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terrorismo e impunidad en pakistán


Cometió setenta asesinatos y está a punto de salir en libertad. El miedo impide que muchos paquistaníes enfrenten a los fanáticos en tribunales. Fida Hussein Ghalvi declaró contra uno de esos sospechosos y ha debido pagar por su coraje.
[Sabrina Tavernise y Waqar Gillani] Multan, Pakistán. Han pasado doce años desde que Fida Hussein Ghalvi declaró contra el militante acusado de haber asesinado a doce miembros de su familia. Pero algunos días se siente como si fuera él el que terminó en la cárcel. Todavía recibe amenazas, sus criados renunciaron y ahora vive con un guardia armado en su puerta.
Lo más desesperante es el hecho de que el militante -Malik Ishaq, uno de los fundadores de la secta más violenta del país, cuyo expediente policial tiene un escalofriante número de víctimas de cerca de setenta asesinados- nunca ha cumplido ninguna de sus condenas.
En Pakistán la debilidad del estado sólo se compara con el poderío de sus criminales. Cuando Ishaq fue arrestado en 1997 desató entre miembros de su extensa red una campaña contra sus opositores, asesinando a los testigos, amenazando a los jueces e intimidando a la policía, provocando que todos los juicios en su contra finalmente colapsaran.
Ahora con las acusaciones en su contra en su mayoría agotadas, Ishaq, 50, héroe yihadista y líder de la organización extremista Lashkar-e-Jhangvi podría salir en libertad bajo fianza este mismo mes. Esa perspectiva aterroriza a Ghalvi, cuyo mundo se ha reducido al tamaño de su casa en esta ciudad en el centro de Pakistán.
"Mi vida está totalmente constreñida", dijo. "Ni siquiera puedo ir a funerales. ¿Qué he ganado después de trece años de lucha, excepto pena?"
Castigar a los criminales es un asunto resbaladizo en Pakistán, donde años de gobierno militar han debilitado gravemente tanto las instituciones civiles del país como su cuerpo policial. Su código penal data de los años sesenta del siglo 19. No hay una ciencia forense moderna, dejando el peso de la prueba a los testigos, los que, sin un programa de protección adecuado, normalmente se niegan a comparecer.
Lo que es más, las agencias de inteligencia del país tienen una larga historia de mantención de los fanáticos como fuerzas mercenarias, por encima de las policías. Pocos civiles, jueces e incluso agentes de policía se atreven a oponerse a lo que los paquistaníes dan por sentado que es una red de apoyo intocable.
Ese es el caso de Hafiz Saeed, un clérigo que fue liberado de su detención domiciliaria en junio, pese a abundantes evidencias de que su organización es responsable de los atentados en Bombai, India, el año pasado, que costó la vida a más de 160 personas.
Ishaq no es una excepción. La agencia de espionaje de Pakistán, cubriéndose de la revolución chií en el vecino Irán y a favor de la guerra contra los soviéticos en Afganistán, empezaron a entregar dinero a organizaciones extremistas sunníes como la suya en los años ochenta.
En estos días Ishaq, un comerciante de cigarrillos con escasa educación que ha estado encarcelado desde 1997 con 44 cargos en su contra, ya no parece contar con el apoyo oficial, dijeron agentes de policía. Incluso así, condenarlo ha sido prácticamente imposible.
Una de las principales razones es el temor. Empezando en 1997, Ishaq fue sometido a juicio por la muerte de doce personas en una reunión de la familia Ghalvi, que son chiíes. Los testigos empezaron a morir poco después de iniciado el juicio. El hermano mayor de Ghalvi fue asesinado a balazos en su tienda de abarrotes. Un vecino fue acribillado cuando se dirigía a su trabajo.
La intimidación de los testigos se convirtió en una herramienta efectiva después de 1990 cuando se aprobó una ley islámica conocida como ‘dinero contra sangre’, que permite que los criminales arreglen sus crímenes con las familias de las víctimas fuera de tribunales. De acuerdo a Tahir Wasti, ex asesor jurídico del gobierno provincial de Punjab, la ley dio a las asustadas familias un incentivo más para no pasar por el dolor de un juicio.
La ley, implementada por el dictador militar de los años ochenta, Zia ul-Haq, provocó que el número de casos cancelados en distritos de Multan y alrededores se duplicara entre 1981 y 2000, de acuerdo a Wasti. Sólo el tres por ciento de los casos de homicidio en la zona termina en condenas, dijo, sólo una pequeña parte de la tasa en Estados Unidos.
"La ley ha sacudido a todo el sistema de justicia criminal", dijo Wasti, que ha escrito un libro sobre el tema. "Ha alentado a todos los criminales de Pakistán, que han usado este resquicio legal para matar a todos los que quieren".
Pese a ocho muertes más y ocho años de trámites judiciales, los Galvi se han negado a hacer compromisos, pero para su amarga desilusión, un juez resolvió en 2004 que no había suficientes evidencias para una sentencia condenatoria. El caso se encuentra desde entonces en una corte de apelaciones.
La razón de la absolución no está clara, pero es posible que el trabajo policial anacrónico sea el responsable. Pakistán no cuenta con un laboratorio forense moderno, y las herramientas policiales de hoy -huellas digitales, muestras de ADN- no están disponibles aquí.
