policía espiaba a activistas
Julie Tate y Meg Smith contribuyeron a este reportaje. 29 de enero de 2009
[Lisa Rein y Josh White] El espionaje efectuado por la policía del estado de Maryland de organizaciones de derechos civiles fue mucho más extensa que lo que se había reconocido previamente, con archivos que muestran que los agentes espiaban a activistas -clasificados como terroristas- dedicados a una amplia gama de causas, tales como el fomento de los derechos humanos y los partidarios de las ciclovías.
Agentes de inteligencia crearon un inflado expediente sobre la organización People for the Ethical Treatment of Animals, de Norfolk, clasificando a la organización como una "amenaza para la seguridad" debido a sus temores de que sus miembros interrumpieran los espectáculos circenses. Indignados consumidores que protestaron contra un aumento del 72 por ciento del precio de la electricidad en 2006 también fueron blanco de espionaje. La Red contra la Guerra de Washington, D.C., que se opone a la guerra de Iraq, fue clasificada como una organización racista blanca, sin ofrecer ninguna explicación.
Uno de los "delitos" posibles en el expediente de la policía empezaba con Amnistía Internacional, una renombrada organización de defensa de los derechos humanos: "derechos civiles".
Según cientos de páginas de los recién obtenidos documentos policiales, las organizaciones fueron incluidas en una amplia operación de vigilancia que empezó en 2005 con las preparaciones de rutina para las ejecuciones programadas de dos hombres en el corredor de la muerte.
La operación fue llamada "pérdida de recursos" por el actual superintendente de policía y "poco democrática" por el gobernador.
La policía ha reconocido que la vigilancia, que tomó lugar durante el mandato del entonces gobernador Robert L. Ehrlich Jr. (republicano), se descontroló hasta el punto en que una agente encubierta trabajó durante catorce meses infiltrando a organizaciones de protesta pacíficas. Los agentes dijeron que en su base de datos clasificaron inapropiadamente como terroristas a 53 personas, información que fue compartida con las autoridades federales. Pero los nuevos documentos revelan un conjunto mucho más extenso de objetivos policiales que indican que algunos expedientes no se cerraron sino hasta fines de 2007.
La vigilancia terminó sin detenciones ni evidencias de sedición violenta. En lugar de eso, los agentes se están preparando para limpiar los expedientes y dicen que esperan querellas.
La operación, hecha pública en julio, confirmó los temores de organizaciones de defensa de las libertades civiles que han advertido sobre el espionaje doméstico desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entrevistas, correos electrónicos, archivos públicos y una revisión independiente del estado revelan que la policía en Maryland estaba motivada por algo mucho más pequeño: una pregunta sobre la oposición a la pena de muerte fue dirigida hacia una unidad antiterrorista de la policía que andaba buscando una misión.
Pero algunos observadores dicen que el 11 de septiembre abrió la puerta. "Nadie pensaba que esto tuviera que ver con al_Qaeda", dijo Stephen H. Sachs, ex fiscal federal y fiscal general del estado nombrado por el gobernador Martin O’Malley (demócrata) para revisar el caso. "Pero el 11 de septiembre creó una atmósfera en la que era más fácil la simplificación".
Mryland no ha sido el único estado. El FBI y los departamentos de policía de varias ciudades, incluyendo a Denver en 2002 y Nueva York antes de la Convención Nacional Republicana de 2004, también respondieron al peligro del terrorismo espiando a activistas.
El informe de Sachs, hecho público en octubre, condenó el espionaje en Mayrland como un severo lapso de cordura. Nadie ha sido reprendido o despedido, y la agente encubierta ha sido ascendida dos veces.
Hasta la fecha, los activistas clasificados como terroristas no han sufrido inconvenientes en sus viajes, empleo o transacciones económicas.
Funcionarios de la policía del estado proporcionaron sólo informaciones reducidas sobre sus procedimientos de inteligencia y han defendido algunos de ellos como necesarios para garantizar la seguridad pública en protestas potencialmente conflictivas. Aunque han entregado documentos relacionados a la Unión Americana por las Libertades Civiles y los legisladores de Maryland, no han entregado los mismos documentos al Washington Post bajo la Ley de Información Pública.
El departamento declinó identificar a los agentes implicados para que respondieran a preguntas. Algunas fuentes hablaron a condición de conservar el anonimato debido a lo delicado del asunto. Ehrlich también declinó hacer comentarios; agentes de policía dicen que nunca fue informado sobre el programa. Los documentos recién descubiertos, sin embargo, revelan por primera vez el objetivo de la operación: "Evaluar la amenaza para la seguridad pública que representan varias organizaciones de protesta, e identificar a las organizaciones que representan el mayor peligro para seguir vigilándolos".
