interrogatorio y confesiones falsas
columna de mérici
El detective Trainum es partidario de filmar o grabar en video los interrogatorios porque se han reducido "[...] las sentencias erróneas basadas en confesiones falsas". Cuando se graba un interrogatorio, "[...] abogados, jueces y jurados pueden ver exactamente cómo se llega a una confesión". ¿Pero, cómo poner fin a la práctica de declararse culpable como forma de expiación de otros pecados cometidos? ¿Cómo erradicar la creencia de que el castigo divino existe? La mente humana es tremendamente intricada.
Lo más común, sin embargo, es que los interrogadores, policías o militares, extraigan confesiones falsas recurriendo a la aplicación de torturas. El interrogatorio con torturas está permanentemente en primera plana. En Chile sólo en la última semana ha habido cinco denuncias de golpizas y torturas sufridas a manos de carabineros y detectives. Pese a los derechos reconocidos de los detenidos, la policía sigue golpeando y maltratando a los detenidos que, con o sin prontuario, terminan en alguno de sus calabozos. Los maltratos no tienen siempre un objetivo socialmente aceptable sino simplemente castigar o humillar a los detenidos de los que se sospecha son culpables de algún delito. Me dijeron una vez dos amigos ex carabineros que ellos habitualmente golpeaban a los detenidos en las patrulleras en camino a la comisaría, y lo hacían porque sabiendo que estarían en libertad apenas horas después el mismo día, querían al menos que supiesen que cada vez que cayeran en sus manos se iban a llevar una buena tunda. Y parece que un cierto código previene que los abusados recurran a instancias superiores.
Fuera de Chile, el interrogatorio con aplicación de torturas se ha asociado con la privación de las garantías de las Convenciones de Ginebra a los detenidos en operaciones antiterroristas de Estados Unidos y sus aliados. Después del escándalo de las torturas en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq, y luego de las torturas en Bahía Guantánamo, muchos expertos cuestionan la utilidad de la tortura como medio de extraer información de un prisionero. Parece probado que la mayor parte de las veces el interrogado entregará informaciones falsas o patentemente contradictorias o inconsistentes o que admitirá haber cometido crímenes que nunca cometió o pudo cometer. Eso, en el caso de que el detenido esté siendo interrogado y no meramente castigado y el interrogatorio sea una suerte de macabra farsa circense en la que las preguntas son arbitrarias y absurdas y las respuestas, obviamente, siempre erróneas.
La propuesta del detective Trainum puede también ser adaptada para otros fines. Evidentemente, un interrogatorio grabado en video impediría o reduciría los maltratos y torturas, pero sin ofrecer garantías absolutas, ya que el detenido podría ser golpeado e intimidado antes de iniciar el interrogatorio grabado. En realidad, como ya ocurre en varios países europeos, no sólo los interrogatorios deben ser pertinentemente grabados en video sino además en toda comisaría o recinto policial debe haber en todas las dependencias, incluyendo los pasillos, permanentemente cámaras de vigilancia filmándolo todo. Se garantizan así en concreto los derechos de los detenidos y se facilitan y uniformizan los procedimientos policiales.
El artículo 195 del Código Procesal Penal prohíbe "[...] todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa [...]. Se prohíbe, en consecuencia, todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis". Pero no dice nada sobre cómo dejar constancia de lo dicho durante un interrogatorio. La filmación de la entrevista pondría probablemente fin a buena parte de los abusos y las especulaciones.
"Puede ser imposible entender", escribe Trainum, "completamente por qué personas inocentes confiesan crímenes que no han cometido. Lo que es innegable es que algunas lo hacen, y que tenemos que implementar reformas para prevenir que se sigan dictando condenas erróneas y asegurarnos de que sean los culpables los que paguen por esos crímenes".
Este espeluznante caso -el inocente que confiesa un crimen que no cometió- lo estamos reviviendo ahora con las arrevesadas derivaciones del caso de María del Pilar Pérez López, la Quintrala de calle Seminario, en Providencia. Como se sabe, su ex marido, Francisco Zamorano Marfull, fue ejecutado de un tiro en la nuca junto con su pareja, Héctor Arévalo, en abril de 2008. La policía acusó a Claudio Soza Zamorano, primo del ex marido de la Quintrala y vecino y dueño de la casa que alquilaba la pareja homosexual. Según las informaciones de prensa, Claudio Soza "confesó el homicidio, atribuyéndolo a deudas y homofobia, pero luego se retractó" (en La Tercera).
Sin embargo, ya se intuía que el señor Soza, que tiene 75 años, no podía ser el autor de esos horrendos crímenes. La Tercera de hoy (16 de noviembre) trae una entrevista con Claudio Soza en la que dice que es inocente, que no conoce a María del Pilar Pérez López, que no tenía problemas de deudas con las víctimas ni es ni ha sido homofóbico. E insiste en que Francisco Zamorano vivió doce años en su casa. En muchos diarios se especula que la pareja homosexual fue asesinada por encargo de la Quintrala Pérez, por odio hacia su ex por haberla abandonado por un hombre.
La policía tiene que explicar ahora por qué han inducido a Claudio Soza a firmar una declaración falsa en lugar de hurgar más minuciosamente en el entorno familiar de las víctimas. Si se descubre y demuestra que la Quintrala ordenó ese doble asesinato, la policía tendrá todavía más que explicar, y un motivo adicional para reformar sus procedimientos.
Esta discusión no la tendríamos si su interrogatorio hubiese sido grabado. En las cintas abogados y policías podrían haber comprobado de algún modo cómo llegó el acusado a confesar y por qué no se atendió a sus razones. La policía, además, mintió o simplemente imaginó sin tener base alguna que Soza tenía problemas de dinero con sus inquilinos, lo que el imputado niega y que, de cualquier modo, habría sido posible solucionar analizando el estado de sus cuentas bancarias. Si tuviésemos las cintas del interrogatorio, estas y otras interrogaciones y sospechas podrían ser aclaradas y podríamos determinar qué pertenece más a la imaginación policial que a lo que permitiría una interpretación sana del relato de los hechos por los acusados.
Sea que al final del día abogados y jueces puedan determinar la veracidad de los dichos de los interrogados, sea que con ello se anule la posibilidad de que se pueda torturar a los detenidos para que confiesen o admitan falsamente delitos que no han cometido, los interrogatorios deberían ser filmados en video. Más allá, quizás instalando cámaras de video en dependencias policiales podría reducir la absurda y malsana tendencia a atribuir más importancia a entregar un culpable a la opinión pública que a buscar la verdad. El interrogatorio grabado en video puede ser una importante arma en la lucha por la defensa de los derechos humanos de los detenidos.
[Ilustración de Max Hierro]
[mérici]
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