Los agentes de policía son corruptos, exigen dinero para tomar casos y ejecutan órdenes ilegales de los superiores para hacer tratos con los criminales. Las agencias de inteligencia también interfieren deteniendo a un militante, sacándolo de circulación durante meses para entregarlo a la policía cuando su crimen ya ha sido archivado.
Pero hay agentes honestos, y uno de ellos, en opinión de Ghalvi, es Ijaz Shafi, un detective de policía que trabajó en otro caso contra Ishaq. El agente Shafi, que es sunní, estaba indignado con los asesinatos religiosos que estaban devastando a Pakistán en los años noventa -a veces hasta cien al día.
"Un doctor fue asesinado en su clínica sólo porque era chií", dijo el agente Shafi, cuya retumbante voz y dramáticos gestos le dan el aire de un director de cine italiano. "Yo pensé: ‘Esto no es correcto. Debemos combatirlo’".
Se encargó de uno de los casos más espectaculares contra Ishaq, una conspiración en la que fueron asesinadas ocho personas en un centro cultural iraní en Multan en 1997.
Al agente Shafi le costó tres meses convencer a un técnico de teléfonos para que declarara como testigo. Engatusó a un grafólogo para que declarara en la corte. Consiguió otro testigo obteniendo un visado para Malasia para él.
Entretanto, unos pistoleros metieron trece balas en el coche del agente Shafi. Las llamadas telefónicas con amenazas se hicieron tan frecuentes que su esposa empezó a responder diciendo que llamaran a la comisaría de policía.
El trabajo tuvo resultados: un juez dictó una sentencia condenatoria. Pero entonces, en el momento más decepcionante de su carrera, la Corte Suprema la revocó.
"Tuvieron miedo", dijo el juez que dictó la sentencia inicial, explicando la decisión de la Corte Suprema. "Es tan claro como la luz del día".
El juez, que ha juzgado más de noventa casos de terrorismo y ha utilizado dieciséis matrículas diferentes para evitar que le siguieran, tuvo que emigrar al extranjero después del juicio, aunque ahora ha vuelto a Pakistán. Accedió a hablar condición de que no se mencione su nombre. Sus sentencias condenatorias han sido revocadas con tanta frecuencia, dijo, que una vez se encontró con un hombre al que había condenado a muerte que en lugar de eso estaba trabajando como inspector de autobuses.
"El sistema de justicia criminal está casi completamente roto", dijo el juez, explicando que Ishaq había incluso confesado ante él los asesinatos del centro iraní, pero que según la ley paquistaní sólo se pueden usar como pruebas las confesiones escritas. "Se necesita una revolución para arreglarla".
Esa deficiencia es particularmente asfixiante a la luz de la subversión paquistaní, que las fuerzas armadas del país están combatiendo con tácticas rudas que carecen de la precisión necesaria que sólo una fuerza policial efectiva podría proporcionar.
"Tienes que poder infiltrar esos grupos para poder acusarlos", dijo Samina Ahmed, directora del Grupo Crisis Internacional en Pakistán. "No se puede hacer con helicópteros de guerra".
Pero durante años la policía ha sido desplazada, quedando sin personal suficiente y mal pagada. Hay cincuenta mil agentes para cubrir toda la provincia de la Frontera Noroeste, una región del tamaño de Suiza, donde los extremistas son muy activos. En contraste, en solo en Nueva York hay 35 mil agentes.
Naciones Unidas no ha hecho nada. Según Christine Fair, experta de la RAND Corporation, entre 2002 y 2008 algo más del dos por ciento de la ayuda estadounidense a Pakistán se ha destinado a la policía.
Es probable que el problema empeore. Grupos extremistas como Lashkar-e-Jhangvi, están ahora entrelazados con el Talibán, al Qaeda y bandas criminales con ambiciones internacionales. Es precisamente esta mezcla de crímenes violentos y retórica religiosa la que ha convertido a la insurgencia en algo tan venenoso, dice Ahmed.
Los juicios justos de los yihadistas que han cometido crímenes violentos es el único modo de exponerlos. "Los priva del velo de la ideología", dijo, "y deja atrás el rostro desnudo de un criminal".
Pero esos juicios son raros y dejan a personas como Ghalvi, que se atreven a hacer frente a los extremistas, viviendo en un extraño estado de animación suspendida. Espera ansiosamente su apelación. Sus campos de algodón se han deteriorado. Ya no sale a comprar su ropa.
Incluso en la cárcel, Ishaq pudo alcanzarlo. Cuando le negaron a Ghalvi una extensión de su crédito, un amigo que trabajaba en el banco le confió que el gerente había sido aproximado por los compatriotas de Ishaq.
El mes pasado un amigo hizo un doloroso descubrimiento: carteles en un muro en esta ciudad felicitando a Ishaq por su inminente liberación.
"A veces me siento como un prisionero, y los asesinos están libres", dijo Ghalvi en su enorme sala de recibo -en la oscuridad debido a la falta de electricidad. "¿Dónde está la justicia?"

19 de noviembre de 2009
5 de agosto de 2009
©new york times
©traducción mQh
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