bombardeo violó fuero indígena
3 de febrero de 2010
La OIA dice que error militar en ataque al resguardo de Jiguamandó, en el Urabá antioqueño, busca generar desplazamiento. Uribe dice que FAC es "cuidadosa" con civiles y acusa a Farc de camuflarse.
Colombia. Los esposos Marta Ligia Majoret, de 38 años y José Rubiano Bariquira, de 23, se encuentran en el hospital San Vicente de Paúl, luego de que el ejército bombardeara su casa en el resguardo de Urada Jiguamiandó, en el Urabá antioqueño.
Ellos se encontraban durmiendo en su casa ubicada entre los municipios de Mutatá y Murindó, cerca al río Atrato, cuando varios helicópteros comenzaron a sobrevolar su casa el pasado sábado a la madrugada. Según integrantes de la comunidad Emberá Katío, las aeronaves volaron sobre el lugar durante varias horas.
Después, a las tres de la mañana, cuando la pareja estaba a punto de encender el fuego para prepararse el desayuno vinieron los bombardeos y las ráfagas de metralla. La casa, en el que estaban alojados cinco integrantes de la misma familia, fue derribada. Todos, menos un niño de 8 años, fueron heridos, según indicó la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
A las seis de la mañana, los militares descendieron hasta el sitio del bombardeo donde encontraron a los heridos y notaron que algo andaba mal: eran indígenas y no guerrilleros.
La Séptima División del Ejército aceptó su responsabilidad en los hechos. "Lamentablemente en una de nuestras misiones resultaron heridos con esquirlas dos indígenas de la comunidad Embera Katio del sector de Jiguamiandó", dijo en un comunicado.
Agregó que el Ejército buscaba "neutralizar la actuación del Bloque Noroccidental de las Farc", al que culparon del asesinato de los líderes comunitarios de Curbaradó el pasado mes de diciembre. La OIA dice que los heridos fueron cuatro y que entre ellos, también hay un niño de 20 días de nacido que fue llevado al hospital del municipio de Carepa.
La pareja de esposos, que son los más graves, fueron llevados por los mismos militares a Medellín.
"Es muy probable que el joven de 23 años quede parapléjico", dijo a Semana.com William Carupia, consejero representante de la OIA.
En respuesta a las críticas de la actuación del Ejército, el presidente Álvaro Uribe salió en su defensa. Dijo, este lunes a la Radio Nacional, que la Fuerza Aérea es "cuidadosa" con la población civil.
Argumentó que los militares "han sido muy responsables, muchas veces estos bandidos del terrorismo se han refugiado en casas y eso ha llevado a la Fuerza Aérea a abstenerse, a abortar un procedimiento de bombardeo", dijo.
Las familias que viven en el resguardo han sido permanentemente víctimas del conflicto armado, en el que se cruzan intereses económicos. Allí está presente el frente 34 de las Farc y, según lo han indicado organizaciones no gubernamentales, también están resurgiendo las llamadas bandas emergentes, entre ellas, las Águilas Negras.
La comunidad a la que pertenece la familia que fue herida esta vez, había sido desplazada. El año pasado retornó al lugar. La OIA teme que nuevamente los integrantes del resguardo se vayan a buscar el casco urbano y por eso hizo un llamado a otras organizaciones internacionales para que acompañen a la comunidad e impidan que nuevamente sean sometidos al desplazamiento.
Además de los heridos, el ataque también generó pérdidas materiales: cultivos de pancoger y el bosque alrededor de las casas.
El resguardo tiene 9 mil hectáreas, y está dividido en cuatro corregimientos, en los que viven 700 personas. Recientemente la gobernación de Antioquia ha concedido permisos a varias empresas mineras para que exploten oro, cobre y molibdeno en la región.
Sin embargo, el año pasado en Murindó un grupo de indígenas se opuso a la explotación minera con el argumento de que la Constitución protege los resguardos y que para su usufructo las mineras deben consultar con las comunidades.
"Acá se ha violado ese principio constitucional y el fuero que tienen los indígenas sobre sus territorios. Detrás del ataque, probablemente hay una intención de desplazar a la comunidad para que puedan entrar las mineras", dijo a Semana.com uno de los voceros de la organización que prefirió no dar su nombre.
Según la población indígena, el lugar de los hechos está muy cerca a un batallón de la Décimo Séptima Brigada, y que desde el 24 de diciembre hace presencia en el territorio. En su criterio, es poco creíble la versión de que el Ejército atacaba a la guerrilla, pues permanentemente la zona es monitoreada por los militares.
La OIA anunció que demandará la acción del Ejército ante la justicia internacional.
©semana 
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