Los documentos y fuentes policiales dicen que la operación empezó en 2005 con una simple petición del mayor Jack Simpson, jefe de operaciones especiales. A fines de febrero, llamó al teniente Greg Mazzella de la división de inteligencia y le pidió una evaluación de las amenazas que representaban las protestas que se esperaban para las fechas de ejecución de dos hombres en el corredor de la muerte en Maryland.
Después de recorrer la red, un analista informó sobre una "potencial disrupción" de las dos ejecuciones. Mazzella envió a una cabo que necesitaba experiencia en trabajos encubiertos a trabajar al centro comunitario Electrik Maid en el Parque Tahoma, donde los enemigos de la pena de muerte estaban organizando manifestaciones.
En una manifestación para salvar a Vernon Evans Jr. frente a la cárcel Supermax de Baltimore algunas semanas después, la mujer que dijo que se llamaba Lucy McDonald preguntó al veterano activista Max Obuszewsky cómo podía aprender más sobre la resistencia pasiva y la desobediencia civil.
Los activistas recuerdan que era amable y mostraba un refrescante curiosidad, y se convirtió pronto en una presencia habitual en las reuniones y manifestaciones de los que se oponían a la pena de muerte y de los activistas contra la guerra. Llevaba su ordenador portátil a las reuniones, pero los activistas dijeron que nadie se alarmó por ello. "Quizás me preguntaba qué estaría escribiendo", dijo Mike Stark, del Parque Tahoma. "Pero siempre te controlas. En nuestro movimiento es muy importante ser abierto y evitar la paranoia".
La agente entregaba informes semanales a sus jefes, informando sobre al menos 288 horas de investigación. No devolvió nuestras llamadas pidiendo sus comentarios y el Post no la identifica por temor a comprometer su trabajo encubierto en otras operaciones posibles.
Los informes de sus actividades como espía describen las vigilias silenciosas frente a la cárcel y una velada de poesía y canciones para conmemorar el lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki, Japón. Los activistas se declaraban no violentos. Sin embargo, la agente terminó varias entradas escribiendo que "debido a los hechos mencionados arriba, pido mantener este caso abierto y actualizado, pues lo exigen los sucesos".
Los jefes de la mujer consideraban que sus labores de vigilancia eran un ejercicio de adiestramiento de bajo riesgo; se expandió rápidamente al movimiento contra la guerra cuando la agente se reunió con activistas cuyas causas se traslapaban, dijo la policía.
Los jefes de inteligencia discutían el espionaje en sus reuniones informativas diarias y pusieron al tanto al teniente coronel Thomas Coppinger, entonces jefe de la sección de inteligencia, y al comisario Timothy Hutchins, dijeron funcionarios policiales. Coppinger y otros agentes implicados en el caso se negaron a hacer comentarios.
El programa de espionaje emergió a la superficie cuando la brigada antiterrorista fue reducida de casi sesenta y cinco investigadores a apenas una docena.
El predecesor de Hutchins, Ed Norris, ex inspector de la policía de Baltimore, formó la sección después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para hacer frente al peligro terrorista.
Pero cuando en 2004 Norris fue obligado a marcharse por acusaciones de corrupción, la unidad fue destripada. La mayor parte de los ordenadores y otros equipos de alta tecnología para las labores de agentes de inteligencia fueron literalmente arrancados de las paredes, dijeron fuentes policiales.
"Nos concentramos en lo que hacíamos mejor, antes que en un poco de todo", dijo Hutchins.
Cuando Simpson llamó, la unidad consiguió finalmente una misión.
Greg Shipley, portavoz de la policía, dijo que la operación encubierta duró varios meses a medida que los casos de pena de muerte y las ejecuciones empezaron a aplazarse.
Se llamó a otra reunión de inteligencia para hacer frente a protestas planeadas, en gran parte para cerciorarse de que no estallaran incidentes violentos, dijo Shipley. Los detectives temían "contra-manifestaciones" potenciales en oposición a las protestas, dijo.
El actual inspector Terrence Sheridan dijo en una carta del 25 de noviembre al presidente del Comité Judicial del Senado, Brian E. Frosh (demócrata de Montgomery) que la policía tenía derecho a vigilar a los activistas en foros públicos.
"La presencia en una manifestación, en una protesta, el recabamiento de información en fuentes abiertas como internet, etc., es todo parte de la recolección de información que es crucial" para el trabajo de la policía, escribió Sheridan.
Las primeras actividades de la agente encubierta fueron a veces torpes. Envió correos electrónicos desde un dominio relacionado con la policía del estado que pudo fácilmente haber sido descubierto con una búsqueda en internet. Salpicó de verdades su coartada, llegando una vez a revelar el condado donde había nacido. Cambió repentinamente su nombre a Lucy Shoup y repartió su nueva dirección electrónica, diciendo que se debía a su cambio en el estatus marital. Hacía montones de preguntas, pero nunca dijo lo que ella pensaba. También trató de utilizar sus nuevas amistades para saber más sobre otras organizaciones.
