el juicio de la década
21 de septiembre de 2009
Colombia. El país tal vez no se ha dado cuenta de lo que se está jugando en el juicio que en estos momentos se le sigue al coronel Alfonso Plazas Vega en Bogotá. Se trata de mucho más que un veredicto de absolución o condena. Este juicio dará respuesta a uno de los capítulos que han dejado una marca profunda en la historia reciente del país: ¿qué ocurrió y quién responde por las 11 personas que desaparecieron tras la retoma del Palacio Justicia, en 1985?
Y más aún, el fallo puede provocar un giro inesperado en la historia del juzgamiento a los militares en Colombia. Hasta ahora, se habían dado juicios como el del coronel Byron Carvajal, el del caso Jamundí, que terminó involucrado con criminales, o el de un general como el recién fallecido Yanine Díaz, investigado por omisión en una masacre. Pero esta es la primera vez que se pone en el banquillo a un militar de alta graduación por el delito de desaparición forzada. Un caso que parecía estar reservado para países del Cono Sur, como Argentina y Chile, en la época de las dictaduras.
La actual investigación arrancó hace casi cuatro años y esta semana concluyen los alegatos de cierre. El grado de tensión entre las partes ha llevado a penosos choques en las calles entre los familiares de los desaparecidos y el coronel. Aquellos buscan justicia por lo que creen es un crimen de Estado y del cual señalan al Ejército como responsable. Los seguidores del coronel Plazas, en su mayoría militares retirados, califican como inaudito que hoy haya cuatro altos militares detenidos (los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez y los coroneles Edilberto Sánchez y Alfonso Plazas Vega) y acusados de desaparición forzada.
El meollo del juicio es si tras la sangrienta incursión del M-19, que produjo un centenar de muertos, la Fuerza Pública retomó el Palacio, capturó civiles y los llevó a guarniciones militares acusándolos de guerrilleros. En los archivos desempolvados de los noticieros de entonces se han encontrado ahora registros como el del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez, a quien se le ve salir del Palacio custodiado por soldados.
Entre tanto, los simpatizantes de Plazas alegan que la actuación del Ejército en el holocausto ya fue juzgada y están convencidos de que el juicio al coronel es parte de una estrategia de "guerra jurídica" de la guerrilla para contrarrestar los golpes que le ha propinado el Ejército.
Esta semana, cuando el juicio entró en su recta final, un centenar de personas se concentraron en la Plaza de Bolívar con pancartas y arengas a favor de Plazas Vega, que está recluido en el área de siquiatría del Hospital Militar. A 20 cuadras de esa concentración, los familiares de los desaparecidos ubicaron 11 sillas con los retratos de sus seres queridos frente a los juzgados especializados de Bogotá donde se lleva a cabo el juicio. Entre tanto, en el cuarto piso del edificio se daban los últimos alegatos. En el recinto, colmado de periodistas, la juez María Stella Jara presidió la audiencia con fuertes medidas de seguridad. "Nuestro sentido pésame, por su próxima desaparición junto a toda su querida familia", dice un sufragio que llegó a su despacho hace un mes.
El martes de la semana pasada, la fiscal Ángela María Buitrago, reconocida como una especie de fiscal de hierro por la envergadura de los casos que lleva en su despacho, comenzó los alegatos finales. Para este caso, en los últimos tres años ha espulgado guarniciones militares y archivos olvidados en busca de la verdad perdida del Palacio. Y su conclusión es tajante. Pide condenar al coronel Plazas por el secuestro y la desaparición forzada de 11 personas que salieron vivas ese 7 de noviembre.
Presentó en detalle un voluminoso acopio de documentos y testimonios inéditos. Según ella, el coronel Plazas figuraba como el responsable de una estrategia conocida como el ’Plan Tricolor’, diseñada para contrarrestar la toma guerrillera. Y en algunos de los testimonios que presentó de militares de la época, entre ellos el de Édgar Villamizar, dijo demostrar que el coronel sí tuvo relación directa con los desaparecidos.
La Procuraduría, por su parte, el jueves pidió absolver al coronel. Admitió que hay videos y fotos irrefutables para concluir que por lo menos ocho de los desaparecidos salieron vivos del Palacio y que fueron llevados por el Ejército a la casa Museo del Florero. Pero a la vez señaló que no hay una prueba plena para culpar a Plazas ya que no se puede verificar que él tuviera el comando absoluto y exclusivo de las tropas.
Luego fue el turno del abogado de las víctimas, Jorge Molano, quien se presenta como discípulo de Eduardo Umaña, el primer defensor en este caso y asesinado en 1998. Molano dijo a los periodistas que con su concepto la Procuraduría "está torturando a las víctimas". Comenzó su alegato con un extenso preámbulo que incluyó poemas y retazos de anécdotas de los desaparecidos. Al cabo de una hora la juez Jara tuvo que pedirle que se adentrara en la controversia probatoria.
Esta semana se acabarán los alegatos. Sólo falta la intervención del defensor del coronel Plazas. SEMANA pudo establecer que con documentos en mano pondrá de presente un rosario de irregularidades que considera se han cometido en el proceso, incluida la compra de testigos presentados por la Fiscalía. Los seguidores de Plazas hablan de una "cadena de arbitrariedades" que han hecho de los últimos meses los más amargos en los 65 años de vida del coronel. Afirman que a pesar de las insistentes peticiones no se le concedió un permiso oportuno para despedirse de su padre, Alfonso Plazas Solarte, que murió en marzo sin ver a su hijo mayor.
"Acabaron con su salud, con su imagen y con el patrimonio de nuestra familia", dice la esposa del coronel, Tania Vega, quien le pidió al presidente Belisario Betancur un pronunciamiento público de respaldo al coronel Plazas. Aún está esperando respuesta. Ella recuerda como la peor infamia lo ocurrido el pasado 20 de agosto. A eso de las 11 de la noche una delegación del Inpec irrumpió en el Hospital Militar, donde estaba Plazas a pesar de que Medicina Legal había certificado que gozaba de buen estado de salud. "Entraron violentamente y dos mujeres me sujetaron. Mi esposo reaccionó, intentó protegerme y les gritó ’¡malditos, malditos!’. Entonces unos ocho hombres lo sedaron a la fuerza y se lo llevaron. Yo entré en ’shock’. Luego supe que era una comitiva del Inpec que lo trasladó a La Picota".
Al respecto, el Inpec explicó que el traslado se hizo atendiendo una orden judicial de la juez Jara, y que ante la resistencia del procesado fue necesario aplicarle un calmante. La Procuraduría ordenó una investigación y un siquiatra que valoró al coronel ordenó de nuevo su traslado al Hospital Militar, donde recibe un tratamiento de ansiolíticos para atender un cuadro agudo de desórdenes siquiátricos y estrés. Los médicos han prohibido transmitirle malas noticias. Su esposa asegura que está sumido en una tristeza abrumadora.
Los testimonios de las familias de los desaparecidos revelan una tragedia tanto o más amarga. Ya son varios los padres que han muerto aguardando conocer la verdad sobre la suerte de sus hijos y suplicando por sus restos para sepultarlos y cerrar el duelo.
Parecería que al cabo de más de dos décadas del holocausto el drama humano es lo único común entre las partes enfrentadas. El veredicto, ya sea a favor o en contra del coronel, marcará un hito en la historia de los derechos humanos en Colombia.
©semana 
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