rumsfeld ordenó torturar
30 de diciembre de 2008
[Joby Warrick y Karen DeYoung] Washington, Estados Unidos. Una comisión de senadores demócratas y republicanos concluyó que el ex ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld, y otros altos funcionarios del gobierno de Bush son responsables directos del duro tratamiento acordado a los detenidos en Bahía Guantánamo, y que sus decisiones condujeron a abusos más graves en Iraq y otros países.
En la crítica más comprehensiva de parte del Congreso contra las prácticas de interrogatorio militares, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado emitió ayer un informe que acusa a Rumsfeld y sus delegados de ser los autores y principales promotores de la aplicación de severas técnicas de interrogatorio que deshonraron al país y minaron la seguridad de Estados Unidos. El informe, dado a conocer por los senadores Carl M. Levin (demócrata de Michigan) y John McCain (republicano de Arizona) afirma que funcionarios del Pentágono trataron de crear una falsa impresión de que esas decisiones no estaban relacionadas con actos de maltrato contra detenidos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
"Los maltratos a detenidos bajo custodia estadounidense simplemente no pueden ser atribuidos a las acciones de ‘algunas manzanas podridas’ que actuaban por cuenta propia", afirma el informe. "El hecho es que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos solicitaron información sobre cómo utilizar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de que lo que hacían era legal y autorizaron su uso contra los detenidos".
El informe es la refutación más directa hasta la fecha de los motivos del gobierno para el uso de técnicas de interrogación abusivas: que infligir humillación y dolor a los detenidos era legal y efectivo y que ayudaba a proteger al país. La comisión de veinticinco miembros, sin oposición de ninguno de los doce senadores republicanos, declaró que eso era contrario a la verdad.
Las políticas del gobierno y las resultantes controversias, concluyó la comisión, "dañaron nuestra capacidad de recoger datos de inteligencia precisos que pudieron haber salvado vidas, fortalecido al país contra nuestros enemigos, y puesto en entredicho nuestra autoridad moral".
La comisión se basó en testimonios parlamentarios y documentos oficiales, muchos de los cuales fueron previamente liberados durante una pesquisa de dos años. Aunque muchas de las acciones en discusión eran conocidas, el informe representa el intento más significativo del Congreso de evaluar una de las polémicas definitorias de la presidencia de Bush.
"Esas políticas eran erróneas, y no debemos repetirlas nunca", dijo McCain en una declaración.
Rumsfeld, que fue ministro de Defensa entre 2001 y 2006, rechazó las conclusiones del informe y dijo que fue el comité, particularmente el senador Levin, el que había mancillado la imagen del país.
"Es lamentable que el senador Levin haya decidido utilizar el tiempo del comité y los dólares de los contribuyentes para hacer acusaciones infundadas contra los que han servido a nuestro país", dijo Keith Urbahn, asesor de Rumsfeld. Acusó a Levin de defender una "interpretación falsa" motivada políticamente que es "indiferente a los hechos".
Un portavoz del ministerio de Defensa observó que el Pentágono cooperó extensamente con la investigación del Senado y que en los últimos años había tomado numerosas decisiones para cerciorarse de que los detenidos fueran tratados humanamente. Esas medidas incluyeron una revisión del manual de campo del ejército, que define las reglas de los interrogatorios.
"Tomamos en serio y examinamos meticulosamente todas las denuncias creíbles de abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas", dijo el portavoz, Bryan Whitman. "Cuando es el caso, los transgresores son castigados".
La Casa Blanca declinó hacer comentarios.
La investigación de la comisión se concentró en el uso por parte del ministerio de Defensa de prácticas de interrogatorio controvertidas, como el hecho de desnudar a los detenidos, obligarlos a adoptar posiciones estresantes, privarlos del sueño, someterlos a temperaturas extremas y amenazarlos con perros. Las prácticas, algunas de las cuales ya habían sido adoptadas por la CIA en sus cárceles secretas, fueron adaptadas para los interrogatorios en el centro de detención de Bahía Guantánamo, Cuba, y más tarde trasladadas a campos de detención estadounidenses en Afganistán e Iraq, incluyendo la infame cárcel de Abu Ghraib.
