sobrevivientes olvidados
24 de enero de 2010
Tras retornar al país, nunca pensaron en la posibilidad de compensar el daño sufrido, pero la creación de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, en 2003, les dio una luz de esperanza. Sin embargo, el hecho de haber enfrentado la amargura de la dictadura al otro lado de la cordillera los marginó de las reparaciones otorgadas. Más allá del dinero, hoy buscan que el Estado chileno asuma la deuda simbólica que tiene con ellos.
[Javier Soto] El 27 de octubre del año pasado, Catalina Palma Herrera (61) buscó la mejor manera de manifestar su descontento sin atentar contra la formalidad. No estaba sola. Otras 16 personas la apoyaban. Todos compartían un mismo objetivo y una misma condición. A través de una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet interpelaron al gobierno para que de una vez por todas se les reconociera como víctimas de la violencia y la represión.
Se trata de un grupo de chilenos que vivió el encierro y la tortura mientras se encontraba en Argentina, durante los años 70. Eran tiempos en que ellos pensaban que, tras el golpe en Chile, las cosas al otro lado de la cordillera andarían mejor. Sin embargo, los tentáculos de los organismos represivos de ese entonces no medían distancias.
Los dardos lanzados al comienzo de la misiva tienen un blanco bien definido: la Comisión sobre Prisión y Tortura en Chile, creada por el Presidente Ricardo Lagos en 2003. Según el escrito, la Comisión Valech -como también es conocida- "no reconoció a un número importante de chilenos que fueron detenidos, torturados e incluso desaparecidos en la Argentina".
Esto, a pesar de que el Estado asumió la existencia de la Operación Cóndor, acción de inteligencia impulsada por la DINA que motivó su persecución y donde intervinieron, en común acuerdo, los servicios secretos de Chile, Argentina y Brasil, entre otros.
Ante la creación del Instituto de Derechos Humanos y la futura reapertura de la Comisión Valech, el grupo busca algo que va más allá de las indemnizaciones. Aclaran que su reivindicación es de carácter moral y simbólico. Si bien hace tiempo recibieron una compensación por parte del Estado argentino -pagada a través de bonos devaluados-, sólo esperan que esta vez sea el gobierno chileno el que responda por la larga pesadilla que vivieron lejos de casa.
Una Contradicción Evidente
La respuesta enviada por María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para Políticas de Derechos Humanos, llegó el 3 de noviembre y no cayó nada de bien entre los demandantes. Los argumentos presentados en la réplica buscan, desde el primer momento, el acomodo legal. De hecho, la encargada del organismo asesor parte por dejar en claro que la Ley 19.992 -la famosa Ley Valech- "restringe su competencia exclusivamente a las víctimas que sufrieron represión dentro del territorio nacional". Ellos contraargumentan que el mandato que da origen a la comisión investigadora asegura "que son sujetos a reparación todas las personas que sufrieron prisión política y torturas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990", sin importar dónde.
A esto se suma la alusión que hace Sepúlveda a la Constitución Política de la República con el fin de justificar el criterio de territorialidad que excluye los casos de estas personas. En resumidas cuentas, se trata de los artículos 24 y 32 Nº 8, relativos al gobierno y a la administración del Estado y a las atribuciones especiales del Presidente, como la potestad reglamentaria.
Y es aquí donde las contradicciones se agudizan. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 355 de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia o Comisión Rettig, "los hechos con resultado de muerte o desaparición que hubiesen sucedido en el país o en el extranjero, siempre y cuando en este último caso tuvieran relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, debían ser conocidos por la comisión". Si bien se consideró los asesinatos y desapariciones asociados al despliegue de la Operación Cóndor en territorio argentino, no hubo cabida para quienes, bajo la misma instancia, sufrieron del encierro y la tortura.
Paula Salvo del Canto es una abogada experta en materia de derechos humanos. Pertenece a la Corporación Humanas y, por más de 5 años, ha apoyado esta demanda. Para ella el problema de exclusión que sufren los ex presos políticos chilenos en Argentina se traduce en que los miembros del organismo investigador han hecho "una interpretación restrictiva del mandato". Además, fue enfática en señalar que el Estado tiene la responsabilidad de entregarles algún tipo de medida compensatoria. "Si no se les repara, se está produciendo una situación de discriminación", agregó.
Por su parte, la socióloga Catalina Palma -redactora oficial del grupo- dio fe de estas circunstancias. Confirmó a LND que varios de sus compañeros presentaron, años atrás, sus testimonios ante la comisión dirigida por monseñor Sergio Valech sin obtener resultados positivos. "Luego de un tiempo nos avisaron que nuestros casos no calificaron por haberse dado fuera del territorio nacional".
Sobrevivientes
Ernesto Benado Rejovitzki (81) vive junto a su esposa Maruja en un departamento de calle Carmencita en Las Condes. Ingeniero civil de profesión y militante socialista, tuvo que dejar el país en 1973.
Durante un año y medio dictó clases en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Hasta que el 25 de noviembre de 1975, la Policía Federal lo capturó como a otros miembros del partido. Estuvo recluido en el penal de Resistencia y El Chaco hasta julio de 1977. Luego se fue a Inglaterra y después se radicó en México. Ahí estuvo hasta 1988, cuando por fin se le dio la posibilidad de retornar al país.
Ximena Zavala (60) estudiaba Sociología en la Universidad de Chile cuando después del 11 se septiembre su escuela fue cerrada. Era compañera de carrera de Catalina Palma y ambas se vieron en la obligación de escapar de Chile en dirección a la Argentina. "La vida de un militante clandestino era muy corta. Estábamos en esto desde el 73. Después de dos años ya era muy difícil mantenerse en Santiago", señaló la actual consultora de Derechos de la Mujer de Corporación Humanas.
Arribaron a Buenos Aires en marzo de 1975. Junta a ellas también viajó el ex militante del MIR Gabriel Salinas, que en ese entonces era pareja de Ximena. El 24 de noviembre de ese mismo año la policía los encontró. Ese mismo día habían caído presos otros 12 chilenos, entre los que estaban el fallecido diputado Juan Bustos y Mario Toer.
Ximena primero estuvo recluida en Cordina, en el centro de Buenos Aires. "Nos llevaron vendados. Estuvimos incomunicados ahí entre 10 a 15 días", confesó. Después de eso fue enviada a la prisión de Villa Devoto. "La violencia en las cárceles argentinas fue muy grande", enfatizó. Después de 11 meses ella y la "Caty" -como aún sigue llamándola- pudieron salir de Argentina. Al igual que Ernesto Benado, un avión las esperaba para llevarlas hacia Inglaterra. Finalmente volvió a Chile en 1996.
Puertas Abiertas
A ojos del presidente de la Asociación Nacional de ex Presos Políticos (Anexpp), Héctor Cataldo, el reclamo realizado por los ex prisioneros en Argentina posee absoluta validez. "Es un derecho que se le consagra a todas la víctimas de violaciones de los derechos humanos", dice. Tomando en cuenta la pronta reapertura de la Comisión Valech -que según fuentes del Ministerio del Interior debiera ser dentro de los próximos días, tras la firma de un decreto presidencial- considera que lo mejor que pueden hacer los afectados es presentar nuevamente sus antecedentes. Aunque esta vez, de manera colectiva.
©la nación 
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