piden intervención de cpi en honduras
24 de septiembre de 2009
París, Francia, La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) anunció hoy en un comunicado conjunto con la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue y sancione la "persecución política" en Honduras.
La FIDH precisó que el miércoles presentará con la APDHE "una comunicación para que se investigue y sancione a los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras que continua cometiéndose por los golpistas desde el 28 de junio de 2009".
Además, ambas organizaciones hicieron un llamamiento "al gobierno de facto de Roberto Micheletti a retirarse para permitir la reinstalación del presidente electo", Manuel Zelaya.
"La APDHE y la FIDH presentarán ante la Fiscalía de la CPI (con sede en La Haya) numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño, desde el golpe de Estado, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos", se afirma en el comunicado.
Las organizaciones explican que esas violaciones consisten en "miles de arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes y tortura física y psicológica".
Añaden que también se han cometido "amenazas de muerte, deportaciones o expulsiones ilegales, persecución a extranjeros en particular nicaragüenses, más la persecución a empleados públicos, diputados, alcaldes, jueces y fiscales que se han opuesto al golpe de Estado".
En la comunicación se pide investigar igualmente a los propietarios de medios de comunicación o autoridades religiosas "que han hecho apología de la persecución política contra los partidarios de una asamblea nacional constituyente o que se han movilizado por el retorno del Presidente Zelaya".
Recuerdan que la política de la Fiscalía de la CPI "es la de individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia".
Por esa razón consideran que habría responsabilidad penal en una lista de personas que detallan y que incluye a Roberto Micheletti, "gobernante de facto y demás miembros de su gobierno", al General Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto y "demás comandantes militares", y al Director General de la Policía Salomón de Jesús Escoto Salinas "y demás comandantes de la Policía".
Se agrega en la lista a Billy Joya Améndola, "asesor de seguridad del gobierno de facto, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Rubí Avila, fiscal general del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado".
Las organizaciones precisan que estos magistrados y fiscales han actuado así "con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales", por lo que se hacen "igualmente responsables del crimen de persecución política".
Citan por último en la lista a José Alfredo Saavedra Paz, presidente del Congreso Nacional "y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto" al mismo.
La APDHE y la FIDH recuerdan que el crimen de persecución política, "en tanto un crimen de lesa humanidad, es de competencia de la CPI y, piden a la Fiscalía tener en cuenta que el golpe de Estado se propició para impedir el derecho a la participación política de millones de hondureñas y hondureños que querían un cambio constitucional".
©el confidencial 
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