dudoso acuerdo militar
1 de noviembre de 2009
Colombia. En Colombia todos los días se firman acuerdos y pactos. Pero se cuentan con los dedos de la mano los que pasan a la historia. Y el del pasado viernes 30 de octubre será uno de ellos. Así como el Pacto de Benidorm -que en 1956 dio una tregua a la guerra civil- o el Plan Colombia -que se concibió en 1999 para la guerra contra las drogas-, el acuerdo que el país acaba de firmar, con el que le da permiso a Estados Unidos para utilizar siete bases militares, tendrá un gran impacto.
Nadie puede negar que con el pacto Colombia estará más dotada para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Y esa es la presentación más atractiva del instrumento que firmaron el canciller, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos, William Brownfield. Gracias a ese argumento en la última encuesta es aplaudido por el 58 por ciento de los colombianos.
Pero a pocos les cabe duda de que Colombia estampó la firma para hacerse a un escudo de contención para una eventual guerra con Venezuela. Los militares colombianos manejan la tesis de la guerra con el vecino desde hace muchos años y nunca habían podido dar con la fórmula de cómo armarse para estar a la altura de los juguetes de guerra adquiridos con la petrochequera chavista. Este acuerdo les cayó como del cielo. Pues algo va de los 40 tanques que Colombia quería comprarle a España en 2004 para ’contener’ cualquier ofensiva de los vecinos por La Guajira, a los aviones militares C-17 que operarán en Palanquero y que pueden cubrir todo el continente sin reabastecerse de combustible. Con razón decía el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero que con el acuerdo "Colombia gana porque no tiene que meterse a la carrera armamentista de la región".
Pero eso no quiere decir que las intenciones de Colombia coincidan por completo con las de Estados Unidos. Un documento del Departamento de Defensa de ese país, que SEMANA revela hoy, en una sola frase va al grano. Dice que poder utilizar la base de Palanquero es una "oportunidad única" para poder hacer un "completo espectro de operaciones" en una región "crítica" donde la "seguridad y la estabilidad están bajo constante amenaza" no sólo por narcoterroristas, sino -lo más revelador- por "gobiernos anti Estados Unidos" (ver facsímil).
Se trata del informe en que el Pentágono explica al Congreso sus planes para 2010 y le pide, entre otros, los 46 millones de dólares que va a invertir en el "desarrollo de la base aérea" de Palanquero. Es el primer documento de carácter oficial que menciona el interés que puede tener Estados Unidos de utilizar la base colombiana para ayudar a mantener la "seguridad y estabilidad" frente a países que no simpatizan con Washington.
El gobierno de Colombia siempre ha negado que esté dando permiso para que usen sus bases en contra de otros países. Sin embargo, como los términos exactos del acuerdo sólo se conocerán -según informó la Cancillería- el martes de esta semana, cualquier interpretación es arriesgada.
Lo cierto es que el acuerdo ya es una realidad. Y más allá de los tropiezos que tuvo para concretarse, tal vez lo más complejo es lo que viene. El concepto que rindió el Consejo de Estado si bien no obliga al gobierno, es muy elocuente y señala tres puntos complicados del acuerdo (ver recuadro).
En primer lugar, le recomienda al gobierno que pase el texto para aprobación del Congreso de la República porque considera que tiene unos alcances que van más allá de un "acuerdo en forma simplificada". Es decir, que no es un acuerdo que desarrolle un tratado previo, que por ende no necesitaría una nueva autorización, sino que da atribuciones nuevas y en particular en materia de soberanía. Para sustentar esa tesis, el magistrado ponente evaluó uno a uno los 19 tratados, declaraciones o pactos a los que se hace referencia en el texto y, según él, ninguno de ellos sirve de paraguas legal para el acuerdo.
El presidente Uribe, a pesar de la recomendación, optó por no pasarlo por el Congreso para evitarse un desgaste que, al final, podía ser innecesario. Habrá quienes lo cuestionen, pero de ahí a que el acuerdo sea demandado hay mucho trecho. Nunca se ha dado en el país una demanda de este tipo. Y en caso de que se dé, la posibilidad de que sea admitida por la Corte Constitucional también es muy lejana.
La complejidad jurídica de este tipo de acuerdos es tal, que en alguna ocasión el procurador Edgardo Maya quiso promover que todos los "acuerdos simplificados" tuvieran que pasar por la aprobación del Congreso, pero desistió de su empeño cuando se dio cuenta de que por esa vía se abría un boquete gigante para revisar todo tipo de acuerdos fundamentales del país.
Según magistrados consultados, el debate jurídico se podría dar más alrededor de preguntas puntuales como ¿Qué compromisos adquirió el Presidente? ¿Qué cedió en soberanía?
Las implicaciones más sonoras serán más bien de índole político-estratégica. Y ahí viene el segundo punto del concepto del Consejo de Estado. Este tribunal asegura que se trata de "un acuerdo desbalanceado" porque la conclusión que queda luego de leerlo es que Estados Unidos manda y Colombia figura como cooperante.
Esa asimetría entre los dos países es el precio que paga Colombia por tener un respaldo militar de grandes ligas. Y desde el punto de vista histórico, está en la línea de la serie que comenzó hace poco menos de un siglo con el "respice polum" de Marco Fidel Suárez, siguió con el "peón del imperio" que acuñó Alfonso López y terminó con el apodo del "caín de América Latina" que se ganó el país durante la guerra de las Malvinas.
Pero tal vez lo más grave del concepto del Consejo de Estado -y ese es el tercer punto-, es que sugiere que no queda claro qué está permitiendo. O mejor, que quedan tantas puertas abiertas para que se hagan nuevos acuerdos, que "en últimas podrían cambiar el contenido total del mismo".
El hecho de que el gobierno le haya pedido su concepto al Consejo de Estado y no lo haya acatado demostró que era una determinación sin reversa. El presidente Uribe, para curarse en salud, decidió consultar a los presidentes de la Cámara y el Senado, 24 horas antes de firmar el acuerdo.
Se cerró este primer capítulo de la historia en el que en el planteamiento de nueva guerra fría en la región, Colombia quiere sacar ventaja de su alianza estratégica con Estados Unidos. Pero todavía quedan muchos por escribir.
©semana 
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