El informe completo fue aprobado unánimemente por el comité a fines del mes pasado y enviado al Congreso sin opiniones disidentes, dijo Levin en una entrevista. Aunque gran parte de la información ya era pública, el informe incluye referencias a memoranda todavía clasificados, entre ellos un informe del 1 de agosto de 2002 dirigido a la CIA por el entonces fiscal general auxiliar Jay S. Bybee, que encabezaba la Oficina de Asesoría Legal del ministerio de Justicia, evaluando la legalidad de técnicas de interrogatorio específicas, tales como el submarino o asfixia por inmersión.
Levin reconoció que la mayoría de los altos funcionarios mencionados en el informe ya han dejado el gobierno o lo harán pronto. "Pero espero que el nuevo gobierno, así como el ministerio de Defensa... adopte decisiones, cuando sea necesario, que permitan que la gente pueda ser llamada a rendir cuentas", dijo.
Incluso si no se inicia ninguna acción legal, dijo Levin, "es crucial que asumamos este tipo de retos, porque lo que está en juego es la reputación de nuestro país".
Funcionarios de la Casa Blanca han sostenido que las medidas fueron aprobadas en respuesta a demandas de oficiales en terreno que se quejaron de que los métodos de interrogatorio tradicionales no daban resultado con los prisioneros más empedernidos.
Pero los investigadores del Senado dijeron que las semillas de esa política se encuentran en un memorándum del 7 de febrero de 2002 firmado por el presidente Bush, declarando que las Convenciones de Ginebra, que definen las normas del tratamiento humano de los prisioneros, no se aplicaba a los combatientes capturados de al_Qaeda y los talibanes. Esa primavera, altos funcionarios del gobierno, entre ellos la entonces asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice, participaron en reuniones donde se discutió el uso de técnicas coercitivas, dijo la comisión, basándose en una declaración de Rice de ese año.
En julio de 2002, altos funcionarios del personal de Rumsfeld empezaron a reunir información sobre las técnicas utilizadas en academias de supervivencia militares para simular condiciones en que pueden encontrarse los miembros de la fuerza aérea estadounidense si son capturados por enemigos que no respetan las Convenciones de Ginebra. Esas técnicas -sacadas de un programa de adiestramiento conocido como SERE: Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape- incluían el submarino, o la asfixia por inmersión simulada, y se basaban vagamente en métodos utilizados por los comunistas chinos para obtener confesiones de propaganda de soldados estadounidenses capturados durante la Guerra de Corea.
El programa SERE se convirtió en la plantilla de los métodos de interrogatorio que fueron finalmente aprobados por Rumsfeld mismo. En el terreno, los interrogadores de las fuerzas armadas utilizaron las técnicas con escasa supervisión y con resultados a menudo abusivos, concluyó la comisión.
"Es particularmente inquietante que altos funcionarios aprobaran el uso de técnicas de interrogatorio que fueron diseñadas originalmente para simular tácticas abusivas usadas por nuestros enemigos contra nuestros soldados", dice el informe, "y que se basaron en parte en tácticas utilizadas por los comunistas chinos para obtener confesiones falsas de parte de personal militar estadounidense".
Organizaciones de derechos humanos y de derecho constitucional han llamado a emprender más acciones, desde la formación de una comisión independiente hasta llevar a juicio a los implicados en la autorización de esos interrogatorios. Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que ha defendido a prisioneros en Guantánamo, dijo que el informe del comité es valioso porque "es oficial, y está aprobado por los dos partidos".
"Es franco y explícito, y llega derechamente a Rumsfeld y a Rice", dijo Ratner. "Explora nuevos terrenos al decir que las técnicas SERE básicamente son inútiles... que en realidad fueron diseñadas para obtener confesiones falsas".
12 de diciembre de 2008
©washington post
cc traducción mQh
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