paramilitares impunes
[Juan Forero] Nueva ley colombiana hace concesiones a paramilitares. Indignación en Colombia.
Bogotá, Colombia. El congreso colombiano aprobó un ley que regula el desarme de los escuadrones de la muerte del país, que permite la desmovilización de miles de combatientes, pero otorga generosas concesiones a los cabecillas paramilitares acusados de atrocidades y tráfico de cocaína.
La Ley Justicia y Paz, un apuntalamiento del objetivo del presidente Álvaro Uribe para pacificar Colombia, fue anunciado por funcionarios de gobierno como una manera de sentar las bases para el desmantelamiento de tres grupos armados ilegales que pelean en Colombia. "Estamos orgullosos de este instrumento", dijo Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz del país.
Pero líderes del congreso dicen que a cambio del desarme de hasta 20.000 combatientes, los cabecillas paramilitares se verán libres de castigos significativos ni serán extraditados a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. La ley, aprobada por el congreso el martes y por varios comités de las dos cámaras el miércoles, será convertida en ley por Uribe dentro de unos días.
"Esta es una ley que no trae justicia ni paz", dijo el senador Jimmy Chamorro. "Debería ser llamada como lo que es: una ley de impunidad y de inmunidad ".
Washington tiene una lista de 18 cabecillas paramilitares como entre los principales barones de la cocaína de Colombia y funcionarios anti-narcóticos norteamericanos dicen que el grupo paramilitar, la Fuerzas Unidas de Autodefensa, es responsable del traficar la mayor parte de la cocaína que llega a las ciudades estadounidenses. El grupo, fundado por hacendados y traficantes de drogas para combatir contra los rebeldes marxistas, también aparece en una lista negra del ministerio de Relaciones Exteriores como organización terrorista acusada de asesinar a políticos y miles de campesinos.
"Eso favorece a gente que ha cometido los crímenes más atroces, y no nos da nada a cambio", dijo Gina Parody, una importante congresista y aliada de Uribe, que habría propuesto sin embargo una ley mucho más severa. "El mensaje que estamos enviando a la sociedad colombiana es que el crimen paga".
La ley destaca la naturaleza contradictoria de la política norteamericana en Colombia, que ha recibido desde 2000 más de 3 billones de dólares en gran parte en ayuda militar para destruir las plantaciones de coca y debilitar a las guerrillas.
La ley protege a los cabecillas paramilitares de ser extraditados por cargos de drogas a cambio de que confiesen el tráfico, garantizándoles que no serán juzgados dos veces. También clasifica el paramilitarismo' y otros crímenes como delitos políticos, que bajo la constitución impedirá que los cabecillas sean extraditados por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El gobierno de Bush y su representante en Colombia, el embajador William Wood, han apoyado firmemente la ley y Uribe, que ha hecho del desarme de los paramilitares una piedra angular de su campaña para ganar las re-elecciones.
Pero algunos influyentes miembros del congreso norteamericano han expresado urgentes advertencias.
"Queremos que los grupos armados sean desmovilizados, pero esta ley recompensa a algunos de los peores terroristas y traficantes de drogas de Colombia sin ninguna seguridad de que sus organizaciones criminales sean desmanteladas", dijo el senador Patrick J. Leahy, un demócrata de Vermont que es el miembro más importante del subcomité de operaciones exteriores y trabaja en el área de las relaciones con Colombia.
En una carta dirigida a Uribe el mes pasado, el senador Richard G. Lugar, el republicano que es presidente del Comité de Relaciones Exteriores, dijo que estaba preocupado de que la ley "deje intactas las complejas estructuras delictivas" al no exigir que los cabecillas revelen lo que saben de las operaciones de la organización o de su financiamiento.
La ley contrasta agudamente con otros países sudamericanos que están ahora ocupándose de las violaciones a los derechos humanos en la secuela de conflictos civiles.
La semana pasada, la Corte Suprema de Argentina resolvió que las leyes de hace 19 años que garantizaban las leyes de amnistía de los militares por su participación en la guerra sucia, fueron declaradas inconstitucionales. En Chile, cientos de ex oficiales militares han sido acusados de crímenes cometidos durante el gobierno del general Augusto Pinochet.
Aquím el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia, Michael Frühling, así como grupos de derechos humanos y miembros del congreso colombiano, dijo que Uribe había aceptado un precio demasiado alto por el desarme después de un año de negociaciones oficiales en un área segura de 367 metros cuadrados donde los cabecillas paramilitares podían moverse libremente. Los detractores dicen que la ley hará poco por compensar a la víctimas, recuperar tierras bajo control paramilitar o revelar la verdad sobre sus atrocidades.
