procesarían a funcionarios de bush
Scott Shane y Eric Schmitt contribuyeron a este reportaje desde Washington. 30 de abril de 2009
[Marlise Simons] Londres, Inglaterra. Un tribunal español ha dado los primeros pasos para iniciar una investigación criminal de las acusaciones de que seis ex funcionarios de alto nivel del gobierno de Bush violaron leyes internacionales al definir el marco jurídico para justificar la tortura de prisioneros en Bahía Guantánamo, Cuba, dijo un funcionario cercano al caso.
La acusación, contra el ex fiscal general Alberto R. Gonzales y otros, fue enviado a la fiscalía para que sea considerado por Baltasar Garzón, el dedicado juez instructor que ordenó la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El funcionario dijo que era "muy probable" que el caso fuera aceptado y condujera a la emisión de órdenes de captura.
La medida representa un avance para determinar la responsabilidad legal de altos funcionarios del gobierno de Bush por acusaciones de torturas y maltrato de prisioneros en el marco de la campaña contra el terrorismo. Pero algunos expertos estadounidenses dijeron que incluso si se emitían órdenes de detención, su significado podría ser más simbólico que real y que era casi seguro que las órdenes no se convertirían en arrestos si los funcionarios no salían de Estados Unidos.
La demanda bajo consideración también menciona a John C. Yoo, ex abogado del ministerio de Justicia que escribió las recomendaciones legales secretas diciendo que el presidente tenía la autoridad para sortear las Convenciones de Ginebra, y Douglas J. Feith, ex subsecretario de defensa.
La mayoría de los funcionarios citados en la demanda rehusaron comentar las acusaciones o no pudieron ser localizados. Sin embargo, sus defensores han dicho que sus análisis jurídicos y recomendaciones sobre prácticas de interrogatorio, conducidas bajo una enorme presión después de los atentados terroristas de 2001, están siendo ahora interpretadas injustamente después de muchos años sin atentados terroristas en Estados Unidos.
La demanda judicial no era enteramente inesperada, ya que varias organizaciones de derechos humanos han solicitado a jueces de diferentes países imputar a funcionarios del gobierno de Bush. Una organización, el Centro para los Derechos Constitucionales, pidió a un fiscal alemán una imputación similar, que rechazó.
Sin embargo, el juez Garzón es reconocido internacionalmente por haber procesado a conocidos violadores de los derechos humanos así como a redes terroristas internacionales como al Qaeda. La orden de captura del general Pinochet condujo a su detención en Gran Bretaña, aunque nunca fue llevado a juicio. El juez también ha sido claro sobre el tratamiento dado a los detenidos en Bahía Guantánamo.
España puede reclamar jurisdicción en el caso porque cinco ciudadanos o residentes de España que fueron prisioneros en Bahía Guantánamo dijeron que fueron torturados allá. Los cinco fueron acusados en España, pero sus casos fueron desechados después de que la Corte Suprema española resolviera que las evidencias obtenidas bajo tortura no eran admisibles.
La demanda de 98 páginas, de la que el New York Times obtuvo una copia, se basa en las Convenciones de Ginebra y en la Convención contra la Tortura de 1984, que es vinculante para los 145 países firmantes, entre ellos España y Estados Unidos. Los países firmantes de la convención contra la tortura tienen la autoridad de investigar casos de tortura, especialmente cuando se maltrata a conciudadanos.
La demanda fue preparada por abogados españoles, con la ayuda de expertos en Estados Unidos y Europa, y presentada por una organización española de derechos humanos, la Asociación por la Dignidad de los Prisioneros.
La Audiencia Nacional de Madrid, que se especializa en delitos internacionales, asignó el caso al juez Garzón. Su aceptación del caso y su envío al prosecutor hacen probable que se inicie una investigación criminal, dijo el funcionario.
Incluso así, las órdenes de captura, si se emiten, podrían dejarse esperar todavía algunos meses.
Gonzalo Boye, el abogado madrileño que presentó la demanda, dijo que los seis estadounidenses citados habían jugado papeles bien documentados en la aprobación de las técnicas de interrogatorio ilegales redefiniendo la tortura y abandonando la definición establecida por la Convención contra la Tortura de 1984.
Los memorandos secretos de Yoo y otros importantes abogados del gobierno ayudaron a allanar el camino para la aplicación de métodos agresivos como el submarino y otras técnicas violentas, que el director de la CIA, el fiscal general y otros funcionarios estadounidenses han dicho que son equivalentes de tortura.
Los otros estadounidenses mencionados en la demanda son William J. Haynes II, ex abogado general del ministerio de Defensa; Jay S. Bybee, ex jefe de Yoo en la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia; y David S. Addington, que era jefe de gabinete y asesor jurídico del vicepresidente Dick Cheney.
Yoo se negó el sábado a hacer comentarios, diciendo que no había visto ni oído la petición.
Feith, que era un alto funcionario del Pentágono cuando se abrió la cárcel de Guantánamo, dijo que él no había tomado la decisión de implementar esas técnicas de interrogatorio y se mostró asombrado por las acusaciones. "Ni siquiera participé en las discusiones sobre lo que están objetando", dijo.
Pero Boye dijo que los abogados deberían ser llamados a rendir cuenta sobre las consecuencias de su trabajo. Observando que la asociación que representa incluye a muchos abogados, dijo: "Este es un caso de abogados contra abogados. Nuestra profesión no nos permite hacer mal uso de nuestros conocimientos jurídicos para crear marcos pseudo-legales para justificar, fomentar y encubrir la tortura".
Los procesamientos y condenas bajo la Convención contra la Tortura son escasos.
Reed Brody, abogado de Human Rights Watch especializado en este tema, dijo que incluso aunque la tortura fuera practicada ampliamente, existían numerosos obstáculos, incluyendo "la ausencia de voluntad política, el problema de recabar evidencias en otros países y la incapacidad de muchos países de aprobar las leyes necesarias".
Este año, por primera vez, Estados Unidos utilizó una ley que permite perseguir judicialmente la tortura en otros países. El 10 de enero un tribunal federal de Miami sentenció a Chuckie Taylor, hijo del ex presidente liberiano, a 97 años de reclusión en una cárcel federal por torturas, aunque los crímenes fueron cometidos en Liberia.
En octubre pasado, cuando el tribunal de Miami dictó la condena, el fiscal general Michael B. Mukasey aplaudió la sentencia y dijo: "Este es el primer caso en que Estados Unidos acusa a un individuo por torturas criminales. Espero que este caso sirva como modelo para procesos de este tipo en el futuro".
Sin embargo, se espera que Estados Unidos ignore una solicitud de extradición de los ex funcionarios, aunque se han propuesto otras investigaciones en Estados Unidos. Los llamados al ministerio de Justicia para que inicie una investigación criminal han sido de momento resistidos por el gobierno de Obama, pero durante más de cuatro años, la oficina de ética del ministerio de Justicia ha estado realizando su propia investigación sobre el trabajo de Yoo y algunos de sus colegas.
Aunque los funcionarios mencionados en la demanda no han respondido específicamente estas acusaciones, Yoo defendió su trabajo en una columna de opinión en el The Wall Street Journal del 7 de marzo, advirtiendo que el gobierno de Obama puede poner en peligro la seguridad nacional si procesa a abogados como él.
"Si el gobierno elige procesar a los funcionarios encargados de preparar lo impensable, hoy los funcionarios militares y de inteligencia sin duda no dudarán en prepararse para esas contingencias en el futuro", escribió Yoo.
28 de marzo de 2009
©new york times
cc traducción mQh
0 comentarios