trabas en inmigración dañan economía
[Nicole Gaouette] Reprimir a empleadores podría provocar estragos en la agricultura, la salud y otras industrias, reconoce Chertoff.
Washington, Estados Unidos. El ministro de Seguridad Interior, Michael Chertoff, predijo dolorosas secuelas económicas debido a la cantidad medidas de control de la inmigración que reveló el gobierno el viernes en un intento de suprimir los ‘imanes laborales' que atraen a los inmigrantes ilegales.
Los cambios, que traerán consigo un aumento de los controles en los lugares de trabajo, más agentes fronterizos y penas más severas para los empleadores parias, podrían causar estragos en industrias que dependen de los inmigrantes, como la agricultura, hostelería y salud, reconoció Chertoff. "Habrá algunas consecuencias negativas para la economía", dijo en una entrevista con Times.
Chertoff dijo que no sentía simpatía por las empresas que contratan a trabajadores ilegales, diciendo que deberían haber anticipado las duras medida que se implementarán después de que el Senado rechazara la reforma de la inmigración. "Hemos sido muy claros en cuanto a las consecuencias", dijo.
El anuncio de una iniciativa intergubernamental -presentada por Chertoff y el secretario de Comercio, Carlos M. Gutiérrez- fue la primera y extensa explicación del gobierno de Bush sobre cómo piensa reforzar la lucha contra la inmigración ilegal. En una declaración, el presidente Bush calificó las medidas de "importante y prometió "dar todos los pasos posibles" para reforzar el "resquebrajado sistema de inmigración" del país.
La política represiva busca en parte aplacar a los conservadores republicanos que están enfadados con el fracaso del gobierno en cuanto a implementar la leyes de inmigración existentes y el apoyo del presidente a un plan que permitiría que los inmigrantes ilegales puedan convertirse en ciudadanos.
Pero también podría crear una clima político que podría conducir a los cambios comprehensivos que el gobierno ha estado buscando, incluyendo un programa de trabajadores invitados y algún acomodo con los alrededor de doce millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Chertoff dijo que las disposiciones, algunas de las cuales entran en vigor en treinta días, podrían empujar al mundo empresarial norteamericano a ejercer más presión sobre el Congreso para que reconsidere amplias reformas.
"No soy legislador, pero supongo que, en algún momento, alguien va a echar una mirada y decir: ‘Tenemos que encontrar una manera de solucionar el problema', y eso probablemente va a exigir algunos cambios jurídicos", dijo. Pero enfatizó que "esto no es un intento de castigar al Congreso".
Gutiérrez resumió el problema de manera más rotunda: "No tenemos los trabajadores que necesita el país para seguir creciendo todos los años. La demografía simplemente no está de nuestro lado. Finalmente, el Congreso deberá aprobar una reforma comprehensiva de la inmigración".
Grupos empresariales, sindicatos, activistas de la inmigración y organizaciones religiosas han protestando contra las disposiciones. Pero opositores de toda la vida contra la reforma, acogieron contentos las noticias.
"Esto es exactamente lo que el pueblo americano estaba diciendo... cuando estaban diciendo: ‘¿Por qué no empezamos implementando las leyes existentes y demostrando que Washington hace lo que tiene que hacer?'", dijo el representante Brian P. Bilbary (republicano de Solano Beach). "Una vez que restablezcamos la confianza en el gobierno, podemos volver a retomar ese tema".
Bilbray dijo que poner fin a la dependencia económica de inmigrantes ilegales del país era como tratar de evitar que un drogadicto se drogue. "Si ahora tenemos problemas, no es porque no tenemos amnistía. Es porque no implementamos la ley hace veinte años, cuando debimos hacerlo", dijo.
Otros se mostraron escépticos sobre la capacidad del ministerio de Seguridad Interior para implementar las medidas, señalando que el departamento ni siquiera sabe cuántos inmigrantes altamente calificados hay en el país. "El ministerio que no sabe contar tiene que ocuparse de la implementación", dijo la representante Zoe Lofgren (demócrata de San José), presidente del subcomité sobre inmigración de la Cámara. "Veremos cómo lo hacen".
