torturas contra narcotráfico
Julie Tate en Washington contribuyó a este reportaje. 19 de julio de 2009
[Steve Fainaru y William Booth] Puerto Las Ollas, México. El ejército mexicano ha realizado desapariciones forzosas, actos de tortura y allanamientos ilegales en persecución de los traficantes de drogas, de acuerdo a documentos y entrevistas con víctimas, sus familias, dirigentes políticos y funcionarios de derechos humanos.
Desde las violentas ciudades fronterizas donde se introducen las drogas a Estados Unidos, hasta las regiones más remotas del altiplano donde se cosechan amapola y marihuana, organizaciones de derechos humanos y vecinos describen una guerra cada vez más brutal en la que el gobierno, dirigido por el ejército, está recurriendo a severas medidas para combatir a los carteles que siguen aterrorizando a gran parte del país.
En Puerto Las Ollas, un pueblo montañés de cincuenta habitantes en el estado de Guerrero al sur del país, los vecinos cuentan cómo, el mes pasado, soldados que buscaban información metieron agujas debajo de las uñas de un campesino inválido de 37 años, clavaron un cuchillo en la espalda de un sobrino de trece, dispararon contra un pastor y robaron alimentos, leche, ropa y medicinas.
En Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego, en marzo, dos docenas de agentes de policía que habían sido detenidos por cargos de drogas dijeron que para obligarlos a confesar los soldados los golpearon, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico hasta que perdieron la conciencia, los sujetaron por los pies a un techo mientras les hundían la cabeza en el agua y les aplicaron descargas eléctricas -de acuerdo a documentos judiciales, cartas y entrevistas con sus familiares y abogados.
Los agentes estuvieron detenidos en una base militar durante más de un mes.
Funcionarios mexicanos reconocieron que han ocurrido abusos en la lucha contra los narcotraficantes, pero dijo que se trataba de casos aislados. En algunos casos, los narcotraficantes podrían acusar al ejército de torturas y otras violaciones de los derechos humanos para hacer propaganda y desviar la atención de los esfuerzos del gobierno por desmantelar sus operaciones, dijeron los funcionarios.
"Sé que las fuerzas armadas están actuando apropiadamente, aunque han habido algunos casos", dijo el ministro del Interior, Fernando Gómez Mont, que es responsable de la coordinación de las operaciones de seguridad en México. "El gobierno cree honestamente que esto es así. No hay incentivos para los abusos".
Las fuerzas de seguridad mexicanas tienen una larga historia de violaciones a los derechos humanos, pero el creciente número de denuncias de abuso parece ser una respuesta directa a la barbarie desatada por los carteles después de que el presidente Felipe Calderón pusiera a los militares a cargo de la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006. La mayor parte de las violaciones han ocurrido en regiones donde la vista de cuerpos desmembrados de soldados y agentes de policía es muy habitual. En el estado de Michoacán, los investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyeron que el ejército cometió abusos contra 65 personas en tres días, incluyendo varios casos de tortura y la violación de dos niñas -después de que cinco soldados fueran asesinados en un ataque en mayo de 2007.
El gobierno estadounidense ha alentado y, en parte, financiando la arriesgada estrategia de Calderón, de utilizar al ejército para luchar contra los carteles que manejan el noventa por ciento de toda la cocaína que entra a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dijeron que Calderón ha iniciado reformas que piensan que terminarán aumentando el respeto por los derechos humanos entre soldados y agentes de policía.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses advirtieron que las denuncias de abusos podrían llevar al Congreso a retirar los más de cien millones de dólares por concepto de ayuda a la lucha contra el narcotráfico.
Los casos en Puerto Las Ollas y Tijuana están siendo investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha visto abrumada con más de dos mil denuncias sobre el ejército -este año, ciento cuarenta por mes. La comisión ha documentado veintiséis casos de abusos, diecisiete de los cuales incluían torturas como asfixia y aplicación de descargas eléctricas en los genitales de sospechosos.
