bush podría ser llevado a juicio
17 de enero de 2009
[Scott Shane] Washington, Estados Unidos. Hace apenas catorce meses, en su audiencia de confirmación, el fiscal general Michael B. Mukasey defraudó e irritó a algunos senadores al negarse a decir que el submarino, la técnica de simulación de la asfixia por inmersión utilizada contra tres prisioneros con la Agencia Central de Inteligencia era, de hecho, tortura.
Esta semana, en su audiencia de confirmación, Eric H. Holder Jr., el candidato a fiscal general, no dudó en expresarse claramente. Observó que la técnica del submarino había sido usada para torturar a prisioneros durante la Inquisición, por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y en Camboya durante el régimen de los Kmher Rouge.
"Procesamos a nuestros propios soldados por utilizarla en Vietnam", dijo Holder. "El submarino es tortura".
En opinión de muchos historiadores y autoridades legales, Holder sólo estaba admitiendo lo obvio. Está de acuerdo con la clara posición de su futuro jefe, el presidente electo Barack Obama, y está dando una respuesta que casi ciertamente era necesaria para ser confirmado.
Pese a su declaración, que equivale a una admisión de que Estados Unidos puede haber estado cometiendo crímenes de guerra, abre la puerta a una imprevisible serie de consecuencias políticas y legales. Podría potencialmente requerir una investigación jurídica a toda escala, complicar el procesamiento de individuos acusados de cometer actos terroristas y socavar al nuevo gobierno precisamente con el tipo de enfoque retrospectivo que Obama dijo que evitaría.
La declaración de Holder se produce apenas dos días después de que la funcionaria del ministerio de Defensa a cargo de las comisiones militares de Bahía Guantánamo, Cuba, dijera en una entrevista con el Washington Post, que había rechazado el juicio de uno de los detenidos allá, Mohammed al-Qahtani, debido a que creía que había sido torturado.
Las declaraciones en conjunto, de un funcionario actual y de uno entrante, cubren ambas a la Agencia Central de Inteligencia, que ha reconocido que ha utilizado la técnica del submarino contra tres operativos de al_Qaeda capturados, y el programa de detención militar.
Expertos jurídicos de todo el espectro político dijeron que las declaraciones harían difícil que el gobierno entrante evite una investigación criminal de la tortura, aunque la mayoría dice que un juicio exitoso es prácticamente imposible.
Dos obvios obstáculos dificultan un juicio: las recomendaciones jurídicas del ministerio de Justicia que declaró que incluso los métodos de interrogatorio más severos eran legales, y una disposición de la Ley de Comisiones Militares de 2006, que otorga fuertes garantías legales a los empleados de gobierno que se apoyan en esos consejos legales en programas antiterroristas.
Sin embargo, Jennifer Daskal, asesora en contraterrorismo de Human Rights Watch, dijo que "sería contrario a los principios del sistema de justicia penal que el fiscal general diga que cree que se ha cometido un delito muy grave y no hacer nada sobre el asunto".
Charles D. Stimson, que fue un alto funcionario del ministerio de Defensa encargado de los detenidos entre 2004 y 2007 y trabaja ahora como consejero legal de la conservadora Heritage Foundation, dijo que las declaraciones "ciertamente aumentarán la presión sobre Holder para que monte algún tipo de juicio".
Además de las presiones políticas domésticas, Estados Unidos parece tener la obligación, como firmante de la Convención contra la Tortura, de investigar las denuncias sobre torturas. Ese tratado requiere que los estados signatarios conduzcan una "investigación pronta e imparcial toda vez que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción".
El gobierno de Bush realizó sus operaciones de interrogatorio en territorio extranjero, en la base estadounidense en Cuba y en locaciones secretas de la CIA, y algunos personeros han alegado que esas locaciones no se encuentran en territorio estadounidense. Pero esa afirmación ha sido erosionada por decisiones judiciales sobre el centro de detención de Guantánamo, y es improbable que el gobierno de Obama use ese resquicio para evitar los efectos de la convención contra la tortura.
"Estados Unidos tiene la obligación moral, jurídica y práctica de investigar de buena fe esas instigaciones, cualquiera sean sus consecuencias", dijo Juan E. Méndez, un veterano abogado de derechos humanos y presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional de Nueva York.
Hacia dónde puede conducir una pesquisa como la anunciada es un inquietante tema para los funcionarios del gobierno de Bush saliente, que han temido durante largo tiempo que esas políticas agresivas podrían exponerlos a una rendición de responsabilidades civiles y criminales.
Si los interrogadores corrientes son protegidos por la garantía del ministerio de Justicia de que sus acciones eran legales, ¿qué pasará con los abogados que les dieron esas protecciones? ¿Qué pasará con los altos personeros, incluyendo al propio presidente Bush, que aprobó el uso del submarino y otros métodos similares?
Esas preguntas son tan desalentadoras legalmente y tan complejas políticamente que Obama las ha minimizado, aunque sin excluir la posibilidad de que una investigación judicial o una comisión nacional examine esas políticas pasadas. En una entrevista con el ABC el domingo pasado, dijo que "me inclino a mirar hacia el futuro" antes que hacia el pasado.
En las últimas semanas, Bush, el vicepresidente Cheney y otros funcionarios han defendido fuertemente sus métodos contra el terrorismo y han afirmado que han prevenido otros atentados contra Estados Unidos desde 2001. Su argumento implícito -de que el gobierno de Obama no debería cuestionar las políticas que protegieron a los estadounidenses- fue hecho más explícito y personal por Michael V. Hayden, el director saliente de la CIA, en un encuentro con periodistas el jueves.
"Si le dices a un agente ‘tengo una comisión de la verdad’, o quiero subir todos tus correos electrónicos, o, bueno, hay un tipo de la oficina que quiere hablar contigo’", dijo Hayden, desalentaría enormemente a cualquier agente de la CIA de correr riesgos en nombre de las políticas del nuevo presidente.
"No tenemos derecho a pedirle a ese tipo que se juegue el dinero de la universidad de su hijo en quién va a ganar las elecciones", dijo Hayden, aludiendo a los costes legales en que podría incurrir un agente de la CIA.
En su audiencia de confirmación, el senador Orrin G. Hatch, republicano de Utah, le preguntó a Holder si iniciaría una investigación criminal de los programas de contraterrorismo.
Holder evadió responder, diciendo: "Senador, nadie está sobre la ley, y nosotros investigaremos las evidencias, los hechos, la ley, y eso nos llevará dónde tengamos que ir".
Pero agregó, citando a Obama, que "no queremos criminalizar las diferencias en decisiones de este tipo" y finalmente pidió más tiempo para estudiar el asunto.
"Una de las cosas que creo que tendremos que hacer", dijo Holder, "es familiarizarnos con las cosas que condujeron a la implementación de esas políticas".
©new york times
cc traducción mQh
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