Grupos empresariales predijeron que el efecto se sentiría ampliamente.
"Será horrible; la cosecha va a ser terrible", dijo Laura Foote Reiff, co-presidente del Grupo de Inmigración Profesional, pronosticando un efecto en agricultura, donde más de la mitad de sus 2.5 millones de trabajadores se cree que son ilegales. "La gente lo sentirá cuando vaya a la tienda y lean en el diario que estamos importando carne desde China".
Muchas de las medidas que el gobierno explicó el viernes, ya están en camino, incluyendo un fuerte aumento de los procesos penales contra empleadores que contraten a ilegales. Funcionarios de inmigración han realizado 742 detenciones en los primeros diez meses de este año fiscal.
Algunas medidas están en la fase de planificación. Un par de ellas serán lanzadas en algunos meses, incluyendo el requisito de que los contratistas federales usen E-Verify, un sistema electrónico que corrobora si sus empleados son legales.
Otras medidas han estado siendo consideradas durante algún tiempo, incluyendo una para obligar a las empresas a despedir a trabajadores con discrepancias en sus datos de la seguridad social o deban pagar multas. Debido a que muchos inmigrantes ilegales trabajan con números falsos de la Seguridad Social o usan los de ciudadanos, se considera que es relativamente fácil identificarlos. Pero la disposición que entrará en vigor en treinta días tiene a las compañías intensamente preocupadas, en parte porque la tasa de error de los datos de la Seguridad Social para ciudadanos estadounidenses se calcula hasta en un once por ciento.
"Estamos dando una opción clara a la gente", dijo Chertoff. "Si tomas las medidas que hemos expuesto, llegarás a un puerto seguro. Si no, corres riesgos".
Dijo que el efecto de las normas de la Seguridad Social en la mayoría de las empresas sería como el de una "tormenta".
"Habrá un maremoto cuando tenga una empresa de la que sospeche que el ochenta por ciento de mis empleados son ilegales", dijo Chertoff. "Pero si tengo confianza en que mi fuerza laboral es legal, habrá tormenta. Expondrá prácticas y tendencias de algunos, que pueden ser ilegales".
Chertoff hizo caso omiso de los temores de que la norma empuje a las empresas a contrataciones ilegales. "Un empleador que hace eso, está tomando una decisión deliberada de agravar sus dificultades legales cometiendo delitos fiscales, y delitos de inmigración", dijo.
Funcionarios de gobierno empezaron a reunirse en junio para tratar estas medidas, inmediatamente después de que el Senado rechazara la reforma de las leyes inmigratorias del país. La Casa Blanca presidió sesiones que incluyeron a los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Comercio, Seguridad Interior y Educación. Funcionarios de Hacienda y de la Superintendencia de la Seguridad Social también participaron en las sesiones.
Chertoff dijo que el gobierno pospuso la implementación de estas medidas con la esperanza de que una revisión legislativa proporcionara un arsenal más potente. "A fines del año pasado revisamos estas medidas y pensamos que en realidad eran medidas a medias. Pensamos que sería mejor tener las medidas completas y más fuertes, nuevas herramientas que el Congreso podría aprobar para nosotros", dijo.
Mientras que con las nuevas medidas se aumentará el personal del ministerio de Seguridad Interior, Chertoff dijo que no tendría agentes suficientes para perseguir a todos los empleadores que quebrantan la ley. En realidad, dijo que la implementación, de gran impacto y visibilidad, actuaría como disuasivo.
Chertoff sugirió que una vez que las disposiciones hayan estado en vigor durante un tiempo, el Congreso vería la inmigración de modo diferente.
"Todos los que criticaron la reforma comprehensiva de la inmigración por ser demasiado compleja, ahora quizás se den cuenta de que es compleja porque hay un montón de piezas interconectadas y que cuando tratas de solucionar sólo una parte, terminas causando resultados negativos en otras partes del problema", dijo.
