confesiones de un paramilitar
25 de febrero de 2009
[Chris Kraul] Barranquilla, Colombia. Después de haber confesado 602 asesinatos, el jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro está hablando de dólares y centavos: de cómo él y otros líderes saquearon las arcas municipales, hospitales e incluso escuelas para financiar sus ejércitos y enriquecerse a sí mismos.
Como miles de otros jefes de las milicias de extrema derecha, Fierro está declarando en conformidad con el acuerdo de desarme de 2005 según el cual los comandantes recibirían sentencias ligeras a cambio de su rendición, confesiones completas y la promesa de no volver a cometer actos de terrorismo o crímenes de guerra.
El año pasado, Fierro pasó sus primeros días en el estrado revisando meticulosamente cientos de asesinatos, una letanía que incluía a profesores universitarios, dirigentes sindicales, campesinos acusados de ayudar a guerrilleros de izquierdas. Los familiares de las víctimas, muchos de ellos llorando, observaron las confesiones en un circuito cerrado de video.
Ahora el ex capitán del ejército colombiano está detallando escrupulosamente cómo los paramilitares robaron no solamente negocios y a terratenientes, grandes y pequeños, sino también a funcionarios públicos que o entregaban grandes pedazos de los presupuestos e ingresos de sus gobiernos o eran asesinados.
"Se justifican diciendo que estaban defendiendo a la patria, pero la mayoría de esa gente terminó comportándose como cualquier delincuente común", dijo un fiscal, que como otros funcionarios entrevistados para este reportaje hablaron anónimamente por temor a las represalias.
Las desgarradoras confesiones de Fierro y otros 3.200 milicianos, pronunciadas una por una en salas fuertemente custodiadas en el centro cívico de esta ciudad y en Medellín y Bogotá, la capital, arrojan luz sobre un sórdido capítulo de la guerra civil de cuarenta años en Colombia.
"El gobierno está tratando de reconstruir la verdad", dijo un investigador universitario. "Con eso, puede administrar justicia y finalmente ordenan reparaciones para las víctimas. Pero es una apuesta. Las versiones están lejos de ser completas y no siempre coinciden".
De 2003 a 2006 Fierro estuvo a cargo de esta ciudad y la mayor parte del estado Atlántico como jefe seccional del ejército paramilitar Bloque Norte. Respondía al comandante supremo del bloque, Rodrigo Tovar, que en mayo pasado fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas y terrorismo.
En una entrevista hace poco en la cárcel Modelo de la ciudad, donde ha sido reo durante los últimos dos años, Fierro dijo que sus hombres y otras milicias lucharon contra los guerrilleros de izquierda porque el gobierno central era incapaz de actuar en la región.
"Los empresarios estaban hasta la tusa con las amenazas de los rebeldes y los secuestros de sus hijos y la impunidad y nos vieron como el modo de poner fin a esa situación", dijo Fierro. "No podemos negar que algunos fueron obligados a ayudarnos, pero la mayoría de los que contribuyeron se identifican ideológicamente con nosotros".
Se esperaba que todos los empresarios, terratenientes y gobiernos locales, grandes y pequeños, ayudaran a financiar esa lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos subversivos.
"Sus contribuciones dependían del tamaño de sus negocios", dijo Fierro, cuyo corte de pelo y apariencia sugieren su pasado militar. "Una tienda pequeña podía dar cincuenta dólares al mes, un terrateniente un par de dólares por hectárea al mes".
Aparentemente las compañías multinacionales extranjeras no estaban exentas de pagar el "impuesto de guerra". José Gregorio Mangones Lugo, jefe de una organización paramilitar vecina, declaró el año pasado que tanto Chiquita Brands International Inc. y Dole Food Co. pagaban tres centavos por cada catorce kilos de bananas embarcados en puertos caribeños.
En 2007, Chiquita se declaró culpable en un tribunal federal estadounidense en Washington y pagó una multa de veinticinco millones de dólares en relación con la acusación de que hizo pagos ilegales a organizaciones paramilitares terroristas en la región.
Pero más chocante para algunos es cómo Fierro y otros comandantes extorsionaron dinero a reparticiones gubernamentales. Unas cien municipalidades en la zona costera del norte del país pagaban un soborno de diez por ciento de todos los contratos públicos al "comité de construcción" de las milicias. Los paramilitares también se quedaban con el diez por ciento de los presupuestos anuales.
Las ciudades de Tolu y Covenas, ciudades costeras al sudoeste de aquí en una ruta de oleoductos, debían entregar "la mayor parte" de los seis millones de dólares en regalías anuales pagadas por las compañías petroleras entre 1998 y 2005, declararon los fiscales.
Los funcionarios que se resistían, lo pagaban con su vida. El alcalde de Tolu, Jairo Romero Bonilla, fue asesinado en 1999 por los jefes de un frente paramilitar vecino, así como el alcalde anterior, Tulio Villalobos, dos años antes.
"Después de eso, los paramilitares se apoderaron de todo a la fuerza", dijo un investigador del gobierno. "En Covenas se ven los efectos. Las escuelas, el sistema de salud y los caminos que deberían haber recibido el dinero, se encuentran en pésimas condiciones".
Los hospitales regionales y los planes de salud financiados por el gobierno eran aparentemente fuentes irresistibles de saqueo. La Maternidad y el Hospital Pediátrico de Soledad, en un próspero suburbio de Barranquilla, fue saqueado de casi un millón de dólares durante los tres años de Fierro después de que obligara a renunciar al director del hospital.
"Todo el dinero recolectado se gastaba en la planilla de pagos y en la compra de suministros, vehículos y armas", dijo Fierro durante la entrevista en la cárcel. "Todo era destinado a la guerra".
Pero otros detalles de su declaración entregados al Times indican que el enriquecimiento personal era otro motivo. Fierro instaló a media docena de amiguetes y familiares, incluyendo a sus padres, hermana y una prima, en funciones administrativas en el hospital de Soledad.
Su prima Nancy recibía siete mil dólares al mes por servicios de "fotocopia". Sus padres, que vivían a cientos de kilómetros de distancia, recibían doscientos dólares al mes por servicios que nunca fueron definidos claramente, de acuerdo a fiscales del gobierno.
Fierro ha reconocido una conspiración criminal y el enriquecimiento ilícito, dicen. Su abogado en Bogotá, Camilo Bocanegra, no respondió a una petición de comentario.
Las loterías gestionadas por varios estados colombianos, que eran en el pasado usadas por narcotraficantes como Pablo Escobar para lavar las ganancias del tráfico de drogas, eran otra fuente de dinero fácil para los militares.
De hecho, dijeron los detectives, la esposa de Tovar era sospechosamente afortunada: en 2004 ganó el premio de la lotería regional Libertador de trescientos mil dólares.
19 de febrero de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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