cuándo llega la cpi a colombia
1 de noviembre de 2009
Colombia. Todos quienes están en la guerra le temen a la Corte Penal Internacional (CPI). Y no les falta razón. Hasta hace unos años, las guerrillas y los gobiernos cometían las peores atrocidades contra civiles o contra sus enemigos, en nombre de causas justas, de ideologías o de desagravios. Luego los pactos de paz, o las victorias militares hacían que masacres, violaciones, despojos y torturas quedaran en la impunidad y el olvido, y las víctimas se tragaran a solas sus amarguras cuando se levantaba la niebla de la guerra.
Pero la comunidad internacional decidió que eso ya no es aceptable. Por eso desde 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma y la CPI en la que se juzgará a las personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En ese año, Colombia firmó una excepción. En ese entonces el presidente Andrés Pastrana decidió que durante siete años habría una salvaguarda para los crímenes de guerra, que son, entre otros, el reclutamiento forzado, el secuestro, la tortura y el asesinato de civiles. El gobierno calculaba que en 2009 quizá ya se habría superado el conflicto en Colombia y que el Estado tendría un margen de maniobra para ofrecer un pacto de paz, sin que la CPI pudiera intervenir. Pero llegó el primero de noviembre de este año, la excepción terminó y en Colombia no sólo no ha cesado la guerra, sino que ya no es pensable un proceso de negociación sin justicia.
La CPI sólo actúa cuando la justicia nacional no lo hace, bien sea porque no tiene capacidad, porque está colapsada o es demasiado corrupta. Hasta ahora la CPI está investigando casos en Congo, Uganda, Sudán y la República Centroafricana. Por lo menos en tres de estos países su intervención fue solicitada por los propios gobiernos. Se trata de Estados muy débiles, casi fallidos, y ese no es el caso de Colombia, donde las altas Cortes, la Fiscalía y los jueces, a pesar de muchas dificultades, se han modernizado y están cumpliendo su labor.
Otro elemento importante es que la salvaguarda que acaba de vencer es sólo para crímenes de guerra. Los de lesa humanidad como las masacres, la desaparición y el genocidio han sido de jurisdicción de la Corte desde cuando ésta se creó en 2002, y si hasta ahora no ha sido llamado ningún gran criminal del país es porque Colombia está intentando hacer justicia por sí misma.
También es importante entender que la CPI, aunque juzga individuos y no Estados, busca a los grandes responsables, no a los simples reclutas de los grupos armados. Hasta ahora se ha concentrado en jefes de Estado o altos comandantes de guerrillas. Tampoco se fija en casos aislados, por graves que sean, sino en situaciones de crimen generalizado y sistemático en las sociedades.
Muchas organizaciones de derechos humanos le han hecho llegar a la CPI, y en particular a su fiscal Luis Moreno Ocampo, denuncias sobre el caso colombiano. El funcionario ha venido en varias ocasiones a Colombia y se ha declarado un observador muy atento de lo que aquí ocurre. Pero eso no quiere decir que la CPI llegue a abrir un caso sobre Colombia. Eso, en realidad, es bastante remoto, no porque la Corte no sea una espada de Damocles que se cierne sobre guerrilleros, paramilitares y militares en Colombia, sino porque a pesar de sus dificultades, la justicia está operando en Colombia.
Los jefes paramilitares que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz en teoría deberían quedar blindados de la CPI. El fiscal Moreno Ocampo se ha expresado a favor de la Ley, especialmente por sus exigencias en verdad y reparación con las víctimas. El verdadero problema afecta a los paramilitares extraditados que purgan condenas en Estados Unidos por narcotráfico. Si alguna vez salen de allí, los esperan en Colombia los procesos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Esos juicios están abiertos en Colombia y sólo si siguen en Justicia y Paz, y colaboran efectivamente, podrían obtener penas bajas. Si quedan fuera de este proceso, se les debería juzgar por la ley ordinaria. De lo contrario, la CPI podría juzgarlos por los crímenes cometidos después de 2002.
El año pasado, sin embargo, Moreno Ocampo vino a Colombia interesado en conocer un tema especial: qué vínculo podrían tener los para–políticos con crímenes que atañen a la Corte, como las masacres, desapariciones y el desplazamiento. El fiscal dejó claro que a este alto tribunal le interesa que se juzgue a los ‘cerebros’ y no sólo a quienes portan los fusiles. Pero se tendría que demostrar que el político hacía parte de la cúpula de la organización armada y que los crímenes de lesa humanidad ocurrieron bajo su mando y responsabilidad. Algo que no ocurrió en la mayoría de los casos y que, si ocurrió, es muy difícil de demostrar.
Muchas ONG también sueñan con ver a los principales jefes de las Farc en un tribunal de La Haya. Pero esto tampoco será tan fácil. La Corte sólo podría llevárselos si la justicia colombiana no actuara. Y eso no ha ocurrido. De hecho, las cúpulas de las Farc y del ELN tienen decenas de condenas en su contra y cuando son capturados, van directamente a la cárcel. Los que se desmovilizan, como ‘Karina’, tienen la opción de acogerse a Justicia y Paz. Pero en lo que es claro es que en un eventual proceso de negociación con las guerrillas, será imposible que no vayan, por lo menos un tiempo, a la cárcel. Y que no se les exija, como a los paramilitares, verdad y reparación. Justamente este elemento, que las guerrillas aún no parecen entender en su magnitud, es considerado por muchos uno de los obstáculos para un futuro proceso de negociación con la insurgencia armada. La salvaguarda que se acaba esta semana cerró una de las puertas que permanecían abiertas.
El tema de los militares es también complicado. En las Fuerzas Armadas muchos han empezado a entender que la justicia internacional busca contener los abusos de poder de los ejércitos y que, en ese sentido, la intervención de la Fiscalía en muchos procesos lo que hace es blindar a los militares de una posible actuación de la CPI.
Por ejemplo, en el caso de los falsos positivos. El relator de la ONU dijo que las ejecuciones extrajudiciales no eran casos aislados, sino que había un patrón sistemático, lo cual, en términos de justicia internacional, es grave, pues implica que se trataría de crímenes de lesa humanidad. Más aun cuando se trata de ejércitos organizados, con mando responsable, pues también se podría concluir que puede ser un plan o una política. Por eso es crucial que la Fiscalía investigue y los jueces impartan las sentencias que sean necesarias. Si no lo hiciera, estaría dejando abierto un resquicio para la CPI, especialmente en casos que ocurran después de este primero de noviembre. Este imperativo moral de la comunidad internacional aún no es comprendido por sectores de los militares que consideran sospechosa la vigorosa actuación de la Fiscalía y la consideran parte de una "guerra jurídica".
Finalmente, es frecuente que ONG digan que llevarán casos puntuales ante la CPI, unas contra las Farc, por ejemplo, otras contra los paramilitares o el gobierno. Pero hay que entender que si el Fiscal de este tribunal decide abrir un expediente, no mirará a un grupo o autor de crímenes en particular, sino toda la situación del país. Los investigará a todos. No obstante, es posible que eso nunca ocurra. Todo depende de la fortaleza del Estado colombiano para hacerle frente a este desafío. Porque finalmente, más que para juzgar a mucha gente, la CPI se hizo para incentivar las justicias de cada país, para quitarle piso a la impunidad y para que los criminales de guerra sepan que son observados en el mundo entero. Porque sus crímenes no sólo ofenden a sus víctimas, sino a la humanidad.
©semana 
0 comentarios