nadie quiere comisiones militares
23 de mayo de 2009
[Carol J. Williams y Julian E. Barnes] Washington/Los Angeles, Estados Unidos. El viernes la decisión del presidente Obama de revivir los tribunales militares para juzgar a sospechosos de terrorismo probablemente no logrará borrar la mancha de ilegitimidad que cubre a las comisiones pese a los esfuerzos realizados en casa, dicen juristas civiles y militares.
Obama bosquejó cinco cambios destinados a reforzar los derechos de los acusados, incluyendo límites estrictos sobre el uso de evidencias obtenidas por coerción, restricciones más estrictas sobre el uso de evidencias indirectas y más libertad para los acusados a la hora de elegir sus propios abogados.
Sin embargo, expertos dicen que los tribunales, conocidos también como comisiones militares, son vistos como tan defectuosos que ninguna reforma podrá disipar la impresión de que están amañados para dictar condenas.
"Creo que las reglas y procedimientos pueden ser mejorados para permitir un juicio justo. Pero no creo que puedan solucionar la percepción de que las comisiones son un proceso ilegítimo e injusto", dijo el mayor de la Fuerza Aérea David Frakt, profesor de derecho en la Western State University que representa a dos prisioneros retenidos en la cárcel militar de Bahía Guantánamo, Cuba.
Durante la campaña presidencial, Obama mismo criticó las comisiones como un "enorme fracaso" y dijo que preferiría juzgar a los detenidos en tribunales federales o en tribunales militares tradicionales.
Su cambio de opinión sorprendió a algunos expertos, dados los años de discusiones sobre lo difícil que sería reparar el sistema.
"Para lograr que las comisiones funcionen de manera justa y objetiva, deberían ser tan completamente redefinidas que no creo que puedan seguir adelante", dijo Amos N. Guiroa, profesor de derecho en seguridad nacional en la Universidad de Utah.
Funcionarios de gobierno dicen que todavía están reflexionando sobre otras reformas del sistema de comisiones, aunque el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, se negó a entregar detalles.
Gibbs defendió la decisión del gobierno de continuar con los tribunales, diciendo que "lo primero y más importante es que el presidente de Estados Unidos hará lo que crea que sirve mejor los intereses de Estados Unidos".
El abogado de la Casa Blanca, Greg Craig, dio una conferencia con activistas de derechos humanos para explicar la decisión, pero los críticos dicen que siguen preocupados.
"No me han convencido de la utilidad de las comisiones militares", dijo Elisa Massimino, directora ejecutiva de Human Rights First, observando que la evaluación caso por caso ordenada por Obama de los 240 detenidos en Guantánamo todavía no ha terminado.
De momento Obama ha omitido toda mención sobre dónde sesionarían los tribunales. Ha ordenado el cierre definitivo de la cárcel de Guantánamo para el 22 de enero de 2010, y que los detenidos que puedan ser juzgados sean trasladados a ubicaciones en Estados Unidos. Los detenidos contra los cuales no pesen acusaciones deben ser enviados a sus países natales u otros países dispuestos a recibirlos.
John B. Bellinger III, asesor jurídico del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente George W. Bush, dijo que los requisitos federales para los juicios acelerados, los avisos de Miranda y el acceso a los abogados probablemente llevaron a Obama a mantener los tribunales militares.
Con los tribunales, "los acusados tienen menos derechos y es más fácil condenar", dijo Frakt.
Pese a ello, el sistema en realidad ha fracasado en cuanto a la producción de sentencias. Persistentes retos jurídicos al sistema han redundado en que sólo tres casos fueron juzgados en Guantánamo, mientras que los tribunales civiles de Estados Unidos han procesado y condenado a más de cien acusados de terrorismo.
En los casos de terrorismo más conocidos, los tribunales civiles han procurado declaraciones de culpabilidad, condenas y largas sentencias para los acusados, incluyendo al terrorista de la ‘bomba sucia’, José Padilla; el frustrado secuestrador de aviones, Zacarías Moussaoui; y el agente de al Qaeda, Ali Saleh Kahlah Marri.
"En la práctica, los sistemas militares y civiles han estado convergiendo de todos modos, porque los jueces militares han estado tratando de demostrar que pueden ser justos, y los jueces y jurados civiles están tratando de probar que pueden ser duros", dijo Tom Malinowski, director en Washington de Human Rights Watch.
El comandante Glenn M. Sulmasy, profesor de derecho en seguridad nacional en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos, sospecha que los nuevos tribunales son sólo un recurso provisional para empezar con algunos juicios mientras se continúan los esfuerzos por crear un nuevo tribunal diseñado para juzgar a miembros de organizaciones terroristas como al Qaeda.
"La mejor solución sería crear un sistema único. Creo que al menos lo están considerando", mientras redefinen el proceso de las comisiones, dijo Sulmasy, autor de ‘The National Security Court System: A Natural Evolution of Justice in an Age of Terror’.
16 de mayo de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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