los memos de la tortura
James Oliphant en Washington contribuyó a este reportaje. 25 de abril de 2009
[David G. Savage y Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. Pese a las crecientes demandas de presentar cargos criminales contra los autores de los llamados ‘memorandos de la tortura’, incluso los críticos del gobierno de Bush ven problemas en la persecución judicial de abogados como John C. Yoo, Jay S. Bybee o Steven G. Bradbury.
Primero, hay que probar que los abogados han torcido deliberadamente la ley contra la tortura.
"Eso sería un verdadero estirón. Mientras pensaran que estaban interpretando honestamente la ley [contra la tortura], no son conspiradores criminales", dijo Stepehen A. Saltzburg, profesor de derecho de la Universidad George Washington y ex fiscal. "Pueden ser malos abogados que dieron consejos muy malos", dijo, pero eso no es un delito.
El otro problema parece mayor. ¿Cómo podría el gobierno perseguir a los abogados de nivel medio que escribieron los memorandos, pero no a los funcionarios de alto nivel -incluyendo al ex presidente George W. Bush y al ex vicepresidente Dick Cheney-, que son quienes autorizaron que se aplicara el submarino [simulacro de asfixia por inmersión] a los sospechosos de ser operativos de al Qaeda?
"Es por eso que este tema es tan sensible’, dijo Tom Malinowski, director en Washington de Human Rights Watch. "Una vez que comienzas una discusión seria en cuanto a la persecución criminal, la cuestión se convierte rápidamente en: ¿Por qué llevar a juicio a los que están en la mitad de la cadena de mando, pero no a aquellos que, en la cima, tomaron en última instancia esas decisiones?"
El miércoles un nuevo informe hecho público indicaba que la Casa Blanca de Bush aprobó el uso del submarino por parte de la CIA en julio de 2002, a la espera de la autorización legal del ministerio de Justicia, que llegó unas semanas después. Eso también podría complicar la decisión de procesar a los abogados, pero no a sus superiores.
Tres senadores republicanos, dirigidos por John McCain, de Arizona, enviaron al presidente Obama una carta el miércoles instándole a no procesar judicialmente a los abogados de Bush. "Proporcionar asesorías legales malas es siempre algo indeseable", dice la carta, "pero es algo totalmente diferente convertir esas asesorías que repudiamos en un delito".
Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes (demócrata de San Francisco), dejó en claro que el Congreso investigará el asunto independientemente de si se acusa finalmente a alguien. Dijo que los comités parlamentarios y posiblemente una comisión de la verdad independiente debían investigar que había ocurrido.
Tampoco excluyó la posibilidad de iniciar un procedimiento de impugnación contra Bybee, que es también juez del Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco si se constatara que este engañó al Congreso en la audiencia de confirmación en 2003.
Karl Rove, un importante asesor político de Bush, acusó a Obama de querer montar "juicios publicitarios" de ex funcionarios de gobierno. "Si el gobierno de Obama insiste en criminalizar los desacuerdos sobre medidas de gobierno, ¿cómo pondrá límite sobre a quiénes procesarán?", dijo.
La mayoría de los juristas expertos en derecho penal dijeron que no se sentían cómodos con la idea de procesar a los abogados que escribieron los memorandos. Un principio del derecho penal es que el delito debe ser claro y obvio.
En este caso, un fiscal debería demostrar que Yoo y Bybee torcieron deliberadamente la interpretación de la ley contra la tortura. "Dada la base algo subjetiva de casi todos los análisis jurídicos, no sé cómo vas a probar eso", dijo Stanley Brand, abogado de Washington y ex abogado del antiguo presidente de la Cámara de Representantes, Thomas P. ‘Tip’ O’Neill Jr.
"Tendrías que demostrar que dieron consejos erróneos a sabiendas", dijo Peter Zeidenberg, ex fiscal acusador de la unidad de integridad pública del ministerio de Justicia. "Teóricamente podrías hacerlo, pero sólo si tuvieras evidencias de que ellos sabían que era eso lo que estaban haciendo".
Juristas dijeron que verían el asunto de otro modo si [las acusaciones] se concentraran en crímenes de guerra y en el derecho internacional.
Saltzburg y otros dijeron que los estadounidenses probablemente se inclinarían a presentar cargos por crímenes de guerra contra un ex funcionario que hubiera autorizado aplicación del submarino a un agente estadounidense.
"Confieso que me siento hipócrita en cuanto a eso", dijo. "Si uno de nuestros soldados o un agente de la CIA hubieran sido capturado por Saddam [Hussein], sometido al submarino y metido en una caja, y descubriéramos quién lo autorizó, insistiríamos en procesar por crímenes de guerra a esa persona".
Malinowski dijo que habría un consenso legal a favor de un proceso por crímenes de guerra si un estadounidense hubiese sido sometido al submarino por Irán, Iraq o Corea del Norte.
"No habría controversias ni debate", dijo. "Trataríamos de procesar a cualquier funcionario extranjero que hubiera autorizado la ejecución de esos actos contra un estadounidense. Y nadie aceptaría la excusa de que uno de esos dictadores se apoyaba en la asesoría de su abogado".
23 de abril de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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