"Me gustaría creer que el Congreso es capaz de hacer cosas importantes y no limitarse a soluciones de pegatinas en el parachoques. Todavía no me he rendido".
Los cambios, que traerán consigo un aumento de los controles en los lugares de trabajo, más agentes fronterizos y penas más severas para los empleadores parias, podrían causar estragos en industrias que dependen de los inmigrantes, como la agricultura, hostelería y salud, reconoció Chertoff. "Habrá algunas consecuencias negativas para la economía", dijo en una entrevista con Times.
Chertoff dijo que no sentía simpatía por las empresas que contratan a trabajadores ilegales, diciendo que deberían haber anticipado las duras medida que se implementarán después de que el Senado rechazara la reforma de la inmigración. "Hemos sido muy claros en cuanto a las consecuencias", dijo.
El anuncio de una iniciativa intergubernamental -presentada por Chertoff y el secretario de Comercio, Carlos M. Gutiérrez- fue la primera y extensa explicación del gobierno de Bush sobre cómo piensa reforzar la lucha contra la inmigración ilegal. En una declaración, el presidente Bush calificó las medidas de "importante y prometió "dar todos los pasos posibles" para reforzar el "resquebrajado sistema de inmigración" del país.
La política represiva busca en parte aplacar a los conservadores republicanos que están enfadados con el fracaso del gobierno en cuanto a implementar la leyes de inmigración existentes y el apoyo del presidente a un plan que permitiría que los inmigrantes ilegales puedan convertirse en ciudadanos.
Pero también podría crear una clima político que podría conducir a los cambios comprehensivos que el gobierno ha estado buscando, incluyendo un programa de trabajadores invitados y algún acomodo con los alrededor de doce millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Chertoff dijo que las disposiciones, algunas de las cuales entran en vigor en treinta días, podrían empujar al mundo empresarial norteamericano a ejercer más presión sobre el Congreso para que reconsidere amplias reformas.
"No soy legislador, pero supongo que, en algún momento, alguien va a echar una mirada y decir: ‘Tenemos que encontrar una manera de solucionar el problema', y eso probablemente va a exigir algunos cambios jurídicos", dijo. Pero enfatizó que "esto no es un intento de castigar al Congreso".
Gutiérrez resumió el problema de manera más rotunda: "No tenemos los trabajadores que necesita el país para seguir creciendo todos los años. La demografía simplemente no está de nuestro lado. Finalmente, el Congreso deberá aprobar una reforma comprehensiva de la inmigración".
Grupos empresariales, sindicatos, activistas de la inmigración y organizaciones religiosas han protestando contra las disposiciones. Pero opositores de toda la vida contra la reforma, acogieron contentos las noticias.
"Esto es exactamente lo que el pueblo americano estaba diciendo... cuando estaban diciendo: ‘¿Por qué no empezamos implementando las leyes existentes y demostrando que Washington hace lo que tiene que hacer?'", dijo el representante Brian P. Bilbary (republicano de Solano Beach). "Una vez que restablezcamos la confianza en el gobierno, podemos volver a retomar ese tema".
Bilbray dijo que poner fin a la dependencia económica de inmigrantes ilegales del país era como tratar de evitar que un drogadicto se drogue. "Si ahora tenemos problemas, no es porque no tenemos amnistía. Es porque no implementamos la ley hace veinte años, cuando debimos hacerlo", dijo.
Otros se mostraron escépticos sobre la capacidad del ministerio de Seguridad Interior para implementar las medidas, señalando que el departamento ni siquiera sabe cuántos inmigrantes altamente calificados hay en el país. "El ministerio que no sabe contar tiene que ocuparse de la implementación", dijo la representante Zoe Lofgren (demócrata de San José), presidente del subcomité sobre inmigración de la Cámara. "Veremos cómo lo hacen".
Grupos empresariales predijeron que el efecto se sentiría ampliamente.
