remiten pena a asesinos pinochetistas
12 de septiembre de 2009
[Leslie Ayala] Santiago, Chile. Si no fuera porque el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, acumula más de 300 años de cárcel por diversos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ayer habría recibido el beneficio de libertad vigilada tras la condena a cinco años que dictó ayer la Corte Suprema en su contra por el secuestro calificado del joven estudiante de Pedagogía en Historia Félix de la Jara Goyeneche.
El máximo tribunal también benefició a los demás autores de esta desaparición con la remisión de la pena de tres años de cárcel al general (R) Raúl Iturriaga Neumann, al coronel (R) Manuel Ceveric Cubillos y el otrora inspector de la Policía de Investigaciones y agente DINA, Risiere Altez Españos.
Esta resolución dividida fijó el final del proceso judicial por el secuestro permanente de este estudiante de Pedagogía en Historia, que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que fue visto por última vez en el cuartel del detención "Venda Sexy", en Macul.
Según el proceso, el universitario fue detenido el 27 de noviembre de 1974 en calle Independencia en presencia de su novia Sonia Valenzuela, quien habría sido aprehendida por agentes de la DINA un día antes y sometida desde ese instante a severas torturas.
Tanto De la Jara como su pareja fueron llevados en primera instancia al recinto de detención denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán con Los Plátanos, como lo corroboraron en el Informe Rettig otros detenidos que pasaron por el recinto.
René Vergara, uno de los retenidos en el lugar, contó a la Comisión de Verdad y Reconciliación que conoció en ese lugar a Félix de la Jara y que éste le pidió que cuando saliera en libertad le dijera a sus padres que su futuro era incierto y que siempre estuvo muy dispuesto a ayudar a los otros detenidos, pese a que había sido víctima de brutales torturas.
Indemnización
Pese a las bajas penas y los beneficios que entregó la Suprema a los miembros de la cúpula de la DINA responsables de este secuestro, el máximo tribunal dictaminó una indemnización de $70 millones a los nueve hermanos de la víctima.
La suma reparatoria podría haber sido aún mayor pues los ministros de la sala penal, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, eran del parecer de que la indemnización debía ser $ 70 millones para cada uno de los hermanos de la víctima, porque a su juicio el daño moral que provocó la desaparición de su pariente es personal. Sin embargo los otros tres ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros impusieron su votación en cuanto a la demanda civil.
©la nación 
0 comentarios