probable nueva política de inmigración
27 de diciembre de 2008
Si se confirma el equipo de Obama, el país tendrá una ministro de Seguridad Interior, Janet Napolitano, de Arizona, y un ministro de Comercio, Bill Richardson, de Nuevo México, que conocen la región fronteriza y comparten un bien documentado desdén por las políticas de implementación de políticas de inmigración impropias e insensatas, como la valla fronteriza del gobierno de Bush. Y tendrá una ministro del Trabajo, Hilda Solís, de California, que, como senadora del estado y congresista, goza de toda una reputación como una incondicional defensora de los inmigrantes y de los trabajadores.
La confluencia de inmigrantes y el trabajo es exactamente lo que este país -particular y desastrosamente el gobierno de Bush- no ha sido capaz de lograr.
En términos simples, lo que Solís y Obama parecen saber instintivamente es esto: Si defiendes los derechos de los trabajadores, incluso de los que trabajan aquí ilegalmente, entonces defiendes los derechos de todos los trabajadores estadounidenses. Si ignoras y reduces los derechos de los inmigrantes ilegales, estimulas la explotación que erosiona las condiciones laborales y la seguridad laboral en todas partes. En tiempos de penuria económica, la estabilidad y dignidad de la fuerza laboral es vital.
Es por esto que es tan importante revertir las tácticas de inmigración del gobierno de Bush, que durante años han abordado el problema al revés y hacia atrás. Para aplacar a los nativistas republicanos, no escatimó escasos recursos para la persecución y castigo de los inmigrantes ilegales. Su campaña de allanamientos, detenciones y la valla fronteriza fue un error moral. Entre otras cosas, aterrorizaba y separaba a las familias y condujo a algunas espantosas muertes en cárceles improvisadas. Hacía mofa de la tradición americana de hospitalidad y asimilación de los trabajadores inmigrantes.
Pero también fue un error estratégico porque hizo poco o nada para frenar la marea ilegal, creando al mismo tiempos las condiciones mismas en las que puede prosperar la economía ilegal. Los trabajadores inmigrantes ilegales no pueden formar sindicatos. Y sin una ruta hacia la legalización y bajo la amenaza de un implacable régimen policial, no pueden reclamar por sus derechos.
Es un sistema que los dueños de negocios e industrias más sucios y canallas -como el infernal matadero de Postville, Iowa, que funcionaba con inmigrantes menores de edad- no podrían haber ideado mejor. Durante todo el período, la respuesta del gobierno de Bush a las críticas fue más policías.
Solís, cuyo padre llegó a Estados Unidos desde México y fue dirigente sindical de los camioneros, y cuya madre, de Nicaragua, trabajó en una cadena de montaje, promete un claro rompimiento con ese pasado. Vive en El Monte, un suburbio de Los Angeles donde en los últimos años conocimos dos impresionantes historias de inmigrantes y trabajo.
La primera fue trágica: el infame allanamiento de 1995 de un taller clandestino donde trabajadores tailandeses eran mantenidos en condiciones de esclavitud detrás de una valla de alambres de púa. La segunda es menos conocida, pero de lejos más alentadora: un espacio de contratación para los jornaleros junto a un estacionamiento de Home Depot. Los latinos que se reúnen en ese espacio seguro y bien administrado tienen asegurado un salario informal mínimo y se protegen unos a otros contra patrones abusadores y ladrones. Es bueno para la tienda, para sus clientes y sus trabajadores.
Solís es una defensora de esos espacios y se ha opuesto a proyectos en otras ciudades para dictar ordenanzas con el fin de dispersar a los jornaleros y obligarlos a vivir en la clandestinidad. Cree que si los jornaleros terminan en nuestros suburbios, es mejor brindarles lugares seguros para reunirse antes que permitir la existencia de un bazar de trabajo sin control que reduce los salarios y empeora las condiciones laborales.
Eso es sabiduría local que merece ser incorporada al gobierno federal.
©new york times
cc traducción mQh
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