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torturas: fracaso colectivo


Ex funcionario: el tratamiento otorgado a los sospechosos de terrorismo fue un "fracaso colectivo".
[Carrie Johnson] El ex asesor del Departamento de Estado, Philip Zelikow, dijo a la primera comisión parlamentaria convenida para tratar las acusaciones de tortura que los funcionarios del gobierno de Bush cometieron un "fracaso colectivo" con el programa de detención e interrogatorio de sospechosos de terrorismo.
Versiones recientes hoy, de Zelikow y del retirado agente especial del FBI Ali Soufan, que rechazó las conclusiones del ministerio de Justicia sobre la legalidad de aplicar el submarino a los prisioneros, probablemente expondrán nuevamente fisuras en los más altos niveles del gobierno de Bush sobre las prácticas.
El testimonio se produce en medio de llamados a llevar a tribunales, inhabilitar o iniciar una amplia pesquisa patrocinada por el Congreso de ex funcionarios de gobierno y contratistas por sus actividades durante la guerra contra el terrorismo de Bush.
El mes pasado el ministerio de Justicia liberó cuatro documentos que proporcionaron la justificación de las violentas tácticas aplicadas que los críticos consideran torturas. Los documentos redactados fríamente encendieron un fresco debate y llevaron a los partidarios de los dos lados a pedir la liberación de otros memorandos e informes, incluyendo las conclusiones del inspector general de la CIA y de los guardianes éticos del ministerio de Justicia.
Los legisladores también pidieron un documento del Departamento de Estado escrito por Zelikow hace unos tres años poniendo en duda la idea de que las tácticas de interrogatorio cumplían con las leyes contra la tortura.
Zelikow dijo que el memorando está siendo revisado para su liberación. Dijo que funcionarios de gobierno no identificados trataron a principios de 2006 de recuperar las copias para destruirlas, pero sin éxito.
El senador Sheldon Whitehouse (demócrata de Rhode Island), que presidió la audiencia de esta mañana del Comité Judicial sobre control administrativo y tribunales, dijo que gran parte de la historia sigue estando reservada, enturbiada por ideologías, o desconocida.
Whitehouse denunció una "avalancha de falsedades" sobre el tema del tratamiento de los detenidos que dice que ha sido "intensamente frustrante" para los testigos.
"Nos dijeron que el submarino sería legal, pero no nos dijeron que la ley había sido ignorada, tergiversada y manipulada por la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia, ni nos informaron sobre la furia con que los abogados militares y del gobierno rechazaban las opiniones divergentes de la oficina", dijo Whitehouse.
The Washington Post se enteró antes este año que dos de los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica, John C. Yoo y Jay S. Bybee, podrían ser derivados a las autoridades disciplinarias del estado por su papel en la redacción de los memorandos. Yoo es profesor de derecho en California que ha firmado recientemente un contrato para escribir artículos de opinión en un diario de Filadelfia. Bybee es juez de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Algunos críticos han pedido la impugnación de Bybee, un tema que será tratado hoy en una conferencia de la organización de izquierdas, Alianza por la Justicia [Alliance for Justice].
El senador Lyndsey Graham (republicano de Carolina del Sur) dijo que las investigaciones sobre las actividades del gobierno anterior podrían también extenderse a lo que los líderes demócratas de la Cámara y el Senado sabían en la época sobre las tácticas de interrogatorio.
"No sé lo que sabía Nancy Pelosi ni cuándo lo supo", dijo Graham esta mañana. Pero, agregó, es importante entender que algunos demócratas fueron informados sobre esos temas.
"Si estás tratando de cometer un delito me parece que lo que último que querrías hacer es ir a contárselo a la gente del otro lado", dijo Graham. "Pronto será evidente la diferencia entre la nobleza de la ley y un truco político, de uno u otro modo".
David Luban, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, también declaró en la audiencia y calificó los memorandos jurídicos de Bush "un desastre ético".
"Creo que es imposible que abogados de tanto talento e inteligencia puedan haber escrito de buena fe esos memorandos en la creencia de que interpretaban correctamente la ley", dijo Luban. Agregó que los abogados del ministerio de Justicia tenían la responsabilidad especial de no "autorizar sin más las políticas del gobierno" ni "proveer cobertura para acciones ilegales".
En lugar de eso, concluyó Luban, los memorandos escritos por Yoo, Bybee y su sucesor en la oficina, Steven G. Bradbury, eligieron sólo los precedentes jurídicos que les favorecían y no consideraron ni mencionaron un caso de 1983 en que un grupo de agentes de policía fueron procesados por aplicar el submarino a detenidos para obligarlos a confesar.
"Un asesor jurídico debe usar opiniones independientes y proporcionar recomendaciones honestas y francas", dijo Luban.
Pero el profesor de derecho observó que sería difícil demostrar, con "pruebas claras y convincentes", que los autores de los memorandos habían violado normas profesionales y éticas.
Otros juristas dijeron al Post la semana pasada que las asociaciones de abogados del estado podrían tener dificultades para emprender una investigación de los fundamentos del programa de Bush y dijo que no estaba claro si Yoo y Bybee habían actuado de mala fe.
Entre otros temas explorados por los senadores en la audiencia de esta mañana se encuentra la pregunta sobre si el tratamiento violento dado a los detenidos resultó en informaciones efectivas que impidieron atentados terroristas. Whitehouse dijo que la respuesta a esa pregunta estaba "lejos de ser clara... Nada de lo que visto como miembro del comité de inteligencia me convence de que ese fue caso".
El presidente del Comité Judicial, Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont) dijo que la audiencia era "una de las más importantes del año" en el Capitolio. Renovó su apoyo a una investigación no partidista e independiente del tratamiento dado a los detenidos. "El modo en que tratemos los errores del pasado, y si optamos por aprender de ellos es lo que determinará cómo seguimos adelante", dijo Leahy esta mañana.
Ali Soufan, ex agente del FBI que investigó los atentados con bomba contra embajadas al este de África e interrogó a algunos prisioneros con presuntos vínculos con al Qaeda, también declaró en la audiencia -desde detrás de un biombo que oscurecía su cara. Dijo a los senadores que las llamadas técnicas mejoradas de interrogatorio eran inefectivas y poco fiables, y "como resultado dañaron nuestros esfuerzos por derrotar a al Qaeda".
Pero Soufan no es partidario de procesar a la gente involucrada en la implementación de esa política. Más bien, dijo, sólo quiere que el país reconozca el problema con el régimen previo de interrogatorios y no se repitan esas prácticas en el futuro.
"Fue una de las peores y más perjudiciales decisiones tomadas en nuestra campaña contra al Qaeda", dijo.
Zelikow dijo que no daría a conocer su opinión sobre si los ex funcionarios deben o no ser procesados, y observó que la historia legal y factual es "mucho más compleja de lo que se reconoce". Agregó que los memorandos del ministerio de Justicia sobre el tema, desde entonces abjurados, eran "poco sólidos e incluso irrazonables".
Pero llamó a una "investigación pública exhaustiva" para entender y evaluar los orígenes del programa y el nuevo enfoque del gobierno sobre esos temas.
"El gobierno de Estados Unidos adoptó un programa sin precedentes de abusos y tormentos físicos inhumanos calculados fríamente para extraer información", dijo Zelikov. "Eso fue un error, quizás desastroso. Fue un fracaso colectivo... Precisamente porque fue un fracaso colectivo es importante comprenderlo y aprender de él".

16 de mayo de 2009
13 de mayo de 2009
©washington post 
cc traducción mQh
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