garzón investigará crímenes del franquismo
17 de octubre de 2008
Madrid, España. Diez años después de haber forzado la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar los crímenes cometidos en la guerra civil y el franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal, que encaja en el tipo penal de crimen contra la humanidad, que no prescribe.
En un auto de 68 páginas, el magistrado ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluida la del poeta Federico Lorca, y la creación de un banco de ADN para las identificaciones de los desaparecidos. Además, solicita los certificados de defunción de Franco y de 34 altos mandos, así como de los líderes de la Falange entre 1936 y 1951, para comprobar si la responsabilidad penal podría ejercitarse o no. En esa pesquisa se incluye a los militares asturianos Juan Vigón y Luis Valdés Cabanillas.
«No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la guerra civil», argumenta Garzón en su auto, en el que añade que la acción de la justicia «debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos». Este respeto, precisa, se extiende a los miembros de ambos bandos «con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos».
Garzón justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, la identificación y la reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos. «No aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado», asegura.
En este sentido, enmarca los motivos que lo llevaron a rechazar la admisión a trámite de una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos. Estos hechos ya «se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas», señala Garzón.
Sin embargo, en la presente investigación, existe un delito contra altos organismos de la nación, dado que los sublevados atentaron contra un Gobierno legítimamente elegido y, aunque este delito ya ha prescrito, permanece la detención ilegal como crimen contra la humanidad. Además, el juez enmarca estos delitos en «un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo» contra los adeptos a la República que «requería el uso de la violencia» y que considera similar al de la Alemania nazi. Garzón habla de una decisión planeada para acabar con el Gobierno de España eliminando a los altos responsables de la nación.
De hecho, para calificar como crímenes contra la humanidad los cometidos después del 17 de julio de 1936 apela a la «cláusula Martens» de los juicios de Nuremberg y que establece que los abusos cometidos por los vencedores de una guerra deben ser interpretados por el derecho común. También cita una entrevista concedida por Franco en la que aseguraba: «Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio». «Tendrá que matar a media España», preguntaba el periodista, «he dicho al precio que sea», respondía Franco.
El auto divide la represión franquista en tres etapas: la represión masiva a través de los bandos de guerra, del 17 de julio de 1936 hasta febrero de 1937; la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945; y la acción represiva entre 1945 y 1952, marcada por la eliminación de guerrilleros y de personas que los apoyaban. Garzón contabiliza a un total de 114.266 personas desaparecidas, la mayor parte de ellas en Andalucía y Castilla y León. Las víctimas asturianas las cifra en 1.246
Aunque el juez declara la extinción de responsabilidades de Franco y otros 34 altos mandos militares sublevados, entre los que se incluyen generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano, pide confirmar su muerte, para lo que solicita sus certificados de defunción. Reclama a Interior los datos que identifiquen al máximo número de dirigentes de la Falange de 1936 a 1951 para determinar si existe extinción de responsabilidades por defunción. Además, el juez Garzón cita a los militares asturianos Juan Vigón y Luis Valdés Cabanillas como miembros de sus primeros cinco gobiernos, a Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y ministro del Interior, Gobernación y Exteriores, a Nicolás Franco, hermano del dictador y secretario general del Estado, a José Luis Arrese, ministro de Vivienda y secretario general del Movimiento, a Juan Yagüe Blanco, ministro del Aire, a Agustín Muñoz Grandes, ministro del Ejército, secretario general de la Falange y responsable de la División Azul.
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