van cayendo los represores
4 de octubre de 2009
La megacausa cobró impulso esta semana cuando Rodríguez dispuso la detención de nueve militares y tres policías en una investigación de 28 homicidios, 18 desapariciones forzadas, cuatro secuestros, tormentos y un caso de supresión de identidad de una menor de edad. Seis ya estaban presos o imputados por otras causas González, Rolón, Marcellini, Perizzotti, Facino y Colombini y cuatro quedaron entre rejas entre el martes y el jueves: Diab, Morales, Arrieta y Ferger.
Hasta ahora, el único que no había sido detenido era el general Settel, involucrado en la desaparición de otro soldado en 1977, cuando era segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, donde operaba la jefatura del Área 211. Pero designó defensor al penalista Néstor Oroño, que dijo que su defendido se presentará ante la justicia a más tardar el martes.
Los otros dos imputados son el ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y el coronel Carlos Enrique Pavón, que serán indagados el próximo jueves, a las 10. Vera Candioti también propuso al doctor Oroño para que lo defienda y presentó un pedido de eximición de prisión.
En realidad, Oroño tendrá cinco defendidos en la megacausa: los tres tenientes coroneles detenidos: Arrieta, Diab y Morales, el ex juez Vera Candioti y ayer sumó al general Settel. El abogado pidió el arresto domiciliario de Arrieta y de Diab por razones de edad -uno tiene 82 años y el otro 72 y los problemas de salud de ambos.
Morales cerró la ronda de los militares el jueves a la tarde. ¡Dale, sácame un primer plano!, se enojó cuando un reportero de Rosario/12 lo apuntó con su cámara. Y el reportero registró la foto que ilustra la tapa.
En las indagatorias, el juez imputó a los mandos de la dictadura "la totalidad de los hechos ocurridos en la llamada represión ilegal entre 1976 y 1983", explicó Oroño. Todos negaron los cargos.
El teniente coronel Diab "era un oficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, que no tenía funciones operativas", relató Oroño. "El juez le atribuyó haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer estos hechos, que también fue negado y que jamás tuvo ningún acuerdo con ningún otro integrante de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad en tal sentido y tampoco tenía conocimiento de algún plan sistemático destinado a la represión ilegal, según sus expresiones", agregó el abogado.
Morales repitió el mismo libreto, dijo que "no participó en ninguno de los hechos" que le imputan. "Su tarea era de Inteligencia, clasificación de información y todo ese tipo de actividades dentro del Destacamento 122. Lo único que aclaró es sobre un hecho ocurrido (el 24 de marzo de 1977) en Javier de la Rosa y G³emes, que luego de un enfrentamiento, él fue comisionado para que levante un croquis del lugar y describa la situación que había quedado después del tiroteo. Pero fue con posterioridad y la única actividad que realizó en ese hecho fue la que le encomendaron de describir el lugar, nada más. Explicó que ya habían retirado los cuerpos de las personas que resultaron muertas, entre ellos un policía. Y que no vio los cuerpos ni armas, es decir que el lugar ya había sido limpiado", dijo Oroño.
La caída del 24 de marzo de 1977 es una de las que se investiga en la megacausa, donde murieron tres militantes políticos: Norma Meurzet, Silvia Wollert y José Luis Gómez, "en un operativo realizado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía provincial", según el requerimiento de instrucción de la Fiscalía Federal. "Los restos de Gómez fueron identificados y entregados a sus familiares y los de Meurzet y Wollert fueron inhumados como NN el 2 de abril de 1977 en el cementerio de Santa Fe por orden del del Area 212 y recién identificados en 1998.
En el juicio oral y público a los represores, Diab fue acusado por Perizzotti de haberle entregado diez mujeres que estaban secuestradas en un centro clandestino de detención en Santo Tomé a fines de marzo de 1977 y Morales por haber torturado a una joven embarazada de 17 años en la comisaría 4ª, pero el juez no los indagó por esas denuncias. "No hubo preguntas sobre estos temas", concluyó Oroño.
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