buscan justicia en el salvador
24 de noviembre de 2008
[Tracy Wilkinson y Alex Renderos] Ciudad de México y San Salvador. El asesinato hace diecinueve años de seis sacerdotes jesuitas por una unidad del ejército adiestrada por Estados Unidos fue el punto decisivo de la larga guerra civil de El Salvador, una atrocidad tan grave que ayudó a forzar el fin de la guerra.
Pero los soldados y oficiales condenados o implicados en los asesinatos están libres gracias a una polémica ley de amnistía que está recibiendo renovada atención debido a las elecciones aquí y potencialmente un caso histórico en España.
Familiares de los sacerdotes, que fueron asesinados junto con su ama de llaves y su hijita, se han unido a dos organizaciones de derechos humanos y planean hoy presentar una demanda en Madrid contra los generales, coroneles y soldados acusados por los asesinatos.
Los demandantes invocan la doctrina de la jurisdicción universal, que es defendida por los tribunales españoles, que permite que un atroz caso de violación de los derechos humanos sea juzgado en un país incluso si el acto no tomó lugar allá y los acusados no residen allá.
Activistas de derechos humanos en las Américas y Europa dijeron que esperaban que la querella jesuita pueda ser usada para combatir la impunidad y llevar justicia a las familias de las víctimas, agregándose a una procesión de casos en tribunales españoles que han obligado a América Latina a confrontar su violento pasado. Aquí se incluyen demandas contra oficiales guatemaltecos acusados de la masacre de ciudadanos indígenas y figuras en la ‘guerra sucia’ de Argentina contra los disidentes de izquierda.
"Esto tiene una importancia histórica invaluable para El Salvador", dijo David Morales, coordinador de programas en un laboratorio ideológico en San Salvador que se especializa en temas judiciales. "Aquí la víctima ha sido toda la sociedad salvadoreña... Saber la verdad tiene un efecto reconstituyente".
La guerra entre la extrema derecha de El Salvador, el gobierno respaldado por Estados Unidos y las guerrillas de izquierda terminó formalmente en 1992. Una comisión nacional de la verdad, así como varias investigaciones internas establecieron que altos oficiales del ejército les habían ordenado, para luego encubrir, el asesinato de los sacerdotes, a los que los militares acusaban de apoyar a las guerrillas.
Cuatro oficiales y cinco soldados fueron juzgados y condenados por su participación en los homicidios, todos de rangos por debajo de coronel, pero fueron todos dejados en libertad en 1993 por la ley de amnistía. Nadie de la jefatura militar fue procesado nunca.
La querella menciona a los acusados: el general en retiro René Emilio Ponce, el ex ministro de defensa y otros altos oficiales. También menciona a Alfredo Cristiani, el presidente de El Salvador en tiempos de guerra, que está acusado en la querella de complicidad en el encubrimiento, dijo la abogado Almudena Bernabeu del Centro de Justicia y Responsabilidad [Center for Justice and Accountability] de San Francisco, una de las dos organizaciones que representan a los familiares de los sacerdotes.
La otra organización es la Asociación Española de Derechos Humanos. Una vez presentada la demanda, un juez español decidirá si el caso procede.
Carlos Martín-Baro, hermano del sacerdote asesinado Ignacio Martín-Baro, dijo que esperaba que la búsqueda de justicia pueda ayudar a El Salvador a emerger de su actual "trágica y violenta realidad", que muchos creen que es el legado de la guerra y sus divisiones no resueltas. El pequeño país sigue estando terriblemente polarizado y asolado por asesinatos, secuestros y drogas.
"En un determinado momento las leyes de amnistía podrían ser usadas para normalizar la vida civil, pero no permiten que se cierren las heridas", dijo Martín-Baro, 67, profesor de inglés, por teléfono desde Madrid.
En El Salvador, la revocación de la ley de amnistía se ha convertido en un candente tópico en la campaña de las elecciones presidenciales de marzo.
Ponce, el general retirado, dirigió hace dos meses a miles de veteranos del ejército en una marcha de protesta a través de San Salvador para exigir que la ley siga en vigor. Su revocación tendría sabor a "venganza", dijo, "y lejos de contribuir a la reconciliación sólo haría más profunda la polarización política que estamos viviendo en nuestro país".
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FFMLN, la antigua guerrilla que ahora es un partido político, sugiere en su plataforma electoral poner fin a la amnistía.
Pero el candidato presidencial del partido, Mauricio Funes, dijo hace poco a un entrevistador que él no tocaría la ley porque hacerlo así "abriría heridas" y "crearía un clima de ingobernabilidad". Funes va a la cabecera en las encuestas, superando al candidato de Arena, el partido de extrema derecha que ha gobernado desde los últimos años de la guerra.
Un funcionario de Arena, Francisco Antonio Prudencio, condenó el miércoles terminantemente la demanda, diciendo que podría sacar a la luz recuerdos dolorosos de "momentos muy difíciles".
"¿Quieren que nuestro país vuelva a otro conflicto armado?", dijo en una entrevista Prudencio, que preside el comité de derechos humanos del partido en la legislatura.
La mayoría de los casos que han invocado la jurisdicción universal no han terminado en condena. Sin embargo, sus partidarios dicen que cada caso es otro ladrillo de una base jurídica siempre mayor que persigue a los sospechosos de la comisión de algún delito donde quiera que vivan.
"No creo que sea ingenuo si digo que hay una mayor conciencia de que violadores de derechos humanos de alto nivel no deberían poder moverse de un país a otro para buscar refugio en el mundo", dijo desde Madrid Pamela Merchant, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Responsabilidad.
13 de noviembre de 2008
©los angeles times 
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