paramilitar acusado de seis masacres
24 de octubre de 2009
La Fiscalía formuló cargos contra el exparamilitar Uber Banquez alias Juancho Dique por seis masacres en las que fueron asesinadas 121 personas y los crímenes individuales de seis personas más: los homicidios del ex personero de Arjona, Bolívar, Carmelo Ospino Castrillón, ocurrida el 18 de marzo de 2003; por el secuestro, tortura y homicidio del expresidente de la Unión Sindical Obrera en Bolívar Aury Sará Marrugo y su escolta Miguel Arellano, a quienes retuvieron el día 30 de noviembre de 2001 en el barrio San Fernando de Cartagena, fueron trasladados por el Canal del Dique hasta una finca y después asesinados. Sus cuerpos aparecieron el cinco de diciembre y la orden de secuestrarlo y asesinarlo la dio Carlos Castaño, quien esperaba presionar al gobierno a una negociación.
También lo responsabilizaron por el homicidio del médico Rafael Antonio Vergara Bonfante, de Maríalabaja, Bolívar, un destacado líder cívico que había denunciado el ‘maridaje’ entre las autodefensas y miembros de la policía, pues al parecer los paramilitares utilizaban las garitas del puesto de policía con propósitos criminales. En su versión alias ’Juancho Dique’ dijo que ese homicidio se cometió porque "había que hacerle un favor a la Policía".
El cuarto hecho que dio lugar a formulación de cargos fue el homicidio del alcalde de Chalán, Sucre, Manuel Antonio Fernández Díaz, a quien citaron a la finca el Despeje, en el municipio de Toluviejo. Fernández había ido en compañía de su conductor, Luis Eduardo Flórez Contreras y su escolta Edgar Martelo Mizar, también asesinados por orden de Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’.
Los tres fueron amarrados a un árbol al que permanecieron atados durante varias horas hasta que fueron asesinados el 21 de octubre de 2008 en jurisdicción del corregimiento Palmira la Negra. La orden de Cadena era la de mantenerlos secuestrados, pero casi a la medianoche ordenó asesinarlos y su cuerpos fueron arrojados entre Tolú y Macaján.
Un quinto hecho por el que deberá responder, fue el perpetrado contra Elvín de Jesús Petro Pietro, a quien según ’Juancho Dique’ asesinaron por petición del exjefe paramilitar identificado como Mauricio Londoño conocido con el alias de ‘50’, porque Petro Pietro presuntamente estaba planeando secuestrarlo. Por estos cinco hechos la fiscalía le formuló cargos de homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes, desplazamiento de la población civil, destrucción y apropiación de bienes protegidos.
Uber Bánquez perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia desde 1998 hasta 2005, fecha en que se desmovilizó como fundador del Bloque Héroes de los Montes de María cuyo jefe militar fue Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’. El cabecilla principal de éste grupo fue Eduard Cobos Téllez, conocido con el alias de ‘Diego Vecino’. El Bloque Héroes de los Montes de María toma el nombre de la subregión ubicada en la serranía de San Jacinto abarcando municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, incluidas Cartagena y Sincelejo.
Las Masacres
Además de los ocho homicidios, Uber Bánquez Martínez deberá responder por el asesinato de ciento ventiuna personas asesinadas en seis masacres en las que participó y cuyos hechos y responsabilidad narró y reconoció ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en las versiones libres.
Una de ellas es la masacre de Chinulito, cometida el 13 de septiembre de 2000, en la que paramilitares asesinaron con morteros y garrotes a once personas a quienes sacaron de sus casas en horas de la madrugada. El grupo comandado por ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’ iba acompañado por unos desertores de la guerrilla que se habían entregado a la Brigada de la Infantería de Marina y supuestamente iban señalando a los habitantes del corregimiento como presuntos milicianos de las Farc y el Eln. Las once personas fueron asesinadas a garrote con golpes en la cabeza porque los paramilitares tenían información según la cual la guerrilla y el Ejército se encontraban cerca y los disparos los habrían alertado.
Uno de los crímenes más reprochables fue cometido contra una mujer embarazada a quien asesinaron porque dijeron que era compañera de un guerrillero. Es decir, fueron diez homicidios y once con el que estaba por nacer. También son responsable por estos hechos los exjefes alias ‘Diego Vecino’,‘Cadena’ y otros sesenta paramilitares que participaron en la incursión, en la cual cometieron daño contra bien ajeno y provocaron el desplazamiento forzado de ventiuna personas.
