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lo de honduras es un golpe


En Honduras, la definición formal de la intervención militar como golpe provocaría la suspensión de la ayuda. Columna de un congresista estadounidense.
[Howard L. Berman] Washington está oficialmente esperando que el Departamento de Estado determine si los sucesos de este verano en Honduras constituyen o no un golpe. Las acciones hablan con más claridad que las palabras, pero en este caso una sola palabra podría determinar el curso de la democracia en el Hemisferio Occidental.
Las leyes estadounidenses requieren que la ayuda extranjera, con la excepción de la humanitaria y la relacionada con el fomento de la democracia, sea suspendida en los casos en que "el presidente elegido del gobierno de un país sea depuesto por un golpe militar o un decreto". Una definición formal del Departamento de Estado podría provocar esta suspensión, que el uso previo de la palabra ‘golpe’ por parte de las autoridades estadounidenses no ha logrado. El asunto ocupará a muchos ahora que la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton se reunirá con el derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya.
El diccionario Merriam-Webster define ‘golpe de estado’ como "el repentino y decisivo uso de la fuerza en política: el derrocamiento o alteración violenta de un gobierno existente por un pequeño grupo".
De momento, Estados Unidos ha adoptado una posición mesurada en este asunto, permitiendo las negociaciones entre los presidentes latinoamericanos y el gobierno hondureño de facto. Pero nuestra paciencia no es infinita y el presidente Obama, la secretario de Estado Clinton, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos ya han hecho buen uso de la definición.
A fines de junio, en medio de un impasse constitucional con la corte suprema y las fuerzas armadas de su país, Zelaya fue sacado de su casa por un grupo de soldados y, todavía en pijamas,  subido a empujones a un avión y expulsado del país. Desde entonces, e incluso frente a un hemisferio unido y la condena mundial del golpe, el gobierno de facto conducido por el ex presidente del Congreso hondureño, Roberto Micheletti, se ha mantenido en sus trece.
Pero este pato parece, camina y grazna como pato. Es hora de dejar de andarse con rodeos y llamar las cosas por su nombre. Y si, cualquiera sea la razón, los abogados del Departamento de Estado no concluyen que este fue un golpe, el Congreso debe estudiar otros modos con los que influir directamente en el flujo de ayuda.
Cortar la ayuda es un contundente medio y no debería usarse con ligereza. Puede afectar la vida de familias e industrias, además de golpear a los que están arriba. Pero Honduras realizará elecciones presidenciales y parlamentarias el 29 de noviembre y cada día que pasa da a Micheletti y los suyos la posibilidad de reafirmar su control ilegítimo del poder.
En las negociaciones no ha hecho poco más que atascarlas, con la esperanza de que el golpe sea convierta en irrelevante a medida que se acercan las elecciones. Se niegan a participar en un acuerdo regional propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias y la OEA para restituir a Zelaya en la presidencia de modo que pueda cumplir con su mandato, incluso con condiciones estrictas sobre sus atribuciones presidenciales y bajo supervisión internacional.
Entretanto, las condiciones en Honduras empiezan a parecerse a lo que vimos en la región en los años setenta, especialmente para aquellos que votaron por Zelaya. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un respetado y autónomo organismo regional de supervisión de los derechos humanos, constató en Honduras "la existencia de un sistemático patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información con el propósito de limitar la participación política de un sector de la ciudadanía [y] ... el uso de la represión contra las demostraciones... la imposición arbitraria de toques de queda; la detención de miles de personas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; y pobres condiciones de detención".
El gobierno de facto asegura que Zelaya estaba tratando de subvertir la Constitución hondureña y convertir al país en un satélite del presidente venezolano Hugo Chávez. Quizás. Pero hacer que los soldados saquen a Zelaya a punta de pistola del país es un insulto a la lucha histórica por la democracia, la que se ganó con grandes esfuerzos en un proceso que tomó décadas.
Pensemos lo que pensemos de Zelaya (y yo no tengo una opinión muy alta de él) y sus acciones para cambiar la Constitución hondureña, es un hecho que su mandato de gobierno lo ganó en elecciones completamente transparentes.
La democracia y el imperio de la ley no se han restablecido en el hemisferio para que el golpe pueda ser tratado aisladamente y como una excepción que pueda permitirse. Mientras más nos demoremos en arreglar este entuerto, menos legítimas serán las elecciones de noviembre, y más difícil le será a toda la región volver a salir de este hoyo.
Deberíamos utilizar nuestra influencia retirando todas las ayudas, excepto las más necesarias -una decisión que se acoplaría a la de esos otros 34 países del Hemisferio Occidental que quieren que se restablezca la democracia en Honduras.

El autor, demócrata de Valley Village, es presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara.

12 de septiembre de 2009
3 de septiembre de 2009
cc traducción mQh
©los angeles times 
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