las consecuencias de la tortura
25 de abril de 2009
[Eugene Robinson] Las numerosas vías de investigación de las técnicas abusivas de interrogatorio del gobierno de Bush conducen todas a un hecho inconveniente y persistente: la tortura no es solamente inmoral. Además es ilegal. Esto quiere decir que una vez que conozcamos toda la verdad, la ley nos obliga a hacer algo sobre ello.
Comprensiblemente, el gobierno de Obama no quiere empantanarse en el desgarrador y prolongado drama jurídico que casi ciertamente será parcial y divisivo. Pero no estoy seguro de que sea posible pasar por alto las implicaciones criminales de lo que ya sabemos, para no decir nada de lo que podamos encontrar en una investigación exhaustiva de una ‘comisión de verdad’ con acceso a todos los testigos y documentos relevantes.
Sobre el aspecto moral, el gobierno ha sido franco y recto. Una de las primeras medidas del presidente Obama fue declarar que Estados Unidos dejará de utilizar el submarino y otros métodos de interrogatorio abusivos, diciendo que esas perversiones no se correspondían con los valores y tradiciones de nuestro país. El fiscal general Eric Holder dijo en su audiencia de confirmación que "el submarino es tortura". Esta refrescante y admirable claridad contrasta fuertemente con la niebla de sofistería leguleya con la que el gobierno de Bush envolvía sus cárceles secretas.
Sin embargo, sobre el aspecto legal el equipo de Obama ha sido mucho menos definitivo. Esto es lo que Dennis Blair, director de la inteligencia nacional dijo a su personal sobre los memoranda de los interrogatorios en un memorándum la semana pasada: "Me gustaría pensar que yo no hubiese aprobado esos métodos en el pasado, pero no condeno a los que tomaron esa decisión en esos momentos, y voy a defender absolutamente a los que realizaron esos interrogatorios en el marco de órdenes recibidas".
Obviamente, esto no tiene ningún sentido. Si Blair no hubiese sancionado "esos métodos" -algunos de los cuales claramente, en mi opinión, se corresponden con la definición legal de tortura-, entonces ¿por qué habría de defender a los que ordenaron esos abusos y a los que los llevaron a cabo?
Al menos Blair, encargado de dirigir a los agentes que realizaron esos abusos, tiene un motivo para confundirse sobre el asunto de la responsabilidad. Y podemos agradecerle por refutar definitivamente el argumento más comúnmente citado en apoyo de la tortura: que el submarino, la privación de sueño, las posiciones estresantes y otros malos tratos eran necesarios para obtener información vital para proteger a los estadounidenses de otro atentado de al Qaeda.
"La información de alto valor provino de interrogatorios en los que se utilizaron esos métodos", escribió Blair en el memo. Pero en otra declaración agregó que "no hay modo de saber si se hubiese obtenido esa misma información mediante otros métodos".
Sí, la gente se quiebra con la tortura y cuentan lo que saben, junto con lo que no saben y lo que piensan que quieren oír sus torturadores. Pero no hay modo de saber si esa información valiosa no hubiese podido ser extraída mediante métodos de interrogatorio tradicionales y legales.
Incluso si los expertos ofrecen visiones divergentes sobre la efectividad de la tortura, hay un punto sobre el que no pueden estar en desacuerdo: viola la ley estadounidense y el derecho internacional.
¿Qué abusos son legalmente tortura? Eso depende probablemente de cuál de las varias normas legales posiblemente aplicables se utilice. Como mínimo, sin embargo, está claro para mí que el submarino [simulacro de asfixia por agua] ciertamente será considerado ilegal si se lo somete a un examen judicial. La práctica ha sido considerada tortura al menos desde la época de la Inquisición española -excepto, aparentemente, en la Oficina de Asesoría Legal del ministerio de Justicia durante el gobierno de George W. Bush.
No sé qué más descubriremos si se forma una comisión independiente de investigación de algún tipo. Pero lo que ya sabemos es suficiente para
asegurarnos de que, tarde o temprano, los métodos violentos de interrogatorio autorizados por Bush, Dick Cheney y otros funcionarios serán revisados de acuerdo a la ley. Nuestro sistema, dejado a su aire, no está diseñado para que los actos ilegales sean revelados y luego ignorados.
Desde el punto de vista del gobierno de Obama, las alternativas pueden ser desagradables e incluso inaceptables. Nadie quiere ver hundirse a los interrogadores de bajo nivel de la CIA por hacer lo que sus superiores les dijeron que era legal, especialmente si los superiores no son llamados a rendir cuentas. Pero presentar cargos criminales contra los funcionarios de más alto nivel del gobierno anterior no tiene precedentes, y no está claro adónde podría conducir un proceso semejante.
Sin embargo, va a ser difícil parar este tren. El imperio de la ley es uno de los principios más apreciados de este país. No es una opción. Nuestras leyes contra la tortura exigen que sean acatadas, y exigen que sean aplicadas.
14 de abril de 2009
©washington post
cc traducción mQh
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