qué pasó con las armas de asalto
Jimmy Carter, el 39avo presidente de Estados Unidos, recibió en 2002 el Premio Nobel de la Paz en 2002. 7 de mayo de 2009
[Jimmy Carter] La evolución de las políticas públicas sobre la fabricación, venta y posesión de armas de asalto semiautomáticas como las AK-47, AR-15 y Uzis ha sido muy desconcertante. Los presidentes Ronald Reagan, George H.W., Bill Clinton y yo mismo hemos apoyado la prohibición de esas formidables armas de fuego, y uno de esas iniciativas legales fue finalmente aprobada en 1994.
Cuando se acercaba la fecha de caducidad de diez años de la prohibición, muchas organizaciones policiales -representando a mil cien jefes de policía y sheriffs de todo el país- llamaron al Congreso y al presidente George W. Bush a renovarla y fortalecerla. Pero con un guiño de la Casa Blanca, los partidarios de las armas prevalecieron y la prohibición expiró.
Yo he usado armas desde que era suficientemente grande como portar una, y ahora poseo mis propios revólveres -dos- y rifles -tres, dos de estos con mira telescópica. Las uso con cuidado, para salir de cacería en los bosques y campos de nuestra familia y ocasionalmente para cazar, con mi familia y amigos, en otros lugares. Apreciamos el derecho a poseer un arma y algunos de mis amigos de cacería coleccionan armas raras. Uno de ellos es un artesano tan extraordinario que hace rifles de avancarga, uno de los cuales exhibí, hace cuatro años, en mi oficina privada en la Casa Blanca.
Pero ninguno de nosotros tiene interés en la posesión de armas de asalto, porque no tenemos ninguna intención de matar a agentes de policía ni queremos ir a una escuela o fábrica para ver cuántas víctimas podemos acumular antes de que nos maten o nos suicidemos. Es por eso que la Casa Blanca y el Congreso no deben abandonar los esfuerzos para reactivar la prohibición de las armas de asalto, incluso si es algo políticamente difícil.
Una abrumadora mayoría de estadounidenses, incluyéndome a mí y mis amigos de cacería, creemos en el derecho a poseer armas, pero las encuestas muestran que también apoyamos restricciones modestas, como el control de los antecedentes, la inscripción obligatoria y breves períodos de espera antes de autorizar la compra.
La mayoría de los estadounidenses también apoyamos la prohibición de las armas de asalto. Muchos de los que cazamos observamos con estupor algunas de las posiciones más extremas de la Asociación Nacional del Rifle, la más importante organización que se opone a la prohibición, y la timidez de los funcionarios públicos que acatan las exigencias poco razonables de la organización.
Influidos fuertemente y subvencionados por la industria de las armas de fuego, los líderes de la ANR han engañado a muchas personas crédulas haciéndoles creer que nos van a quitar nuestras armas, y que a los jefes de familia nos privarán del derecho a protegernos a nosotros mismos y los nuestros. La ANR tendría razón si existiese una amenaza real a nuestro derecho constitucional a portar armas. Pero no es el caso.
En lugar de eso, la ANR está defendiendo el acceso de criminales a las armas de asalto y el uso de municiones que pueden penetrar los chalecos de protección utilizados por agentes de policía en servicio. Además, mientras la ANR parece haber aceptado a regañadientes las leyes actuales que restringen las ventas a vendedores de armas autorizados a personas con condenas, reclama que sólo la "gente respetuosa de la ley" acata esas restricciones -y se opone a aplicarlas a los vendedores de armas o a los que venden todo tipo de armas en camionetas o camiones en las ferias de armas.
¿Cuáles son los resultados de esta derrochadora propiedad y el uso de armas diseñadas para matar? En 2006, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades informó que habían muerto por armas de fuego más de treinta mil personas, dando cuenta de casi el veinte por ciento de las muertes por lesiones. En 2005, en Estados Unidos cada nueve horas murió un niño o adolescente en algún incidente relacionado con el uso de armas de fuego o por suicidio con arma de fuego.
Al otro lado de la frontera, los carteles de la droga mexicanos están armándose con armas de última generación importadas desde Estados Unidos, una realidad que sólo la ANR pone en duda.
El lobby de las armas y la industria de las armas de fuego deberían revaluar sus políticas sobre seguridad y responsabilidad -al menos, las de las armas de asalto- y suavizar su presión sobre políticos consintientes que temen la desaprobación de la ANR en épocas de elecciones. No podemos permitir que el chantaje político de la ANR nos impida prohibir las armas de asalto, diseñadas sólo para matar a agentes de policía y la gente que estos defienden.
26 de abril de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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