ira por libertad de pinochetistas
15 de agosto de 2009
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. "No podemos aceptar el transcurso del tiempo como argumento para rebajar las condenas o para eximir de responsabilidad a los ejecutores de los crímenes, por el contrario, para la familia el tiempo acrecienta la pérdida", asegura Ignacio Vidaurrázaga, quien fuera el hermano más cercano de Gastón, uno de los cuatro profesionales asesinados entre el 8 y 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra Augusto Pinochet.
Las otras víctimas son el periodista José Carrasco, el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit y el técnico electrónico Felipe Rivera (ver recuadro).
El hermano de Vidaurrázaga dice que él y su familia no comparten el criterio aplicado por la Corte Suprema en el fallo que el jueves pasado rebajó en seis años las condenas impuestas al jefe operativo de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla, y a los ex agentes de la brigada 11 de Septiembre, Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz.
Menos aún la libertad vigilada que el máximo tribunal concedió a otros 11 miembros del organismo represor que participaron en las ejecuciones.
Su madre María Yolanda Manríquez (89) -explica Ignacio Vidaurrázaga- está muy afectada por la resolución porque ella fue jueza y comprende claramente el riesgo que significa para las causas de derechos humanos que la Suprema acoja la atenuante de la media prescripción, con la que se favoreció a los asesinos de su hijo.
El tiempo para las familias no suaviza nada, reitera. "Gastón tuvo una hija, que en 1986 tenía sólo tres años. Tuvo una nieta que no conoció. El tiempo recuerda esa pérdida", dice.
Y, en ese sentido, subraya, que no debe olvidarse que "estos son delitos de lesa humanidad y que la justicia juega un rol pedagógico en el alma de Chile".
Por ello, sostiene, que "me llama mucho la atención lo magnánimo de la Corte Suprema con los ejecutores de mi hermano. El cómo el ministro Nibaldo Segura y el ministro Rubén Ballesteros siguen construyendo, a través de sus fallos, el camino hacia la amnistía".
Y recuerda que, por ejemplo, el teniente coronel (R) Franz Bauer Donoso, uno de los condenados a cinco años de cárcel con el beneficio de la libertad vigilada, era un oficial en la época.
"No era un soldado raso que debía cumplir órdenes, llegó a ser subjefe del Cuartel Borgoño ( ) No es el conscripto del caso de Víctor Jara", agrega.
Andan Sueltos
Una de las consecuencias del fallo, que más preocupa a la familia Vidaurrázaga, es que el beneficio otorgado a los ex agentes se traducen en que "esta gente anda suelta en la calle y cualquier día podría sumársele (Álvaro) Corbalán a través de un indulto, alegando razones humanitarias", comenta.
También destaca que en esta causa así como en tantos otros procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos, "la verdad, no se sabe gracias a la colaboración de estas personas. Cada juez ha debido reconstruir la historia y las pruebas. Aquí no hay arrepentimiento alguno y la gran mayoría participó en más de un crimen pero ninguno ha dicho yo cargo con tantas cruces".
La Libertad Vigilada "Es una Falsedad"
Alicia Lira Matus estaba en su casa. Dormía junto a su entonces pareja, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo. En medio de la noche, agentes de la CNI saltaron la reja, entraron a su casa y sacaron a su compañero de la cama, a medio vestir. Ella corrió tras los automóviles, pero no los alcanzó.
Así reconstruye su historia la hoy dirigenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y agrega, emocionada, que "a mi compañero, esa noche, le cortaron su vida. Sus sueños. Nuestros sueños de pareja… queríamos una sociedad más justa. Mi vida como mujer".
Por eso, dice, no entender "cómo la Suprema permite que estas personas que mataron a su pareja vayan a sus casas a dormir, tranquilamente, con sus hijos".
Tampoco que se haya rebajado las condenas y menos que se haya concedido la libertad vigilada en 11 casos.
"Esa figura es una falsedad, nadie los va a vigilar. Estarán libres, viviendo una vida normal, junto a sus familias", asegura.
Si bien se dictaron condenas, estima que éstas deberían ser ejemplificadoras. No le parece justo que crímenes como éstos sean susceptibles de beneficio alguno.
"¿Por qué hay que conformarse con poco? ¿Qué tipo de precedente queda para el futuro en materia de violaciones de los derechos humanos?", se pregunta.
A juicio de Alicia Lira, la libertad de estos agentes de la CNI es "inaceptable" e "inmoral".
Consultada por las indemnizaciones, dijo que el fisco tiene el deber de reparar a las familias pues fueron los agentes del Estado los que les provocaron la pérdida de sus seres queridos.
En este contexto, también quiso hacer un llamado al gobierno a escuchar más atentamente a las agrupaciones.
©la nación 
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