abrir los archivos del terror
28 de julio de 2009
[José Maggi] Argentina. El juez federal Carlos Vera Barros le ordenó al Ministerio de Gobierno santafesino -de quien depende el ‘Archivo Intermedio’- que autorice a la fiscal federal Mabel Colalongo a ingresar a esta dependencia así como al personal del Ministerio Público Fiscal para obtener copias de la totalidad de las documentación allí obrante, es decir partes de inteligencia diarios que datan de la última dictadura. El fallo pone fin a la polémica instalada por el acceso a los partes de inteligencia diarios redactados por la ‘comunidad informativa’, en rigor la suma de todos los servicios de espionaje interno de las tres fuerzas armadas, más las policías provincial y federal, el Servicio Penitenciario, la Gendarmería y la Prefectura. Colalongo había solicitado las copias pertinentes para ser usadas en los juicios por terrorismo de estado, puntualmente en las causas Guerrieri o Quinta de Funes y en la de Jordana Testoni o Fábrica Militar de Armas, pero la cartera política había requerido que primero individualice qué expedientes requería. Un eufemismo teniendo en cuenta que se trata de centenares de carpetas apiladas en estanterías sin índice ni inventario alguno. "Hay muchos casos en que la negativa a suministrar una copia sería equivalente a la negativa de presentar el original, es decir que equivaldría a una denegación de justicia", sentenció Vera Barros.
La inexistencia de una guía del material archivado, condición excluyente para individualizarlo, fue sustentada en el fallo Vera Barros con declaraciones de la propia vicegobernadora Griselda Tessio, ex fiscal federal.
En su presentación la fiscal Colalongo argumentó que "en el mes de junio de 2009 he tenido acceso a documentación confeccionada por la llamada ’comunidad informativa’ integrada por partes diarios de inteligencia en su mayoría producidos durante la dictadura, que dan cuenta de detenciones ilegales de personas que aún permanecen en condición de desaparecidos, falsos enfrentamientos, seguimientos de personas que luego fueron detenidas, tal el caso de Eduardo Toniolli, una de las víctimas privadas de libertad en la Quinta de Funes y más tarde asesinado tal como da cuenta la copia del parte Nº 166 del 26 de julio de 1976".
La fiscal agrega que "los partes que obran en el Archivo Intermedio también contienen información determinante a la hora de reconstruir la relevancia de las áreas de inteligencia durante la dictadura, en el caso las dependencias de las fuerzas de seguridad locales y nacionales de los Comandos del Ejército. Uno de los ejemplos de esta situación lo brinda el parte Nº 173 del 3 de agosto de 1976, en el que se observa que bastaba entonces con ’solo pegar una oblea para justificar la detención ilegal de una persona’".
En su presentación ante el juez Vera Barros, Colalongo remarcó que "el Ejecutivo provincial impide y dificulta el acceso a dicha documentación". Lo hizo haciendo referencia la exigencia previa de individualizar y especificar cada documento que recién entonces sería fotocopiado por personal del propio archivo. Pero para la fiscal era imposible concretar este requisito ya que no había siquiera un índice las carpetas archivadas.
Sumado a las trabas burocráticas, Colalongo dejó sentado que "en los últimos días (previos a la presentación realizada durante la feria judicial) se me ha informado que un grupo de personas se encontraba manipulando el Archivo Intermedio, algo inusual en anteriores oportunidades".
Por eso urgía al juez federal ha "disponer las medidas necesarias para preservar las constancias obrantes y autorizar la extracción de copias de la totalidad de la documentación", a la vez que "resguardar el material indicado ya que no existe un inventario de los partes de inteligencia, fichas, informes y otros documentos, lo que favorece desde la manipulación inapropiada de la información hasta la posibilidad de sustracción y desaparición de documentación sin que pueda ser detectada por la ausencia de registros".
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