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28 de mayo de 2009
Santiago, Chile. Los avances que han registrado los casos de derechos humanos en tribunales es uno de los puntos destacados en el informe entregado hoy por Amnistía Internacional, documento que como contrapartida pone mala nota a la situación de los pueblos indígenas, el hacinamiento en cárceles y el uso de violencia excesiva de la policía en manifestaciones.
El estudio -al igual que en años anteriores- revisa la situación de 157 países y destaca sus avances o retrocesos en materia de protección de los derechos humanos.
Con respecto al país señala que se "registraron algunos avances en la puesta a disposición judicial de responsables de violaciones de derechos humanos".
Menciona que siguen vigentes 1.125 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura, en los cuales 3.195 ya habían sido sujetos a investigación. Al finalizar 2008 sostiene el documento- "245 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido condenados en relación con 115 casos".
Mención especial otorga por ejemplo a que en marzo se condenó a 24 militares (r) por el secuestro, asesinato y tortura de 31 personas en Osorno en octubre y noviembre de 1973. También se destacan las múltiples condenas que enfrenta el ex director de la DINA, Manuel Contreras, entre ellos el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González y de su esposa Sofía Cuthbert, cometidos en 1974 en Argentina.
Otro punto de relieve son los avances en la causa Caravana de la Muerte y la condena a seis años contra general retirado Sergio Arellano Stark, sanción que finalmente no se ejecutará por problemas de salud. El secuestro del sacerdote Miguel Woodward, la detención en España del ex fiscal de Temuco Alfonso Podlech, son otros puntos en que hace hincapié el informe como ejemplo de avance de los tribunales.
Pueblos Indígenas
Pero también el documento repara en los puntos pendientes y en esta fase es clave la situación de los pueblos indígenas.
El informe indica que "continuó la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resolvían con prontitud. Siguieron denunciándose violaciones de derechos humanos. En abril, el gobierno puso en marcha el Pacto Social por la Multiculturalidad, un marco político para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas". Aún así se produjo el caso de Matías Valentín Catrileo Quezada, estudiante mapuche de 23 años, quien murió el 3 de enero del año pasado como consecuencia de los disparos recibidos durante una manifestación de protesta sobre el derecho a la tierra celebrada en la comuna Vilcún, región de La Araucanía. Las investigaciones posteriores revelaron que su deceso fue por disparos de policías, juzgando a los implicados por violencia innecesaria con causa de muerte.
Otro proceso sucedió en Temuco cuando un fiscal regional presentó cargos contra tres estudiantes vinculados con la causa mapuche uno de ellos de 16 años en virtud de la ley antiterrorista. Los cargos se referían a su presunta participación en un ataque con bombas molotov perpetrado contra la policía. El cuestionamiento acá apunta a la utilización de una norma creada por la dictadura.
Represión en Manifestaciones
Amnistía revisa la actuación de las policías en manifestaciones planteando que en ocasiones se utilizó la fuerza de manera excesiva. Un caso es lo sucedido con el fotógrafo Víctor Salas, quien el 21 de mayo de 2008 fue golpeado por un carabinero a caballo con un bastón de metal. "Los golpes produjeron al fotógrafo una grave pérdida de visión con consecuencias duraderas. Se llevó a cabo una investigación interna, pero no se pudo identificar al responsable, y otras investigaciones posteriores no arrojaron resultados concluyentes", sostiene el documento.
En ese ámbito se recuerda la visita del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad quien visitó en agosto varias prisiones. Y si bien la evaluación consideró aspectos positivos, también hubo notas malas como el uso de fuerza excesiva en los castigos, un grado de hacinamiento sin precedentes en las cárceles no concesionadas y la prestación inadecuada de servicios básicos en los centros de detención de menores.
Informe Internacional
Con el nombre: "No se trata sólo de economía...es una crisis de derechos humanos", se titula la presentación del informe de Amnistía Internacional que pone su acento en la alicaída situación económica del mundo y sus efectos en la población.
En la introducción de Irene Khan se plantea que "la recesión económica mundial reproduce el patrón del cambio climático: los ricos han causado la mayor parte de la destrucción, pero son los desfavorecidos quienes sufren las peores consecuencias".
Recogiendo datos del Banco Mundial plantea que "este año otros 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria el año pasado, con lo que se esfuman los avances logrados en los últimos 10 años".
En materia de empleo plantea que "entre 18 y 51 millones de personas podrían perder su empleo".
©la nación 
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