Entonces, cuando se aplazó la ejecución de Evans, la mujer desapareció. "Ya no había más Lucy", recordó Obuszewski.
Entretanto, la recolección de información se extendió en otras direcciones, hacia activistas en Nueva York, Missouri, San Francisco y la Universidad de Maryland. El principal delito de Shane Dillingham, decía un expediente de seis páginas donde era clasificado como terrorista, era el "anarquismo". La policía abrió un expediente sobre el estudiante doctoral en historia una semana después de que un agente encubierto asistiera a un foro del College Park donde se anunciaba una conversación telefónica con Evans en la cárcel.
Los detectives también espiaron a los activistas que protestaban contra las armas fabricadas por el contratista de Defensa, Lockheed Martin. Espiaron a dos monjas pacifistas de Baltimore. Los nombres de los activistas ecologistas fueron incluidos en un banco de datos, así como tres dirigentes de Code Pink, una organización nacional de mujeres contra la guerra, que no viven en Maryland.
En abril de 2005 PETA fue clasificada como una "organización que amenaza la seguridad"y en julio la policía empezó a investigar un dato que decía que el grupo se había enterado de una granja avícola aberrante en el condado de Kent y planeaban "protestar o robar los pollos". Una agente encubierto "vestido muy informalmente" asistió a un discurso de la presidente de PETA ese mes y esperó luego para ver si alguien mencionaba a los pollos. Pero nadie lo hizo.
La policía adoptó la base de datos en un intento de bajo costo para reemplazar los archivadores anticuados. La Zona de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Washington, un centro de referencias para informaciones relacionadas con el tráfico de drogas, ofreció gratuitamente su software.
Pero la base de datos no incluía categorías ajustadas a la naturaleza de las investigaciones de los grupos de protesta. Así que la policía creó categorías de "terrorismo" para espiar a los activistas, según un informe del estado. Parte de esas informaciones fueron enviadas directamente a la principal base de datos de HIDTA como parte de un acuerdo para compartir información.
Introducir a los activistas en la base de datos fue "nada más que insertar un trozo de papel en un archivo de papel en un archivador", escribió Sheridan. Pero clasificarlos como "terroristas", dijo, fue "incorrecto e impropio".
Los activistas temen que terminarán en listas de vigilancia federales, en parte debido a que la policía compartió sus informaciones de inteligencia con al menos otras siete agencias policiales.
El director de HIDTA, Tom Carr, dijo que la base de datos de su organización quedó en letra muerta porque las agencias policiales no pueden acceder directamente a esos datos. La base de datos actúan en realidad como un "indicador": Los detectives introducen información sobre el caso y la base de datos indica si otra agencia posee materiales relacionados e instruye a los investigadores a tomar contacto con la agencia. Los activistas no se encontraban en ninguna otra base de datos, dijo Carr, y desde entonces esas informaciones han sido borradas.
"El problema reside en el hecho de que una vez la policía del estado la revisó y constató que no era precisa, que debía ser removida del sistema", dijo Carr. "Pero no lo hicieron".
El programa de espionaje se hizo público en gran parte debido a los documentos liberados durante el juicio por el espionaje de Obuszweski, las monjas y otra activista detenidos durante una protesta contra la guerra frente a la Agencia Nacional de Seguridad. Los documentos mostraban que agentes de inteligencia de Baltimore los estaban espiando. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) pidió entonces la entrega de varios archivos públicos a varias agencias policiales. Cuando la policía del estado se negó a entregar lo que tenían, la unión entabló una demanda.
O’Malley condenó el espionaje como un error motivado políticamente y empezó a buscar respuestas. Nombró a Sachs, que había perseguido a activistas católicos por invadir en 1968 una oficina del Servicio Selectivo.
Sachs calificó el espionaje como un "error sistémico" que violó la normativa federal y dijo que la policía ignoró los derechos de los activistas a la libertad de expresión y asociación.
La Policía del Estado de Maryland ha cambiado sus políticas y planea solicitar la asesoría de la ACLU, la Asamblea General, fiscales y policías sobre regulaciones que elevarían las exigencias para reunir informaciones, al nivel de "sospechas razonables" de un delito.
Algunos activistas respondieron redoblando sus esfuerzos.
Pat Elder, un abogado de Bethesda que organiza una manifestación para el Día de Martin Luther King Jr. en las puertas de la sede de Lockheed Martin, envió el mes pasado un mensaje público a la policía en un sitio local de la red.
"¿Nunca pensaron que no eran ustedes los tipos buenos, sino que nosotros?", escribió Elder en una carta abierta a la NSA, la Policía del Estado de Maryland y la policía de Montgomery. "¿Cómo creen que nos sentimos cuando sabemos que ustedes nos está espiando?"
4 de enero de 2009
©washington post 
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