pruebas en el caso del lapd
8 abril de 2009
Los Angeles, Estados Unidos. Durante dos años esta página ha argumentado que el Departamento de Policía de Los Angeles debería volver a su antigua práctica de dar a conocer los nombres de los agentes acusados de infracciones tan graves que son enviados a comisiones de derechos-y que esas audiencias de las comisiones deberían ser abiertas, como en el caso de los jefes de policía Ed Davis y Bernard C. Parks. La jefatura del departamento lo ha concedido a regañadientes, pero sin cumplirlo; la Police Protective League y sus aliados del sindicato en Sacramento se han opuesto furiosamente e intimidado a los que favorecen leyes que abrirían a la opinión pública esos archivos y procedimientos.
La objeción ha sido consistentemente que la publicación de ese tipo de materiales podría ser peligroso para los agentes: se decía que sus vidas y sus familias podrían correr peligro. Luego, el viernes, pasó algo curioso: el DPLA, o su Comisión Policial subió inadvertidamente los nombres y números de placa de cientos de agentes acusados de racismo el año pasado. Esta lista era más de lo que los partidarios de la transparencia habían pedido. Incluía no solamente a los agentes acusados de infracciones graves o suspendidos, sino a todos los agentes acusados de todo tipo de discriminaciones. Previsiblemente, la liga chilló y amenazó con una querella, quejándose de que el comunicado incluía "nombres e información personal" (pasando por alto que un número de placa difícilmente puede ser calificado como ‘información personal’ -después de todo, se ve en el uniforme de los agentes).
Y luego, nada. Ningún ataque contra agentes, ninguna amenaza ni otras repercusiones. Los ‘medios de comunicación’ vistos con tanta desconfianza por la liga informaron sobre el incidente, pero se negaron a publicar la lista, precisamente un buen criterio que el sindicato de policías cree que las organizaciones de prensa son incapaces de mostrar. Las disposiciones de los casos eran admisiblemente interesantes de estudiar. Parece curioso que el DPLA investigara más de novecientas denuncias de racismo y sólo ‘admitiera’ tres -una de las cuales fue desechada sin castigo-, aunque la lista no invalida esas conclusiones, solamente las conmemora. El informe se fue desvaneciendo durante las noticias de la semana y desapareció.
¿Este es el peligro de la transparencias? ¿Que los nombres y números de placa de funcionarios públicos titilarán de vez en vez ante el público para el que trabajan? ¿Que un departamento de policía responsable por la seguridad y la vigilancia, sí, y también, ocasionalmente, de una desestabilizara violencia, revele su trabajo a quienes les pagan por ello? No suena demasiado mal.
10 de febrero de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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