sadismo convertido en ley 3
18 de noviembre de 2008
[Anthony Lewis] En los últimos tres años, la Corte Suprema ha rechazado la justificación del gobierno de Bush de su programa de detención de los llamados ‘enemigos combatientes’. En 2004, en el caso Rasul v. Bush, una mayoría de seis a tres mantuvo que los prisioneros en Guantánamo podían impugnar la legalidad de su detención interponiendo un recurso de habeas corpus en tribunales federales. En 2006, en el caso Hamdan v. Rumsfeld, una mayoría de cinco a tres mantuvo que los juicios de los prisioneros eran ilegales porque los límites impuestos a los derechos de los acusados violaban el Código Uniforme de Justicia Militar y las Convenciones de Ginebra. Este junio, en el caso Boumediene v. Bush, una mayoría de cinco a cuatro mantuvo que el estatuto parlamentario que impedía las solicitudes de habeas corpus de los detenidos en Guantánamo violaba la garantía constitucional del derecho a habeas corpus.4
Cada una de estas decisiones fueron recibidas con indignación por la derecha política. El senador John McCain, sobreviviente de la tortura en Vietnam del Norte que una vez criticó las prácticas de detención de Bush, dijo sobre el caso Boumediene que era "una de las peores decisiones en la historia del país". Los disidentes de la corte predijeron estridentemente que la decisión dañaría gravemente la seguridad del país.
El juez Antonin Scalia, que tiene talento para atraer a los disidentes alarmistas para atacar las decisiones del tribunal, lo usó decidoramente en Boumediene. Predijo que la decisión acarreará "devastadoras" consecuencias y dijo que al menos "treinta de los prisioneros liberados de Bahía Guantánamo han retornado al campo de batalla". Para la cifra de treinta, el juez Scalia citó un informe disidente de los republicanos en el senado, que se basaba a su vez en una declaración de una portavoz del Pentágono en 2007: "Nuestros informes indican que al menos treinta ex detenidos de Guantánamo han participado en actividades militantes contra la coalición después de salir de centros de detención estadounidenses".
Pero la afirmación de Scalia sobre los treinta que volvieron al campo de batalla ha sido desacreditada de manera substancial por los críticos y por el Pentágono mismo, desde que fuera emitida por primera vez. El profesor Mark Denbeaux, de Seton Hall University, señaló que el ministerio de Defensa mismo mencionó sólo a quince de los presuntos reincidentes, y se dijo que ocho de estos no habían hecho nada más que hablar críticamente sobre la política de detención de Estados Unidos. En un documento entregado al Congreso dos semanas antes de la decisión de Boumediene, el ministerio de Defensa abandona la cifra de treinta. Después de la decisión del abogado de Boston, Sabin Willett, que representó a dos antiguos detenidos mencionados entre los treinta, escribió en The Boston Globe que sus dos clientes no habían hecho más que publicar un artículo en la sección de cartas al director en The New York Times y dar un entrevista. El Pentágono consideraba "hostiles" estos comentarios públicos.
El senador agitó la ensangrentada camisa de los supuestos treinta combatientes que habían retornado. También lo hizo John Yoo, del ministerio de Justicia, que opinaba que el presidente tenía poder absoluto para torturar a los prisioneros. El profesor Yoo (que enseña derecho en la Universidad de California en Berkeley) dijo que la Corte Suprema, en el caso Boumediene abría el camino para que extranjeros "capturados combatiendo contra Estados Unidos" pudieran impugnar su detención. Eso dio una falsa idea -sin duda a propósito- de los detenidos en Guantánamo. La mayoría no fueron "capturados en combate". Muchos de ellos, como hemos visto, fueron entregados por celosos vecinos afganos que querían hacerse con las recompensas estadounidenses. Otros fueron detenidos en lugares remotos, como Zambia. En realidad, los solicitantes en el caso Boumediene incluían a seis argelinos que vivían en Bosnia y que fueron detenidos y entregados por la policía bosnia -a petición de funcionarios estadounidenses.
El juez John Roberts, en su objeción en el caso de Boumediene, dijo que el tribunal había derogado el cuerpo de garantías de procedimiento más generoso otorgado a extranjeros detenidos en este país como enemigos combatientes. Las ramas políticas elaboraron estos procedimientos en medio de un conflicto militar en curso, después de cuidadosas investigaciones y completo debate.
Pero en esta guerra, a diferencia de las anteriores, los hombres hechos prisioneros no tenían acceso a la disposición de la Convención de Ginebra que exige un juicio justo para descubrir si en realidad eran enemigos combatientes. El gobierno de Bush cambió a regañadientes los procedimientos sólo cuando se vio obligado por los acontecimientos: el escándalo de Abu Ghraib y luego sucesivas decisiones de la Corte Suprema.
Un camarógrafo de al-Jazira, Sami al-Haj, se dirigía a Afganistán en 2001 cuando fue detenido por un oficial paquistaní que lo entregó a Estados Unidos. Estuvo seis años en Guantánamo, y no fue interrogado sobre al_Qaeda, sino sobre al-Jazira. (Fue liberado en 2008). Su caso fue uno de muchos donde nunca se tuvo ningún indicio de que un detenido era un ‘enemigo combatiente’.
Abrir los tribunales federales a solicitudes de habeas corpus de parte de los detenidos difícilmente les promete un billete rápido hacia la libertad. Pero marca al menos un paso hacia la rendición de responsabilidades -un foro donde se pueden examinar el tratamiento de un detenido y las variadas razones de su encarcelamiento. Como escribió George Will en una columna en la que atacaba al senador McCain por la ignorancia que delataban sus comentarios sobre el habeas corpus, "la resolución de la Corte Suprema sólo empieza a marcar un límite contra el poder de otro modo ilimitado del gobierno para detener a personas indefinidamente".
Un asombroso ejemplo de la importancia de tener tribunales que controlen las decisiones oficiales de declarar a alguien ‘enemigo combatiente’ es el caso de Huzaifa Parhat, uno de los varios musulmanes uighur de China que están en Guantánamo. Parhat, que según los militares norteamericanos estaba en un campo de adiestramiento uighur en Afganistán en 2001, fue capturado en Pakistán en el otoño de 2001. Una comisión de tres jueces de la Corte de Apelaciones Federal del distrito de Columbia Circuit determinó en junio que no había evidencias convincentes que soportaran la clasificación del gobierno como ‘enemigo combatiente’. La comisión incluía al juez presidente del tribunal, David Sentelle, uno de los jueces federales más conservadores del país. Su opinión ridiculizó el argumento del gobierno, comparándolo con la declaración de un personaje de Lewiss Carroll: "Lo he dicho tres veces: Lo que te digo tres veces, es verdad".
Nota
4 Véase Ronald Dworkin, ‘Why It Was a Great Victory’, The New York Review, 17 de julio de 2008.
Libros reseñados
Tom Lasseter
Guantanamo: Beyond the Law
serie de cinco artículos del autor
en los McClatchy Newspapers, 15–19 de junio de 2008
Jonathan Mahler
The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight over Presidential Power
Farrar, Straus and Giroux,
334 pp.
$26.00
Physicians for Human Rights
Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact
con un prefacio del Mayor General Antonio M. Taguba
130 pp.
disponible en brokenlives.info
6 de noviembre de 2008
©new york review of books
cc traducción mQh
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