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confirman condena por falsos positivos


Tras catorce años de los asesinatos de Raúl Báez Ortega y William Rodríguez Gélvez, en Arauca, la justicia encontró culpables a dos soldados. La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas a un sargento y a un cabo por ejecución de dos campesinos fuera de combate en Arauca en 1995 y pide a la Fiscalía investigue a un Mayor del Ejército.
Colombia. Con ponencia del magistrado Yesid Ramírez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo condenatorio del Tribunal Superior de Arauca al el Sargento Viceprimero Juan Bautista Figueroa, y al cabo segundo Julio Hernando Ríos por el asesinato fuera de combate de los campesinos Raúl Báez Ortega y William Rodríguez Gélvez, el 16 de septiembre de 1995 en Fortul, Arauca. El cabo primero Floriberto Amado Cely también había sido condenado, pero no apeló.
El Tribunal de Arauca había determinado que los militares sacaron a los campesinos Báez y Gélvez a la fuerza de sus casas, los golpearon, les dispararon a corta distancia y luego los hicieron aparecer como guerrilleros vestidos con prendas policiales, muertos en combate con el Batallón de Contraguerrilla No. 24. Y por eso condenó a los militares a 34 años de prisión, les impuso una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales, y los inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos.
Los abogados de Ríos y de Figueroa apelaron el fallo del Tribunal, alegando entre otras, que había habido violación del debido proceso, que el Tribunal se había excedido en sus funciones y que le habían concedido demasiado peso a los exámenes de medicina legal efectuados por un médico rural que fue quien dictaminó que los impactos de bala recibidos por los campesinos no se dieron en el desarrollo de un combate sino como resultado de una ejecución extrajudicial.
La Sala Penal, sin embargo, desestimó los argumentos de la defensa, y confirmó el fallo del Tribunal en casi todo. Solamente, por concepto de la Procuraduría, determinó que la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas que correspondía no permitía inhabilitarlos por más de 10 años.
Así mismo, la Corte ordenó enviar copias del expediente a la Fiscalía General para que investigue la posible conducta ilícita del Comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 24 ‘Héroes de Pisba’, Mayor Gabriel Hernando Pinilla Franco, y de quienes participaron en este operativo militar que terminó con la muerte de los campesinos.

24 de octubre de 2009
©semana
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