"Si no aclaras lo que pasó y revelas las organizaciones ilegales que existen, no sólo no tienes justicia ni ofreces reparaciones a las víctimas, sino también no tienes los elementos para desmantelar esas organizaciones criminales", dijo Frühling.
La mayor preocupación de Washington es que los comandantes que son en realidad traficantes de drogas siguen traficando en cocaína. Estados Unidos ha emitido órdenes de extradición de al menos seis comandantes, incluyendo al más poderoso de los cabecillas, Diego Fernando Murillo, un antiguo asesino a sueldo de la mafia que es buscado por los fiscales federales de Nueva York.
"Están muy involucrados en actividades de tráfico de drogas", dijo un funcionario de anti-narcóticos norteamericano. "Si me preguntas si hemos advertido una reducción del tráfico de drogas de parte de la misma gente que estuvo sentada a la mesa de negociaciones, la respuesta es No".
El gobierno dice que con las negociaciones se han salvado cientos de vidas; desde fines de 2003 se han desarmado cerca de 5.200 paramilitares.
Pero bajo la ley, los cabecillas no tienen que garantizar que todos sus combatientes sean desmovilizados, ni que esos combatientes respeten la tregua. Los detractores dicen también que la ley no exige una confesión completa y honesta de los cabecillas a cambio de sentencias reducidas.
Los cabecillas pueden, en teoría, ser acusados de delitos, pero las investigaciones son limitadas y el castigo, leve -tan poco como 22 meses y posiblemente en granjas, no en cárceles.
"Esta ley trata de simular verdad, justicia y reparaciones, pero lo que en realidad ofrece es impunidad", dijo Iván Cepeda, cuyo padre, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado por pistoleros paramilitares en 1994.
Entre los indignados familiares de las víctimas está Leonel Sánchez, cuyo hijo Jairo Hernando Sánchez, 29, fue secuestrado y asesinado por los paramilitares en 2003.
"Es grave que esta ley los proteja de crímenes de guerra, crímenes donde mataron a tanta gente pobre", dijo Sánchez, 57.
Monica Trujillo contribuyó al reportaje de este artículo.
10 de julio de 2005
23 de junio de 2005
new york times
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. El congreso colombiano aprobó un ley que regula el desarme de los escuadrones de la muerte del país, que permite la desmovilización de miles de combatientes, pero otorga generosas concesiones a los cabecillas paramilitares acusados de atrocidades y tráfico de cocaína.La Ley Justicia y Paz, un apuntalamiento del objetivo del presidente Álvaro Uribe para pacificar Colombia, fue anunciado por funcionarios de gobierno como una manera de sentar las bases para el desmantelamiento de tres grupos armados ilegales que pelean en Colombia. "Estamos orgullosos de este instrumento", dijo Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz del país.
Pero líderes del congreso dicen que a cambio del desarme de hasta 20.000 combatientes, los cabecillas paramilitares se verán libres de castigos significativos ni serán extraditados a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. La ley, aprobada por el congreso el martes y por varios comités de las dos cámaras el miércoles, será convertida en ley por Uribe dentro de unos días.
"Esta es una ley que no trae justicia ni paz", dijo el senador Jimmy Chamorro. "Debería ser llamada como lo que es: una ley de impunidad y de inmunidad ".
Washington tiene una lista de 18 cabecillas paramilitares como entre los principales barones de la cocaína de Colombia y funcionarios anti-narcóticos norteamericanos dicen que el grupo paramilitar, la Fuerzas Unidas de Autodefensa, es responsable del traficar la mayor parte de la cocaína que llega a las ciudades estadounidenses. El grupo, fundado por hacendados y traficantes de drogas para combatir contra los rebeldes marxistas, también aparece en una lista negra del ministerio de Relaciones Exteriores como organización terrorista acusada de asesinar a políticos y miles de campesinos.
"Eso favorece a gente que ha cometido los crímenes más atroces, y no nos da nada a cambio", dijo Gina Parody, una importante congresista y aliada de Uribe, que habría propuesto sin embargo una ley mucho más severa. "El mensaje que estamos enviando a la sociedad colombiana es que el crimen paga".
La ley destaca la naturaleza contradictoria de la política norteamericana en Colombia, que ha recibido desde 2000 más de 3 billones de dólares en gran parte en ayuda militar para destruir las plantaciones de coca y debilitar a las guerrillas.
