cambios en inmigración
16 de julio de 2009
[Julia Preston] El director ejecutivo de la compañía, Dov Charney, él mismo un inmigrante, ha hecho campaña contra la represión de la inmigración.
Pero en contraste con los polémicos allanamientos que caracterizaron el enfoque del gobierno de Bush, agentes no federales con orden de allanamiento irrumpieron en las fábricas de la compañía y reunieron a los empleados. En lugar de eso, la agencia federal de inmigración envió a American Apparel una notificación escrita de que tendría que pagar una multa y despedir a los empleados sin permiso de trabajo.
El trato de American Apparel, que tiene más de 5.600 trabajadores solamente en Los Angeles, es la demostración más prominente de una nueva estrategia del gobierno de Obama para reducir el empleo de inmigrantes ilegales, concentrándose en los empleadores que los contratan -y haciéndolo de un modo menos agresivo que en los últimos años.
A diferencia del enfoque del gobierno de Bush, que en sus últimos dos años presentó cargos criminales contra muchos trabajadores inmigrantes ilegales, el nuevo intento hace un uso más amplio de las multas y otras sanciones civiles, dijeron el jueves funcionarios federales.
Agentes federales se concentrarán en empresas con un gran número de trabajadores de las que se sospeche que contratan a inmigrantes ilegales, dijeron los funcionarios, y reservarán los cargos criminales en general para los empleadores que contratan sistemáticamente inmigrantes ilegales y cometen violaciones salariales y laborales.
"Estas acciones subrayan nuestro compromiso de atacar a los empleadores que cultivan las fuerzas de trabajo ilegales contratando a sabiendas y explotando a trabajadores ilegales", dijo Matt Chandler, portavoz del ministerio de Seguridad Interior.
El miércoles, el Servicio de Inmigración y Aduanas, la agencia federal conocida como ICE, dijo que había enviado notificaciones anunciando una auditoría de los contratos, como la que realizó en American Apparel, a otras 652 compañías en todo el país. Funcionarios dijeron que estaban poniéndose al día con esas auditorías, después de realizar 503 en 2008.
Los nombres de las otras compañías que recibieron notificaciones no han sido dados a conocer. American Apparel se convirtió en una ventana hacia las nuevas tácticas de control porque, como una compañía que cotiza en la bolsa, emitió el miércoles la notificación requerida sobre la audiencia de auditoría.
El nuevo enfoque del presidente Obama, revelado en abril, se está distanciando de los allanamientos que, según dicen los defensores de inmigrantes, habían dividido familias, arruinado negocios y traumatizado a comunidades. Pero el resultado será todavía más difícil para los trabajadores ilegales, que perderán sus trabajos y podrían ser deportados, dijeron activistas.
Funcionarios de inmigración no han dejado claro qué piensan hacer con los trabajadores que no puedan probar su condición de inmigrante legal en el curso de las inspecciones, pero dijeron que no había una moratoria de las deportaciones.
Ejecutivos de American Apparel se mostraron aliviados y consternados a la vez después de recibir el aviso de la agencia de inmigración de que había discrepancias en los documentos de contratación de cerca de un tercio de su fuerza de trabajo en Los Angeles. La compañía tiene treinta días para responder a las imputaciones de la agencia y dar a sus empleados inmigrantes tiempo para demostrar que cuentan con un permiso de trabajo, dijeron funcionarios de inmigración. Si no pueden, la compañía deberá despedirlos, probablemente dentro de dos meses.
Pero no se presentaron cargos criminales contra la compañía y ningún empleado ha sido arrestado, dijeron ejecutivos de American Apparel y funcionarios de inmigración.
Las multas se cursaron después de dieciocho meses de discusión entre funcionarios federales y American Apparel, después de que agentes de inmigración revisaran los archivos de la compañía en enero de 2008, dijo Peter Schey, abogado de inmigración que representa a la compañía. Schey dijo que se había evitado un allanamiento porque la compañía había colaborado con la auditoría y porque los agentes de inmigración no habían constatado ninguna infracción laboral.
"No hay evidencias de explotación de los trabajadores ni de violación de leyes laborales", dijo. "Y no hay ninguna acusación de que la compañía haya contratado a sabiendas a trabajadores indocumentados".
American Apparel y su franco director ejecutivo Dov Charney, han lanzado una campaña, pintada en camisetas que se venden en todo el país, criticando la represión de la inmigración en los últimos años y llamando al Congreso a "Legalizar L.A." otorgando residencia legal a los inmigrantes ilegales.
La mayoría de los trabajadores en la enorme tienda de American Apparel en Los Angeles, trabajan directamente para la compañía, no para subcontratistas, según muestran sus archivos. Ganan al menos diez a doce dólares la hora, muy por encima del salario mínimo, y tienen acceso a seguro médico.
En una rueda de prensa el año pasado, el alcalde Antonio R. Villaraigosa, de Los Angeles, alabaron públicamente a Charney por ayudar a la ciudad con su vacilante economía, proporcionando "el sueño de un sueldo estable y muchos beneficios para incontables trabajadores".
Mientras que no es un secreto que la fuerza de trabajo de American Apparel, es fundamentalmente latina, probablemente incluía a muchos inmigrantes ilegales. Schey dijo que la compañía había sido cuidadosa en cumplir con las exigencias legales. Muchos inmigrantes ilegales usan tarjetas de la Seguridad Social hábilmente falsificadas u otros documentos falsos cuando buscan trabajo.
En una declaración, Charney dijo que muchos de sus trabajadores mencionados por la agencia de inmigración eran "empleados trabajadores y responsables" que habían trabajado durante más de diez años para la agencia. Charney, un inmigrante de Canadá, dijo que esperaba que pudieran demostrar su residencia legal. Pero debido a la recesión, dijo la compañía, no sufriría financieramente si tuviera que reemplazarlos.
Schey dijo que la audiencia de auditoría en American Apparel habían sido "hechas profesionalmente". En contraste, Schey ha presentado más de cien demandas de indemnización contra la agencia de inmigración a nombre de ciudadanos estadounidenses que dijeron que fueron arrestados ilegalmente el año pasado en Los Angeles en una redada de inmigración en otra compañía, Micro Solutions Enterprises.
Funcionarios de inmigración, que pidieron no ser identificados porque el caso no ha terminado, dijeron que las multas contra American Apparel de momento eran de cerca de 150 mil dólares.
Kelly A. Nantel, portavoz de la agencia de inmigración, dijo que había tomado medidas para limitar las negociaciones con empleadores, que en el pasado resultaron en fuertes reducciones en las multas que los empleadores tuvieron que pagar finalmente.
El representante Brian P. Bilbray, un republicano de California que encabeza una comisión de inmigración en la Cámara de Representantes, dijo que el monto de las multas era crucial.
"Si este es realmente un esfuerzo concienzudo de ponerse duros con los empleadores para decir que los días de la explotación de los inmigrantes ilegales se han terminado, eso sería perfecto", dijo Bilbray, que se opone a cualquier proyecto que confiera residencia legal a los inmigrantes ilegales. "Pero si la multa es tan baja que no es más que una parte del negocio, entonces eso no disuade a nadie".
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, de Los Angeles, una organización de apoyo, dijo que saludaba el fin de los "allanamientos de buque teatro". Pero al final, dijo Salas, "todavía se implementan leyes que son violadas", agregando: "Los trabajadores seguirán perdiendo sus trabajos".
2 de julio de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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Anónimo. diego corbo -