticamente todos los candidatos coloquen sus materiales de propaganda en lugares explícitamente prohibidos por la ley, poniendo así potencialmente en peligro a los peatones y otros usuarios de las vías y espacios públicos. El tercero es que, según nos informan diversos medios de prensa, prácticamente todos los comandos electorales de los candidatos utilizan a grupos de delincuentes para destruir sistemáticamente los materiales de propaganda de los candidatos rivales.
El primer punto de mi alegato -que en sus materiales de propaganda muchos candidatos no mencionen el partido político al que pertenecen- ha sufrido interpretaciones muy encontradas. Una opinión extendida es que esos candidatos lo hacen para no crear en el público un rechazo a priori de sus candidaturas, habida cuenta del escasísimo prestigio de los partidos políticos en Chile. (La confianza en los partidos políticos es de apenas un seis por ciento en el último Estudio Nacional sobre Partidos Políticos y Sistema Electoral).
En estas circunstancias, pareciera que los candidatos han preferido simplemente renegar de sus partidos, enfatizando los aspectos personales. En Viña del Mar, los que han recurrido a esta práctica -no mencionar el partido al que pertenecen en la propaganda- son generalmente los candidatos de extrema derecha. Es una constatación curiosa, porque deberíamos esperar, considerando los errores y torpezas del gobierno, que fueran los candidatos de los partidos oficialistas los que trataran de engañarnos a los ciudadanos- en cuanto a su origen. Pero ocurre al revés.
La práctica ha llevado a que dos diputados -Álvaro Escobar y Marco Enríquez Ominami- presentaran un proyecto de ley que obligaría a los candidatos a incluir en su propaganda "los símbolos o colores institucionales de sus partidos políticos" (Radio Universidad de Chile). Además, el proyecto otorga facultades al juez de policía local "para retirar toda la propaganda política" que infrinja esta norma. Los diputados comparten la opinión de que los candidatos en realidad, con la ocultación de identidad, tratan de engañar al electorado. Pero la práctica no contribuye a la transparencia que deben tener estos y otros comicios, y despierta innecesarias sospechas de gato encerrado.
El artículo 32 de la Ley 18.700 (Orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios) establece que "no podrá realizarse propaganda electoral con pintura, carteles y afiches adheridos en los muros exteriores y cierros, sean éstos públicos o privados, salvo que en este último caso, medie autorización del propietario, poseedor o mero tenedor; como asimismo en los componentes y equipamiento urbanos, tales como calzadas, aceras, puentes, parques, postes, fuentes, estatuas, jardineras, escaños, semáforos y quioscos. Tampoco podrá realizarse propaganda mediante elementos que cuelguen sobre la calzada o que se adhieran de cualquier modo al tendido eléctrico, telefónico, de televisión u otros de similar naturaleza" (en Leyes Electorales, servel).
Esta disposición es violada por todos y cada uno de los candidatos, pese a que es evidente que su colocación en algunos lugares es una fuente o causa potencial de accidentes, porque estorban la visión del tráfico y/o de las señales de tránsito.
Más sorprendente todavía es que esa propaganda electoral mal colocada no es retirada inmediatamente por las autoridades municipales, pese a que el mismo artículo 32 establece que estas "[...] deberán, de oficio o a petición de parte, retirar u ordenar el retiro de toda la propaganda electoral que se realice con infracción a lo dispuesto en este artículo. Los candidatos y los partidos políticos estarán obligados a reembolsar los gastos en que incurran las municipalidades en el retiro de dicha propaganda". Pocas municipalidades -Chillán, entre otras, han iniciado el retiro inmediato y sistemático de la propaganda electoral mal colocada.
Aunque no me disgusta la propaganda electoral en sí misma, creo que la exhibición de materiales de publicidad como carteles y pancartas debería prohibirse en la vía pública en general y limitarse estrictamente a los expositores en algunas paradas de buses y en algunas plazas y dependencias municipales, administrado por la municipalidad y otorgando a cada candidato exactamente el mismo espacio.
