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más presión para la democracia


El gobierno de facto dice que la salida está en las elecciones presidenciales del 29 de noviembre. Pero como todo político o dictador sabe, una semana es una eternidad. Interesante y reveladora columna sobre Honduras, en La Nación.
[Raúl Sohr] A medida que pasan los días, crecen las fisuras en el gobierno golpista hondureño. Ante la última visita de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), esta semana, Roberto Micheletti, el gobernante de facto, proclamó altanero: "No le tememos al embargo de nadie. Podemos salir adelante sin el apoyo de ustedes". Si el régimen hondureño no teme es porque sabe que, por el momento, no enfrenta sanciones económicas y diplomáticas severas. De estar bajo presiones comerciales más drásticas, Tegucigalpa no tendría más remedio que aceptar las condiciones del Acuerdo de San José, que exige el retorno del Presidente Manuel Zelaya.
Estados Unidos anunció que suspendería, a partir del miércoles, las visas a los hondureños, salvo en casos de emergencia. Pero los que tienen visas vigentes podrán viajar libremente. Este es el caso de muchos funcionarios y empresarios a quienes no se les han revocado sus visas. Hay más de un millón de hondureños que residen en Estados Unidos.
El rol de Washington en el golpe de Estado aún tiene una serie de episodios oscuros. El más importante es el hecho de que Zelaya fue llevado, después de ser sacado violentamente de su lecho, a la base aérea de Soto Cano, más conocida como la Palmerola. Allí están estacionados 600 soldados estadounidenses. ¿Por qué el Presidente en ejercicio es llevado 75 kilómetros al norte del país para, según se dijo, reabastecer el avión? Ello en circunstancias de que Costa Rica está en la dirección contraria y a una distancia equivalente a la que existe entre Concepción y Santiago. O sea, a menos de una hora de vuelo.
Phillip Crowley, vocero del Departamento de Estado, reconoció el paso de Zelaya por la base rumbo al exilio, pero dijo que personal militar norteamericano no colaboró en la acción. Lo menos que puede decirse es que actuaron por omisión. Los funcionarios estadounidenses sabían que había un golpe de Estado en curso y ¿no tuvieron nada que decir sobre la presencia del Mandatario en ejercicio en la base? Además, la instalación es compartida con la Fuerza Aérea hondureña, que jugó un rol clave, más decidido que el Ejército en un inicio, en la caída de Zelaya. Dicho sea de paso, no es claro hasta qué punto la base es compartida. En la década de los 80 en la Palmerola operó el cuartel general de las fuerzas estadounidenses que respaldaban a la "contra" en su lucha frente al sandinismo en Nicaragua. Poco antes de su caída, Zelaya había planteado el deseo de que Estados Unidos se retirase de la base.
Los conocedores de Honduras saben que el régimen no podría sobrevivir sin el respaldo de algunas fuentes internacionales. Por ello existían grandes expectativas con la última delegación de la OEA. En las últimas semanas había síntomas entre los partidarios del Micheletti de que era necesario negociar e incluso aceptar un retorno, aunque más bien simbólico, del depuesto Presidente Zelaya. Este cambio fue explicitado por Jesús Canahuati, presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, que declaró: "La empresa privada ha sido muy clara en decir que nosotros apoyamos el Acuerdo de San José. Si el acuerdo llama a que, bajo ciertas condiciones, el Presidente regrese, la empresa privada va a estar totalmente de acuerdo".
Las iglesias Católica y Evangélica también habrían adherido al Acuerdo de San José. Esa nueva situación aparece refrendada por Bruno Stagno, el vocero de la misión de la OEA y canciller de Costa Rica, que señaló que existen distintas posiciones dentro del régimen de facto: "La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del acuerdo". Según el análisis de la OEA, esos grupos quieren más garantías de la comunidad internacional, especialmente en cuanto a la amnistía general y al regreso de Zelaya. El fin de semana el depuesto Mandatario había reiterado que era necesario juzgar y condenar a todos los que participaron o apoyaron la dictadura de Micheletti.
El gobierno de facto dice que la salida política está en las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de noviembre. Sin embargo, como todo político o dictador sabe, una semana en política es una eternidad. Mucho dependerá de cómo Washington juegue sus cartas.

28 de agosto de 2009
©la nación 
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