"Será horrible; la cosecha va a ser terrible", dijo Laura Foote Reiff, co-presidente del Grupo de Inmigración Profesional, pronosticando un efecto en agricultura, donde más de la mitad de sus 2.5 millones de trabajadores se cree que son ilegales. "La gente lo sentirá cuando vaya a la tienda y lean en el diario que estamos importando carne desde China".
Muchas de las medidas que el gobierno explicó el viernes, ya están en camino, incluyendo un fuerte aumento de los procesos penales contra empleadores que contraten a ilegales. Funcionarios de inmigración han realizado 742 detenciones en los primeros diez meses de este año fiscal.
Algunas medidas están en la fase de planificación. Un par de ellas serán lanzadas en algunos meses, incluyendo el requisito de que los contratistas federales usen E-Verify, un sistema electrónico que corrobora si sus empleados son legales.
Otras medidas han estado siendo consideradas durante algún tiempo, incluyendo una para obligar a las empresas a despedir a trabajadores con discrepancias en sus datos de la seguridad social o deban pagar multas. Debido a que muchos inmigrantes ilegales trabajan con números falsos de la Seguridad Social o usan los de ciudadanos, se considera que es relativamente fácil identificarlos. Pero la disposición que entrará en vigor en treinta días tiene a las compañías intensamente preocupadas, en parte porque la tasa de error de los datos de la Seguridad Social para ciudadanos estadounidenses se calcula hasta en un once por ciento.
"Estamos dando una opción clara a la gente", dijo Chertoff. "Si tomas las medidas que hemos expuesto, llegarás a un puerto seguro. Si no, corres riesgos".
Dijo que el efecto de las normas de la Seguridad Social en la mayoría de las empresas sería como el de una "tormenta".
"Habrá un maremoto cuando tenga una empresa de la que sospeche que el ochenta por ciento de mis empleados son ilegales", dijo Chertoff. "Pero si tengo confianza en que mi fuerza laboral es legal, habrá tormenta. Expondrá prácticas y tendencias de algunos, que pueden ser ilegales".
Chertoff hizo caso omiso de los temores de que la norma empuje a las empresas a contrataciones ilegales. "Un empleador que hace eso, está tomando una decisión deliberada de agravar sus dificultades legales cometiendo delitos fiscales, y delitos de inmigración", dijo.
Funcionarios de gobierno empezaron a reunirse en junio para tratar estas medidas, inmediatamente después de que el Senado rechazara la reforma de las leyes inmigratorias del país. La Casa Blanca presidió sesiones que incluyeron a los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Comercio, Seguridad Interior y Educación. Funcionarios de Hacienda y de la Superintendencia de la Seguridad Social también participaron en las sesiones.
Chertoff dijo que el gobierno pospuso la implementación de estas medidas con la esperanza de que una revisión legislativa proporcionara un arsenal más potente. "A fines del año pasado revisamos estas medidas y pensamos que en realidad eran medidas a medias. Pensamos que sería mejor tener las medidas completas y más fuertes, nuevas herramientas que el Congreso podría aprobar para nosotros", dijo.
Mientras que con las nuevas medidas se aumentará el personal del ministerio de Seguridad Interior, Chertoff dijo que no tendría agentes suficientes para perseguir a todos los empleadores que quebrantan la ley. En realidad, dijo que la implementación, de gran impacto y visibilidad, actuaría como disuasivo.
Chertoff sugirió que una vez que las disposiciones hayan estado en vigor durante un tiempo, el Congreso vería la inmigración de modo diferente.
"Todos los que criticaron la reforma comprehensiva de la inmigración por ser demasiado compleja, ahora quizás se den cuenta de que es compleja porque hay un montón de piezas interconectadas y que cuando tratas de solucionar sólo una parte, terminas causando resultados negativos en otras partes del problema", dijo.
"Me gustaría creer que el Congreso es capaz de hacer cosas importantes y no limitarse a soluciones de pegatinas en el parachoques. Todavía no me he rendido".
nicole.gaouette@latimes.com
12 de agosto de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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