El 24 de agosto de 2000, entre Toluviejo y Colosó, en una zona de la carretera conocida como ‘La Curva del Diablo’, un grupo comandando por ‘Cadena’ y en el que también se encontraban ‘Juancho Dique’, ‘Macayepo’, ‘Caraeloco’, ‘El Cura’, ‘Alambrito y ‘Ratón’, entre otros, montaron un retén, desviaban a los vehículos que desviaban y asesinaron a seis personas. Después de abandonar el sitio del ‘retén’ los paramilitares recorrieron varios caseríos, entre otros Pasacorriendo e incendiaron varias casas y amenazaron a los pobladores diciéndoles que abandonaran el lugar. Por estos hechos le formularon cargos por homicidio, desplazamiento, toma de rehenes y daño en bien ajeno.
Una de las peores masacres en la región de los Montes de María fue la cometida contra los pobladores de Chengue (Ovejas), ocurrida el 17 de enero de 2001, en la que asesinaron a 27 personas y en la que participaron cien hombres fuertemente armados que se transportaron en tres camiones hurtados. Los paramilitares según narró ‘Juancho Dique’, partieron de la finca ‘El Palmar’ (San Onofre), donde ‘Cadena’ había establecido su campamento y llegaron al municipio de Chengue a la una de la mañana vistiendo uniformes privativos de las Fuerzas Armadas, portando armas de largo alcance entre las que llevaban lanza granadas y M-60, así como fusiles, y con brazaletes distintivos de las AUC.(Ver artículo sobre la masacre de Chengue)
En el relato de los hechos al hacer la formulación de los cargos la fiscalía dice que al ingresar al pueblo cortaron el servicio de energía eléctrica, pateaban las puertas de la casas y sacaban a las personas somnolientas, gritaban y vociferaban contra los habitantes. Con el pueblo a oscuras y en medio de la sorpresa, llevaron a los habitantes al parque principal y a 27 hombres los obligaron a tenderse en el piso boca abajo. A las mujeres y los niños, que fueron encerrados en una casa, los amenazaban gritándoles que los iban a matar porque todos eran guerrilleros. Algunos pobladores lograron huir y esconderse en el monte. El grupo paramilitar permaneció en Chengue hasta las seis de la mañana, provocando con su incursión el desplazamiento de 237 personas en su mayoría familiares de las víctimas y habitantes, la mayoría de los cuales no ha regresado.
Por estos hechos la fiscalía le formuló a Uber Bánquez alias ‘Juancho Dique’ cargos por los delitos de homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes, apropiación y destrucción de bienes y desplazamiento forzado de la población civil.
Otros cinco homicidios por los cuales responderá el postulado Uber Bánquez es por los cometidos en la masacre de Libertad, San Onofre (Sucre), cometida el 1 de junio de 2000. Con el mismo procedimiento ingresaron a las viviendas tumbando las puertas y sacaban a las personas de sus casas, las maniataron, los tendieron boca abajo y las asesinaron con arma de fuego. Por estos hechos le imputaron los delitos de homicidio y tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, toma de rehenes y apropiación y destrucción de bienes protegidos.
El décimo hecho que la fiscalía alcanzó a formular fue por la masacre de Retiro Nuevo perpetrada el día 19 de abril de 2001 en el municipio de María la Baja (Bolívar), en el corregimiento de Retiro Nuevo. Las cinco personas asesinadas fueron sacadas de sus casas en horas de la madrugada y se las llevaron en unas camionetas unos hombres que llegaron con pasamontañas, los sacaron del pueblo asesinándolos en el sector de La Pava, corregimiento de San Pablo), a unos kilómetros de sus viviendas. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente en la carretera que de San Pablo comunica con Retiro Nuevo. Bánques deberá responder por los delitos de homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes y destrucción de bienes protegidos.
El Salado, la Masacre Anunciada
La reconstrucción que la fiscalía logró hacer de los hechos encontró que la masacre había sido anunciada dos meses antes y las autoridades no hicieron nada para impedirla. Dos meses, entre los días 18 y 19 de diciembre un helicóptero arrojó panfletos sobre el corregimiento en los que decían: ‘Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan porque no van a disfrutar más’.