También creo que los candidatos debiesen ser obligados a presentar un programa escrito y detallado, cuya factibilidad o condiciones de factibilidad, en el mejor de los casos, debiesen ser sometidas a un estudio objetivo en la comuna en cuestión por un centro profesional. Este centro debería publicar esos estudios, de modo tal que los ciudadanos tengamos siempre a mano, ante cada punto de programa o promesa de los candidatos, el análisis (que nos ayudará a decidir) de las condiciones en las cuales la implementación de sus programas es viable.
Eso reforzaría la cuota de racionalidad en la vida política. A nivel local, muchas disputas estallan por prejuicios y fanatismo ideológico antes que por diferencias reales. La comparación desapasionada de la viabilidad objetiva de los programas debiese convertirse en una práctica habitual en la vida política.
Pero sin duda el fenómeno más grave de los tres es la contratación clandestina de grupos de delincuentes para destruir la propaganda de los candidatos rivales. Y casi tan grave como el hecho mismo, el misterioso y decidor silencio de la prensa nacional y autoridades sobre este asunto. Creo que un reportaje publicado por La Estrella de Valparaíso el 4 de octubre de 2008 debe de ser uno de las primeras coberturas, y denuncia de este fenómeno. La periodista Anita Collao informaba ese día que, según lo que logró recabar en días anteriores, "[...] en estas elecciones, como en varias anteriores, ya se está dando y con mucha fuerza la contratación de otro tipo de personal [...] [que se dedican a] una labor bastante delictual". En los comandos de los candidatos una persona es la encargada de "[...] contratar a grupos de personas, que no son más de cinco, incluyendo al chofer, que durante las noches deben salir a pintar muros y paredes con los esloganes y nombres de los postulantes a los respectivos municipios". Estos mismos grupos tienen la tarea "de ir, cara de palo, a destruir el material de propaganda del candidato contendor".
Estos grupos de delincuentes cuestan unos noventa mil pesos por noche, excluyendo la bencina y el arriendo de la camioneta y la paga del chofer, y compromete la participación de cinco personas.
Lamentablemente sin mencionar nombres ni partidos, la periodista constata que "[...] muchas veces se recurre a grupos que son de Santiago y particularmente del lumpen, que son personas marginales que por dinero hacen lo que se les pida. Su perfeccionamiento en cada campaña es tal que ya están al nivel de saber ocultar la patente de los autos" para no dejar huellas [querrá decir: para no ser identificados]. "[...] No es fácil", dice la periodista, "llegar a ellos para detenerlos, en caso de daños a la propiedad o actos violentos".
No he recopilado sistemáticamente las noticias en la prensa sobre la destrucción de propaganda electoral. No creo que sea una noticia que necesariamente las redacciones consideren importante para su cubrimiento. Pero es algo que vemos todos, todos los días, y en algunos casos es evidente que esos materiales de propaganda han sido destruidos o estropeados sistemáticamente. Algunos -yo, entre otros- han presenciado la destrucción de propaganda electoral.
Según denunció la candidata a concejala por Algarrobo, Mariela Valdés Ávila, de la Democracia Cristiana, hace unos días personas no identificadas ni aprehendidas todavía destruyeron toda su propaganda (más de doscientas palomas y pendones colgantes- en la comuna (en El Líder de San Antonio).
Lo mismo le ocurrió a la candidata por San Antonio, Yohana Fuentealba, que también encontró destruida toda su propaganda (en El Líder de San Antonio del 7 de octubre de 2008).
En Talca uno de los candidatos, Alexis Sepúlveda, de la Concertación, presentó una querella tras constatar la destrucción de sus carteles. Uno de esos grupos cortó su rostro de los carteles, ocasionando pérdidas por más de un millón y medio de pesos.