"Lo que ocurre es que el ejército lleva a los sospechosos a sus bases -y por supuesto una base militar no es el lugar indicado para detener a personas sospechosas de haber cometido un delito- y empiezan a hacer preguntas", dijo Mauricio Ibarra, que supervisa las investigaciones de la comisión. "Y para ayudarles a recordar, o para extraer información, recurren a la tortura".
Ibarra dijo que los doctores del ejército encubrieron algunos casos de tortura omitiendo la evidencia física de los informes médicos antes de que los sospechosos fueran entregados a las autoridades civiles.
En una entrevista, Gómez Mont dijo que las fuerzas armadas estaban investigando quince casos de presuntos abusos, y en un caso procesaron a un oficial y cuatro soldados. Dijo que no tenía información que le permitiera identificar esos casos. Gómez Mont dijo que las fuerzas armadas están estudiando los acontecimientos en Puerto Las Ollas, pero no han encontrado evidencias que corroboren las denuncias de torturas hechas por los agentes de policía y sus familiares en Tijuana.
El ministerio mexicano de Defensa no respondió a varias peticiones de una entrevista para tratar las denuncias de violaciones a los derechos humanos por el ejército.
Quién Financia la Guerra contra las Drogas
Con la Iniciativa de Mérida -un paquete de ayuda en la lucha contra las drogas de 1.4 mil millones de dólares que pidió el presidente George W. Bush en junio de 2007-, quince por ciento del dinero no puede ser liberado hasta que el secretario de estado informe que México ha hecho progresos en materias de derechos humanos. Las exigencias incluyen la persecución de violadores de derechos humanos, la prohibición de los testimonios obtenidos mediante torturas y consultas regulares con organizaciones independientes de derechos humanos.
El informe sobre derechos humanos de la Iniciativa de Mérida del departamento de Estado, será entregado al Congreso en algunas semanas, de acuerdo a un funcionario implicado en el proceso. El funcionario describió los logros en derechos humanos de México como una "bolsa variada" y dijo que no está claro si el informe será suficiente para satisfacer las condiciones para liberar el dinero.
"Esta es la parte más difícil" de la Iniciativa de Mérida, dijo el funcionario.
Al menos 90.7 millones de dólares asignados a México para la lucha contra las drogas no pueden liberados a menos que el Congreso acepte las conclusiones del departamento de Estado. Veinticuatro millones de dólares adicionales también están sujetos a las condiciones exigidas sobre derechos humanos de la iniciativa en el presupuesto suplementario que firmó el presidente Obama el 24 de junio. Parte del financiamiento de la iniciativa es para adquirir equipos de inspección, adiestramiento policial y apoyo a las fuerzas armadas mexicanas.
Mientras el gobierno mexicano y los gobernadores de estados estadounidenses fronterizos que claman por más ayuda -la violencia asociada a las drogas le costó la vida a 769 mexicanos en junio, uno de los peores meses desde que Calderón asumiera el cargo en diciembre de 2006-, el departamento de Estado espera que el Congreso libere el dinero pese a las preocupaciones por los derechos humanos, de acuerdo al funcionario estadounidense que expresó frustración de que el gobierno mexicano no haya proporcionado más información sobre los progresos en el ejército, incluyendo la cantidad de casos de derechos humanos que han sido llevados a tribunales.
"El sistema de justicia militar en México es muy opaco; es muy difícil saber cuántos juicios ha habido y qué ha ocurrido con ellos’, dijo el funcionario, que habló a condición de conservar el anonimato debido a la delicadeza del caso.
El gobierno mexicano se ha opuesto durante largo tiempo a las condiciones de derechos humanos incluidas en el acuerdo de Mérida, y funcionarios estadounidenses esperan reacciones si el Congreso se niega a liberar el dinero. Muchos activistas mexicanos de derechos humanos no respaldan esas condiciones, observando que fueron impuestas por un gobierno estadounidense acusado ampliamente de torturar a prisioneros en Iraq, Afganistán y en Bahía Guantánamo, Cuba.
"Realmente se necesita un montón de cinismo, de hipocresía, para que Estados Unidos diga: ‘Les daremos dinero para luchar contra el tráfico de drogas provisto que respeten los derechos humanos’", dijo José Raymundo Díaz Taboada, director de la oficina del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad de Acapulco, que documenta abusos en Guerrero.
Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos han presionado al gobierno estadounidense para que envíe un mensaje contundente suspendiendo el envío de dinero. Una carta de un consorcio de organizaciones norteamericanas y mexicanas enviado al departamento de Estado en enero, concluía: "Las autoridades mexicanas no pueden cumplir adecuadamente con las exigencias de derechos humanos estipuladas en la Iniciativa de Mérida".
"No puedes darles un cheque en blanco", dijo Abel Barrera, director de Tlachinollan, una de las organizaciones más importantes de México. "Son los ciudadanos los que terminan sufriendo. Este tipo de programas sólo fomentan la impunidad".
Vínculos con el Narcotráfico
Con casi 45 mil tropas desplegadas en partes de México y a lo largo de la frontera, las fuerzas armadas han sido arrastradas a un conflicto de baja intensidad en el que los carteles de la droga cometen cada vez más horrendos actos de brutalidad. De las 12.250 personas asesinadas en incidentes violentos relacionados con las drogas desde el principio del mandato de Calderón hasta junio, 973 eran agentes de policía y 72 soldados, de acuerdo a Milenio, una red de medios mexicana que lleva el conteo de las bajas totales.
En muchas de las regiones más conflictivas del país, el ejército ha respondido allanando casas particulares sin órdenes de detención, deteniendo personas a las que considera sospechosas y reteniéndolas en bases militares, contraviniendo la ley mexicana, de acuerdo a dirigentes políticos, residentes y monitores de derechos humanos. En Ciudad Juárez, una semillero de violencia relacionada con las drogas al otro lado de la frontera de El Paso, la comisión de derechos humanos del estado recibió cerca de cien denuncias de torturas desde enero de 2008 hasta febrero de 2009, de acuerdo a un informe de siete páginas preparado por Gustavo de la Rosa, que dirige la oficina.
En marzo pasado en Tijuana, las fuerzas armadas, con la ayuda del jefe de policía local -un teniente coronel de ejército, en retiro- ,arrestaron a veinticinco agentes de policía sospechados de tener vínculos con los traficantes. Salvador Guerrero Flores, un agente de aduanas, dijo en una entrevista que recibió una llamada de un defensor público diciéndole que había visto a su hermano Manuel encarcelado en la base del Batallón Militar No. 28 del ejército y que "se encontraba en muy mal estado".
Guerrero dijo que al ejército le tomó cuatro días admitir que había detenido a su hermano. Cuando finalmente lo vio, dijo, su hermano estaba cubierto de cardenales. Le contó más tarde a Guerrero que los soldados lo habían golpeado cuatro veces y le habían metido la cabeza en una bolsa de plástico hasta que perdió la conciencia.
"Dijo que se desmayó dos veces, y le inyectaron algo para revivirlo", dijo Guerrero. "No sabía qué".
En una declaración que Manuel Guerrero dio a las autoridades mientras estaba detenido por el ejército, le preguntaron si había sido torturado.
"Sí, pero no tengo ganas de detallar las acciones que sufrí sobre esta base, porque todavía estoy detenido", respondió de acuerdo a documentos judiciales.
Su condición física fue entonces apuntada en su declaración: "El sujeto Manuel Guerrero Flores muestra múltiples contusiones rojas, rasguños paralelos que se extienden desde los sobacos, enorme hinchazón en los dos tobillos y muñecas, hinchazón de su dedo anular izquierdo, hinchazón de su índice derecho, una marca de aguja o impresión que parece ser sangre en la parte superior de su nalga derecha".
Allanamiento del Pueblo
En el estado de Guerrero, el ejército empezó una represión en diciembre, después de que los traficantes secuestraran a nueve soldados y dejaran sus cabezas decapitadas en el estacionamiento de Sam’s Club, en Chilpancingo, la capital del estado.
El 9 de junio, al otro lado del estado, los soldados entraron violentamente en el pueblo de Puerto Las Ollas, situado en una montaña en el centro de una de las regiones más fértiles del estado destinadas al cultivo de marihuana y amapola. El área es también el territorio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, una organización de guerrillas que el gobierno ha vinculado con los narcotraficantes. La organización niega toda vinculación.