La ley protege a los cabecillas paramilitares de ser extraditados por cargos de drogas a cambio de que confiesen el tráfico, garantizándoles que no serán juzgados dos veces. También clasifica el paramilitarismo' y otros crímenes como delitos políticos, que bajo la constitución impedirá que los cabecillas sean extraditados por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El gobierno de Bush y su representante en Colombia, el embajador William Wood, han apoyado firmemente la ley y Uribe, que ha hecho del desarme de los paramilitares una piedra angular de su campaña para ganar las re-elecciones.
Pero algunos influyentes miembros del congreso norteamericano han expresado urgentes advertencias.
"Queremos que los grupos armados sean desmovilizados, pero esta ley recompensa a algunos de los peores terroristas y traficantes de drogas de Colombia sin ninguna seguridad de que sus organizaciones criminales sean desmanteladas", dijo el senador Patrick J. Leahy, un demócrata de Vermont que es el miembro más importante del subcomité de operaciones exteriores y trabaja en el área de las relaciones con Colombia.
En una carta dirigida a Uribe el mes pasado, el senador Richard G. Lugar, el republicano que es presidente del Comité de Relaciones Exteriores, dijo que estaba preocupado de que la ley "deje intactas las complejas estructuras delictivas" al no exigir que los cabecillas revelen lo que saben de las operaciones de la organización o de su financiamiento.
La ley contrasta agudamente con otros países sudamericanos que están ahora ocupándose de las violaciones a los derechos humanos en la secuela de conflictos civiles.
La semana pasada, la Corte Suprema de Argentina resolvió que las leyes de hace 19 años que garantizaban las leyes de amnistía de los militares por su participación en la guerra sucia, fueron declaradas inconstitucionales. En Chile, cientos de ex oficiales militares han sido acusados de crímenes cometidos durante el gobierno del general Augusto Pinochet.
Aquím el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia, Michael Frühling, así como grupos de derechos humanos y miembros del congreso colombiano, dijo que Uribe había aceptado un precio demasiado alto por el desarme después de un año de negociaciones oficiales en un área segura de 367 metros cuadrados donde los cabecillas paramilitares podían moverse libremente. Los detractores dicen que la ley hará poco por compensar a la víctimas, recuperar tierras bajo control paramilitar o revelar la verdad sobre sus atrocidades.
"Si no aclaras lo que pasó y revelas las organizaciones ilegales que existen, no sólo no tienes justicia ni ofreces reparaciones a las víctimas, sino también no tienes los elementos para desmantelar esas organizaciones criminales", dijo Frühling.
La mayor preocupación de Washington es que los comandantes que son en realidad traficantes de drogas siguen traficando en cocaína. Estados Unidos ha emitido órdenes de extradición de al menos seis comandantes, incluyendo al más poderoso de los cabecillas, Diego Fernando Murillo, un antiguo asesino a sueldo de la mafia que es buscado por los fiscales federales de Nueva York.
"Están muy involucrados en actividades de tráfico de drogas", dijo un funcionario de anti-narcóticos norteamericano. "Si me preguntas si hemos advertido una reducción del tráfico de drogas de parte de la misma gente que estuvo sentada a la mesa de negociaciones, la respuesta es No".
El gobierno dice que con las negociaciones se han salvado cientos de vidas; desde fines de 2003 se han desarmado cerca de 5.200 paramilitares.
Pero bajo la ley, los cabecillas no tienen que garantizar que todos sus combatientes sean desmovilizados, ni que esos combatientes respeten la tregua. Los detractores dicen también que la ley no exige una confesión completa y honesta de los cabecillas a cambio de sentencias reducidas.
Los cabecillas pueden, en teoría, ser acusados de delitos, pero las investigaciones son limitadas y el castigo, leve -tan poco como 22 meses y posiblemente en granjas, no en cárceles.
"Esta ley trata de simular verdad, justicia y reparaciones, pero lo que en realidad ofrece es impunidad", dijo Iván Cepeda, cuyo padre, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado por pistoleros paramilitares en 1994.
Entre los indignados familiares de las víctimas está Leonel Sánchez, cuyo hijo Jairo Hernando Sánchez, 29, fue secuestrado y asesinado por los paramilitares en 2003.
"Es grave que esta ley los proteja de crímenes de guerra, crímenes donde mataron a tanta gente pobre", dijo Sánchez, 57.
Monica Trujillo contribuyó al reportaje de este artículo.
10 de julio de 2005
23 de junio de 2005
new york times
©traducción mQh
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