Como las sospechas recaen en el comando del candidato rival, Juan Castro, de la Alianza, se defendió este en una declaración que es prácticamente una confesión de culpabilidad. Dijo: "A mí hay personas que me han dicho que han visto los vehículos de él destrozando la publicidad, más específicamente la mía. No me siento para nada tocado porque el que más publicidad ha perdido soy yo". Dijo que el comando de Sepúlveda le había destruido previamente 140 carteles (en El Centro).
Denuncias similares han sido reportadas por El Día, en La Serena, y en Coquimbo. El Mercurio de Santiago ha informado sobre la destrucción de una torre de ocho metros de propaganda electoral del candidato de Huechuraba por la Concertación, Sergio Escobar, que acusa al comando de la candidata de extrema derecha, Carolina Plaza, de ser responsable de los atentados. También ha habido atentados en Chiloé (en chiloeweb),
La destrucción de propaganda es algo que afecta a candidatos de todas las tendencias. Según denuncia el diputado Francisco Chahuán, los candidatos de Renovación Nacional, Máximo Arnao y Rodrigo Kopaitic, han sufrido atentados de este tipo (emol). También candidatos de la Unión Demócrata Independiente (de extrema derecha) ha denunciado la destrucción de sus carteles de propaganda en Colina y Quilicura (en radio cooperativa). El candidato por Las Condes, Santiago, de la Concertación, Felipe de Pujadas, ha denunciado el robo de sus carteles (en terra).
Aunque es probable que en muchos casos esos destrozos sean la expresión espontánea del malestar de los ciudadanos, el carácter sistemático y los a veces extraordinarios esfuerzos que deben hacer los matones para llegar a los lugares donde se exhibe la propaganda dan sustento a la creencia de que son obra de grupos organizados. La candidata Marcela Hernando (independiente) denunció que muchas de sus cerca de cien gigantografías que fueron destruidas, "[...] estaban instaladas en el techo o fachada de domicilios particulares y, para llegar a ellas, los autores de los ataques debieron emplear escaleras o un vehículo alto, lo cual habla de cierto nivel de organización" (en El Mercurio de Antofagasta).
Estos actos de violencia política por encargo de los comandos electorales pueden pasar a peores cuando, según ha ocurrido en algunas ocasiones, estos grupos se topan en la calle o se sorprenden mutuamente en esas labores. Los encuentros pueden resultar en agresiones o ataques contra las sedes de los comandos. En la prensa se encuentran algunas denuncias de ataques o enfrentamientos. Según el candidato Sergio Escobar, "[...] a una semana de iniciada la campaña ya llevo 5 brigadistas heridos" (emol). También un local de la UDI sufrió ataque (en radio cooperativa).
Hasta hoy, la denuncia más seria la hizo el candidato a concejal del PRSD, Claudio Lagos. Desconocidos aflojaron los pernos de una de las ruedas de su jeep y destruyeron los materiales de propaganda que llevaba en el interior (El Mercurio de Antofagasta). El atentado pudo tener consecuencias fatales.
Pese a las denuncias, no se sabe de ninguna fiscalía que este investigando o trabajando en ellas, ni sabemos de ninguna reunión entre partidos políticos para ceñirse a la ley electoral en cuanto a las formas de propaganda política, reducir el nivel de hostilidad y llamando a sus militantes a la cordura y evitar posibles e inútiles desgracias.
Vi en televisión hace unos días a una candidata de Viña del Mar reconociendo que infringía la ley al colocar sus carteles en una plaza, pero justificaba su conducta diciendo que todos los demás lo hacían. No es la buena respuesta. Bill el Carnicero daría una mejor.
El hecho de que, en general, todos los candidatos infringen la ley, me provoca una terrible desconfianza. ¿Respetarán las leyes una vez elegidos? ¿Seguirán contratando a matones después de las elecciones?
Si me digo que no votaré por candidatos que violen la ley o nos muestren poco respeto, que es lo que haré, tendré que anular mi voto o quedarme en casa.
[mérici]
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