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militares advirtieron contra torturas


En 2002, una agencia militar advirtió contra la tortura, diciendo que la coacción extrema podía resultar en la obtención de información poco fiable.
[Peter Finn y Joby Warrick] La agencia militar encargada del asesoramiento sobre técnicas de interrogatorio severas para su uso contra sospechosos de terrorismo se refirió a la aplicación de coacción extrema como "tortura" en un documento de 2002 enviado al abogado jefe del Pentágono y advirtió que redundaría en "información poco fiable".
"La consecuencia involuntaria de una política estadounidense que autoriza la tortura de los prisioneros es que podría ser utilizada por nuestros enemigos como justificación para torturar a personal estadounidense capturado", dice el documento, un apéndice de dos páginas, sin firma, de un memorándum de la Agencia Conjunta de Recuperación de Personal [JPRA]. Fragmentos del apéndice, obtenidos por el Washington Post, fueron citados en un informe del Senado sobre interrogatorios violentos liberado esta semana.
No está claro si el apéndice llegó a funcionarios de alto nivel del gobierno de Bush. Pero el documento ofrece evidencias claras de que asesores técnicos sobre los métodos interrogatorio violentos expresaron tempranamente sus aprehensiones sobre la efectividad de la aplicación dolor físico severo o presión psicológica.
El documento fue incluido en los memorandos de julio de 2002 que describen las severas técnicas utilizadas contra estadounidenses en guerras pasadas y los efectos psicológicos de ese tratamiento. La JPRA estaba a cargo del programa militar conocido como Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE), que prepara a pilotos y otros para resistir interrogatorios hostiles.
El apéndice con precauciones fue entregado a la Oficina del Abogado General del Pentágono cuando el gobierno terminaba la fundamentación de un programa de interrogatorios de la CIA que sancionaba el uso de diez formas de coerción, incluyendo el submarino, una técnica que simula la asfixia por inmersión. El material de la  JPRA fue enviado desde el Pentágono al abogado general de la CIA, John A. Rizzo, y al ministerio de Justicia, de acuerdo a testimonios ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.
Un memorándum fechado al 1 de agosto de 2001, de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia autorizaba el uso de diez métodos contra Abu Zubaida, el nombre de guerra de un miembro de al Qaeda capturado en Pakistán en marzo de 2002. Ex funcionarios de inteligencia han afirmado hace poco que Abu Zubaida proporcionó pocas informaciones útiles sobre los planes de la organización.
Los investigadores del Senado no pudieron determinar su William J. Haynes II, el abogado general del Pentágno en 2002, entregó el memorándum que revisaba el proyecto de programa de la CIA a Rizzo o a otros funcionarios del gobierno de Bush.
Haynes no quiso hacer comentarios, a diferencia de Rizzo y la CIA. Jay S. Bybee, que como fiscal general asistente firmó el 1 memorándum del 1 de agosto, no respondió nuestras peticiones de comentarios.
Daniel Baumgartner, que era el jefe de gabinete de la JPRA en 2002 y transmitió los memorandos y apéndices, dijo que la agencia "envió un montón de notas de precaución" sobre las técnicas violentas de interrogatorio. "Hay una diferencia entre lo que hacemos en el adiestramiento y para qué quería el gobierno la información", dijo ayer en una conferencia telefónica. "Lo que el gobierno decide hacer o no lo determinan los tipos que se encargan de las operaciones con los prisioneros... Nosotros adiestramos a nuestra gente colocándonos en la peor de las circunstancias... y obviamente el gobierno de Estados Unidos no tortura a su propia gente".
El senador Carl M. Levin (demócrata de Michigan), presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo que piensa que el apéndice fue ignorado deliberadamente y quizás suprimido. Fragmentos del documento aparecieron en un informe sobre el tratamiento de prisioneros liberado este mes por el comité de Levin. El informe dice que el apéndice repite advertencias de la JPRA hechas circular a fines de 2001.
"Forma parte de una trama para sofocar la disensión", dijo Levin, que agregó que hubo otras instancias en que las revisiones internas sobre el tratamiento de los prisioneros fueron interrumpidas o interceptadas. "No querían oír los inconvenientes".
Un ex funcionario de gobierno dijo que el Consejo de Seguridad Nacional, que fue informado repetidas veces ese verano sobre el plan de interrogatorios de la CIA propuesto por George J. Tenet, entonces director de la central de inteligencia, y abogados de la agencia, no discutieron los temas abordados en el apéndice. A través de un portavoz, Tenet rehusó hacer comentarios.
"Esa información no fue entregada a los superiores", dijo el funcionario, que participó en las deliberaciones sobre las técnicas de interrogatorio y habló a condición de conservar su anonimato debido a lo delicado del tema. "Eso habría sido relevante. La CIA no presentó los pros y los contras, ni las áreas de preocupación. Dijeron que era seguro y efectivo, y no había alternativas".
El memorando del 1 de agosto sobre el interrogatorio de Abu Zubaida se basa en el memorando de la JPRA sobre los efectos psicológicos para concluir que aunque el submarino constituía "una amenaza de muerte inminente", no causaba "daño mental prolongado". Por eso, el memorando del 1 de agosto concluía que el submarino "no constituye tortura en el sentido jurídico".
Pero el apéndice de dos páginas de la JPRA, titulado ‘Problemas Operacionales sobre el Uso de Coacción Física/Psicológica en Interrogatorios’ ponía en duda le efectividad del empleo de coacción extrema para obtener información.
"La exigencia de obtener información de una fuente poco cooperadora tan rápidamente como posible -a tiempo para impedir, por ejemplo, un atentado terrorista inminente que podría resultar en la pérdida de vidas- ha sido presentada como un argumento convincente para el uso de la tortura", dice el documento. "En lo esencial, la coacción física y/o psicológica son consideradas como alternativas al proceso de interrogatorio más convencional y que exige más tiempo. El error inherente en este tipo de razonamiento es la suposición de que mediante la tortura el interrogador puede extraer informaciones fiables y precisas. La historia y una revisión de la conducta humana refutan esta creencia".
En el Consejo de Seguridad Nacional no hubo ninguna discusión del hecho de que las técnicas consideradas eran prácticas de los comunistas chinos y habían sido definidas como tortura cuando fueron utilizadas contra militares estadounidenses, dijo el ex funcionario de gobierno. Las fuerzas armadas estadounidenses procesaron a sus propios soldados por utilizar el submarino en Filipinas y procesaron por crímenes de guerra a tres oficiales japoneses por haberlo utilizado contra estadounidenses y otros aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
El razonamiento en el documento de la JPRA contrasta fuertemente con los argumentos presentados en la época por psicólogos militares actuales y pasados en el programa SERE, entre ellos James Mitchell y Bruce Jessen, que más tarde formaron una firma que trabajó para la CIA proporcionando asesoramiento sobre técnicas de interrogatorio. Ambos declinaron hacer comentarios sobre su papel en la formulación de la política de interrogatorio.
El apéndice de la JPRA dice que la principal deficiencia de la coacción física o psicológica es la fiabilidad y precisión de la información obtenida. "Un sujeto que sufre dolor puede proporcionar una respuesta, cualquier respuesta, o muchas respuestas para dejar de sufrir", dice.
En conclusión, dice el documento, "la aplicación de coacción física y/o psicológica extrema (tortura) tiene serias desventajas operacionales, más especialmente que resulte en informaciones poco fiables". La palabra "extrema" está subrayada.

Julie Tate contribuyó a este reportaje.

28 de abril de 2009
25 de abril de 2009
©washington post
cc traducción mQh
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