reconocen ejecuciones extrajudiciales
8 de noviembre de 2008
[Sibylla Brodzinsky] Bogotá, Colombia. Con la muerte de tres comandantes rebeldes, el impecable rescate de catorce rehenes importantes y el decomiso de miles de documentos en ordenadores de la guerrilla, este debería haber sido un año de triunfos para las fuerzas armadas colombianas.
Sin embargo, los éxitos del ejército se han visto enturbiados por la macabra revelación de que los militares colombianos mataban a civiles para inflar el número de bajas y parecer más exitoso.
Aunque algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado la práctica durante años, muchos en Colombia están recién enterándose de los asesinatos sistemáticos. Mientras oficiales del gobierno colombiano toman medidas para purgar a los oficiales militares implicados en los asesinatos y crean un programa de seguimiento, el número de bajas abultado ha llamado la atención sobre los métodos militares.
Esta semana, oficiales colombianos empezaron a detener a oficiales militares responsables de esos asesinatos. Después de que el presidente colombiano Álvaro Uribe destituyera sumariamente a veinte altos oficiales, incluyendo tres generales y once coroneles, el general Mario Montoya, comandante en jefe del ejército, renunció el martes. Los licenciamientos se producen después de una pesquisa interna sobre la desaparición de al menos once civiles de un suburbio de Bogotá, cuyos cuerpos fueron encontrados más tarde al otro lado del país y clasificados como bajas en combate.
Pero este incidente es sólo uno de cientos de casos que se dieron a conocer en los últimos seis años, en lo que Navi Pillay, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que parecía ser un fenómeno "sistemático y extendido".
Es improbable que la práctica de matar civiles se difundiera como resultado de órdenes militares, dice César Restrepo, un analista militar de la Fundación Seguridad y Democracia, un laboratorio ideológico de Bogotá.
Responsabiliza a la falta de mando y control en las fuerzas armadas y a una política de incentivos errónea que recompensaba a los soldados con días de permiso adicionales por cada subversivo muerto o capturado.
"El gobierno confió ciegamente en las fuerzas armadas para arrinconar a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero no instaló los controles necesarios", dice Restrepo.
Además, muchos comandantes, bajo la presión de producir resultados, desecharon esos informes sobre los ‘falsos positivos’, la expresión colombiana para designar a civiles clasificados como bajas en combate, como mentiras puestas a circular por los rebeldes. Aunque el ministerio de Defensa emitió el año pasado una directiva diciendo que el conflicto con los rebeldes de izquierda del país, que ya se prolonga por cuarenta años, el éxito no se mediría en bolsas para cadáveres, los incentivos siguieron vigentes. Para el 31 de octubre, las tropas colombianas habían clasificado a 1.584 bajas como miembros de organizaciones ilegales muertos en combate.
Sin embargo, eso podría cambiar pronto, pues Uribe anunció el jueves que todas las unidades militares hasta el nivel de batallón contarán con un oficial que recibirá y procesará las acusaciones de abusos. Pidió ayuda a Naciones Unidas para supervisar el programa.
La oficina del inspector general colombiano está investigando más de 930 ejecuciones extrajudiciales desde 2002, mientras que una federación de organizaciones de derechos humanos conocida como Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos contó al menos 535 ejecuciones entre enero de 2007 y julio de 2008.
"La parte mala es que incluso si hubiesen sido guerrilleros de verdad, sus muertes no tuvieron ningún impacto en el conflicto", dice Restrepo. "Necesitamos un cambio de mentalidad, y eso toma años".
Colombia recibe un promedio de quinientos millones de dólares al año en ayuda de Estados Unidos, predominantemente para uso militar. Las unidades que reciben fondos norteamericanos deben tener un historial de derechos humanos limpio. Tres de las unidades dirigidas por oficiales despedidos la semana pasada perdieron su elegibilidad para recibir dinero estadounidense. Las unidades habían sido previamente aprobadas y se consideraba que no habían cometido violaciones a los derechos humanos.
El nuevo comandante del ejército, el general Óscar González, que asumió el cargo oficialmente el jueves, dirigió dos de las unidades de las unidades más fuertemente cuestionadas en relación con las ejecuciones extrajudiciales.
En su último informe sobre Colombia de la semana pasada, Amnistía Internacional instó a suspender la ayuda militar a Colombia a menos que acate las recomendaciones de Naciones Unidas para poner fin al conflicto, "de modo que no exista el riesgo de proporcionar esa ayuda y equipos para ser usados en la violación de derechos humanos", dice el informe.
©christian science monitor
cc traducción mQh
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