vergüenza de las cárceles californianas
21 de abril de 2009
Ahora que una comisión formada por tres jueces federales ha llamado a California a reducir su población carcelaria en casi un tercio, resolviendo en realidad que nuestro inoperante gobierno del estado es incapaz de supervisar el sistema carcelario, nos hace preguntarnos qué otros deberes legislativos podrían ser delegados al poder judicial. ¿La rezonificación? ¿Las escuelas? ¿El presupuesto? No sería exactamente democrático, pero terminaría con la anarquía en Sacramento.
La orden judicial sobre las cárceles no es definitiva y puede ser recurrida, pero es una declaración inconfundible sobre el espectacular fracaso de nuestros legisladores. En las cárceles de California las condiciones de vida son tan malas, y el nivel de atención médica que reciben los reos tan bajo, que el estado está violando las protecciones garantizadas por la Constitución de Estados Unidos. En otras palabras, no tienes que viajar a Bahía Guantánamo para encontrar violaciones a los derechos humanos y de las leyes estadounidenses: simplemente basta con ir a Lompoc.
Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a 84 mil reos, pero alojan ahora a 158 mil. No es un problema nuevo; la crisis de la sobrepoblación viene empeorando desde hace varias décadas, y los expertos en la comisión han sugerido repetidas veces a los legisladores cómo superarla. La Comisión Independiente sobre Control de la Población Carcelaria [Blue Ribbon Commission on Inmate Population Management] de 1990 recomendó cambios en las disposiciones obligatorias de sentencia y las políticas sobre la libertad condicional que han sido reafirmadas numerosas veces desde entonces, más recientemente en informe de la Comisión Little Hoover de 2007. Estas reformas fueron diseñadas para reducir la población carcelaria sin que aumente la delincuencia, concentrando los recursos del estado en los reos realmente peligrosos y aliviando el control de los que no representan una amenaza significativa. Sin embargo, no han sido implementadas nunca por la legislatura, en parte porque sus miembros no quieren por nada del mundo que se los vea como blandos con respecto a la delincuencia.
Por supuesto, hace falta algo más que la reforma de las sentencias y del régimen de libertad condicional para hacer sustentable nuestro sistema carcelario. También se requiere dinero. Parte de la carga del estado será traspasada a los condados, en la medida en que los reos sean enviados a centros comunitarios de rehabilitación, construidos y mantenidos con el dinero de los contribuyentes. Eso probablemente enfurecerá a los votantes, que aprueban continuamente leyes duras contra la delincuencia, como la Propuesta 9 (la ley de Marsy), de noviembre, pero no quieren pagar más impuestos para cubrir esos costes agregados. Debido a que los políticos carecen del coraje para poner fin al círculo vicioso, dejan en manos de una comisión de jueces la solución del problema.
Antes que cooperar con la decisión de la comisión, funcionarios correccionales de California piensan apelar. Entretanto, el gobernador Arnold Schwarzenegger y el fiscal general Jerry Brown han presentado una moción para poner fin a la supervisión judicial del sistema de salud en las prisiones, pese a que las condiciones todavía no están a la altura de las normas constitucionales, esforzándose de este modo por mantener un status quo que es una desgracia nacional. Caso cerrado, Sus Señorías.
12 de febrero de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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