El pueblo consta de diez chozas de madera, con suelo de tierra y tejados de metal corrugado. Los pavos, pollos, perros y niños ocupan los embarrados senderos que conectan las humildes viviendas del pueblo. Los vecinos dicen que tienen relación ni con traficantes ni con guerrillas.
Los soldados llegaron en tres todoterrenos a mediados de la mañana, de acuerdo a los vecinos. Blandiendo rifles de asalto G-3, empezaron a disparar contra el pueblo, dijeron los vecinos, que más tarde recogieron decenas de vainas de municiones de 7.62mm, que dijeron que habían usado durante el ataque. La mayoría de los vecinos de Puerto Las Ollas escaparon hacia el cerro, ocultándose en la densa selva.
Gómez Mont dijo que un soldado resultó herido durante el avance de las tropas. Los vecinos dijeron que desde el pueblo no hubo disparos.
A medida que llegaban los soldados, se iban encontrando con Jaime César Acosta, 37, productor de maíz, que dijo que no podía correr debido a los persistentes efectos de una enfermedad infantil. Después de apear de su mula, dijo Acosta, los soldados lo detuvieron, lo hicieron pararse cerca de uno de los camiones, le colocaron un rifle contra la cabeza y un cuchillo contra la barbilla y amenazaron con violarlo y matarlo si no proporcionaba información.
Acosta dijo que cuando dijo a los soldados que no sabía nada, lo golpearon con sus puños. Uno de los soldados le cogió el brazo empezó a jalarle los pelos, dijo. Otro cogió lo que parecía ser una aguja de coser y la clavó repetidas veces debajo de sus uñas mientras él gritaba.
"Uno de ellos me preguntó si tenía miedo a la muerte", dijo Acosta. "Le dije: ‘No, si Dios me está esperando, que se haga su voluntad’".
Dijo que otro soldado cogió una maleta y lo golpeó en la cabeza con ella.
El sobrino de Acosta, Omar García, un niño de trece, estaba cerca cuando llegaron los soldados. Contó que lo obligaron a sacarse sus botas negras, que dijeron que eran de estilo militar y por tanto ilegales. El niño dijo que se puso unas sandalias. "Luego empezaron a darme puñetazos y a pisotearme los pies con sus botas", dijo.
Uno de los soldados cogió un largo cuchillo, dijo, y empezó a pincharlo una y otra vez con la punta en la parte de abajo de la espalda, amenazando con matarlo a menos que entregase información sobre los hombres que habían huido a las montañas y de los otros "hombres armados" en la zona.
Los soldados liberaron a Acosta y su sobrino después de cuatro o cinco horas, dijeron. Pero el ejército, asistido con refuerzos, siguieron ocupando Puerto Las Ollas y Las Palancas, un asentamiento compuesto por apenas dos casas a eso de un kilómetro más abajo en el camino.
El reverendo Lino Rauda, 53, pastor de Las Palancas, dijo que inicialmente no le preocupó que los soldados se concentraran en un campo abierto a unos cien metros de su casa. A unas horas de llegar, dijo, uno de ellos lo llamó: "He, niño, ven aquí".
Rauda dijo que se volvió para ver a dos soldados apuntándole con sus rifles. "Lo primero que pensé que fue me iban a matar", dijo. Dijo que cayó al suelo mientras seis tiros pasaban por sobre su cabeza. Entonces Rauda escapó hacia las montañas, siendo perseguido por los soldados, disparándole.
Dos semanas después, mientras un periodista del Washington Post realizaba entrevistas en Puerto Las Ollas, el chirrido de un coche se acercó desde el camino. Al oírlo, una mujer gritó: "¡Hombres, un coche! ¡Un coche!"
Media docena de hombres escaparon en todas direcciones, desapareciendo detrás de los árboles.
Finalmente apareció el vehículo, una camioneta amarilla, del que descendieron dos hombres. Eran investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
8 de julio de 2009
©washington post 
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