El 15 de febrero, un día antes que los paramilitares emprendieran su caminata sangrienta, el director seccional del CTI en Bolívar, Miguel Ángel Parra, se dirigió al comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina informándole lo siguiente: "Con base en datos suministrados a nuestras dependencias se tiene que para los próximos días, las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos Castaño, iniciarán acciones en el área comprendida entre los municipios de San Jacinto y Carmen de Bolívar. Lo anterior como respuesta a las incursiones del frente 37 de las Farc, más exactamente en el área de Bajo del Oso. De la información recopilada se tiene que este grupo de autodefensas, operará inicialmente con un número aproximado de ochenta (80) a cien (100) hombres bien armados y con entrenamiento suficiente. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes (...)
El director del CTI se había quedado corto al anunciar la incursión de 100 hombres armados, cuando en realidad fueron, de acuerdo con la fiscalía, 450 hombres provenientes de frentes en el Cesar, Magdalena y Bolívar. Del Cesar, Jorge 40 mandó a Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’; del Magdalena vino alias 5.7, del frente Sabanas llegó ‘Amaury’ y también el grupo Héroes de los Montes de María comandados por alias ‘Vecino’, ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’ llegaron para conformar los tres grupos básicos, pero después se subdividieron.
El 16 de febrero hubo otras dos comunicaciones advirtiendo de la incursión de los paramilitares, pero nadie creyó que sería posible. El 17 de febrero el teniente coronel se dirigió al coronel Rodrigo Quiñones, informándole de la incursión armada de los paramilitares a los corregimientos de Flor del Monte, Canutal, Canutalito, El Cielo y La Piña, entre los municipios de Ovejas (Sucre) y San Pedro (Bolívar).
El 18 de febrero hubo en Sincelejo un Consejo de Seguridad en el que participaron el gobernador, las fuerzas militares y los organismos de seguridad, pero en el mismo sólo se desarrolló una conversación según la cual en la zona rural d los Montes de María se estaba presentando una grave situación de orden público por enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. El comandante de la incursión fue alias Amaury, y el centro de reunión para preparar la incursión fue una finca en El Guamo de donde partieron unos en camión y otros a pie.
Antes de ingresar a El Salado dejaron en el camino más de 24 muertos y en el Parque Principal del corregimiento asesinaron a 38 personas antes hombres, mujeres, niños y ancianos, para un total de 62 homicidios; hubo dos casos de violencia sexual, torturaron a toda la población, desaparecieron a cuatro personas, tomaron como rehenes a toda la población de El Salado y provocaron el desplazamiento de más de 900 personas.
Por los hechos anteriores, confesados por Uber Bánquez, alias ‘Juancho Dique en su audiencia ante Justicia y Paz, la fiscalía le formuló pliego de cargos por los delitos de homicidio, tortura, toma de rehenes, apropiación y destrucción de bienes protegidos, desplazamiento forzado y acceso carnal violento.
Los dos días de audiencia no alcanzaron para formularle al postulado todos los hechos confesados que, además, han sido verificados por la fiscalía y en total suman 27 homicidios. Quedaron pendiente para formulación de cargos las masacres de Palo Alto, Colosó, Caracolí y Puerto Badel.
La audiencia estaba prevista para realizarse los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre, pero fue aplazada durante dos días porque, según afirmaron en la audiencia pública el magistrado Eduardo Porras Galindo, la fiscal Yolanda Gómez Martínez y la procuradora Martha Choperena, el Inpec no trasladó oportunamente al postulado.
La oficina de comunicaciones del Inpec afirmó a Verdad Abierta que no lo hizo porque el postulado se encuentra a disposición de otro despacho, lo cual resulta extraño para la Unidad de Justicia y Paz pues el postulado había sido trasladado a Bogotá precisamente para una audiencia de legalización de formulación de cargos y medida de aseguramiento realizada ante el Tribunal de Conocimiento de Justicia y Paz en Bogotá. El procedimiento judicial indica que si otro despacho lo requiere, debía solicitarlo para cualquier procedimiento al despacho de Justicia y paz.
©verdad abierta
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