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campesinos recuperan tierras


Campesinos ocupan fincas en Necoclí denunciando inoperancia judicial.
Colombia. Campesinos del Urabá que se cansaron de esperar que un juez les devolviera sus tierras, arrebatadas por paramilitares, las invadieron porque dicen que la justicia no ha sido eficaz.
Si bien los terrenos ocupados presentan dificultades, los campesinos afirman que persistirán en quedarse para tratar de recuperarlos y volverlos productivos.
Diez familias del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, que alegan estar cansados de recibir negativas en las instancias judiciales para lograr la restitución de sus tierras, decidieron pasar a las vías de hecho y ocupar varias fincas que reclaman como suyas, pero que en el pasado les fueron robadas por grupos paramilitares.
El caso muestra las dificultades que están teniendo las autoridades para restituir miles de hectáreas robadas a los campesinos, ya que en algunos casos la justicia no ha logrado que los paramilitares confiesen el despojo, lo que dificulta declarar la ilegalidad de muchos títulos.
"Hemos tocado todas las puertas de las instituciones que nos podían ayudar para buscar que nos devolvieran las tierras, pero permanecen cerradas, no hay resultado alguno de nuestras reclamaciones", aseguró Carmen Palencia, presidenta de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes del Urabá antioqueño, que acompaña el proceso de recuperación de predios.
Este martes, Palencia estaba al lado de cuatro familias que regresaron a sus fincas ubicadas en la vereda La Ceibita, corregimiento El Totumo, de Necoclí. Al mismo tiempo, seis familias se instalaban en otros dos predios de la vereda La Eugenia, con el mismo propósito: recuperar lo que en el pasado fue suyo.
"Al ver que la justicia no estaba obrando con prontitud, la gente dijo ‘vamos a entrar a nuestras tierras: tenemos los documentos, están a nombre nuestro y hemos demostrado que son propias, entonces qué más vamos a esperar, vamos a entrar’, y la gente entró", narró la líder campesina.
Carlos Páez, integrante de la Asociación, explicó que en los predios a los que llegaron las diez familias habían mayordomos y las tierras estaban abandonadas, pero eso no importó: "los campesinos llegaron con sus corotos y se posesionaron de las fincas. Aquí vino la policía, pero ellos mostraron sus papeles y dijeron que de ahí no se iban a ir. Lo que hará la gente es organizar sus ranchos, quedarse y comenzar a trabajar la tierra", sostuvo Páez.
Palencia, por su parte, se mostró preocupada por el estado de las tierras: "algunas tenían cultivos, pero las convirtieron en ganadería, incluso ni ganado tienen, y el rastrojo está muy alto. Hay que empezar de cero", sentenció esta mujer, quien calcula en 300 hectáreas la tierra que estas diez familias se atrevieron a recuperar.
A estas familias se les suman otras cuarenta más que están a la espera de lo que ocurra para tomar decisiones al respecto. Todas ellas fueron víctimas de diversas modalidades de despojo de sus bienes inmuebles por parte de integrantes de grupos paramilitares, en particular de los bloques Elmer Cárdenas y Bananero, valiéndose del desplazamiento forzado al que sometieron a estas comunidades.
Tal es el caso de Hernando Pérez y su familia, quienes fueron obligados a abandonar su tierra por orden del jefe paramilitar Carlos Ardila Hoyos, alias ‘Carlos Correa’. "Nos dieron ocho días de plazo para que desocupáramos la finca y nos tuvimos que ir", relató este labriego. Seis años después, cuando quisieron volver, fueron obligados a vender el predio por una suma inferior a su valor comercial, lo que a su modo de ver es una compra forzada. En otros casos, los dueños de los predios fueron asesinados y sus tierras fueron escrituradas a personas cercanas a los grupos paramilitares.
Varios de esos casos hacen parte de las 17 reclamaciones que fueron presentadas ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín para que en esa instancia se cancelaran los títulos de propiedad fraudulentos y las tierras les fueran restituidas a sus dueños. Este proceso lo ha venido acompañando la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, la primera de ese tipo que opera en el país desde el año pasado y conformada por delegados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Procuraduría General de la Nación, Personería de Medellín, Defensoría del Pueblo para Antioquia y del Ministerio del Interior y Justicia.
No obstante este acompañamiento, el proceso judicial no ha surtido ningún efecto hasta el  momento. Desde que se presentó la solicitud de cancelación de los registros fraudulentos, las audiencias han sido aplazadas tres veces por el magistrado Álvaro Céron Coral: la primera fue el 10 de diciembre del año pasado, justificada por enfermedad del funcionario; la segunda ocurrió el 25 de enero, sustentada en la falta de notificación de los ex jefes paramilitares Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Ponte’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El alemán’, quienes reclamaron su presencia en este proceso; y la tercera se dio el 28 de enero, en la que se alegó nuevamente que se debía notificar primero a estos jefes paramilitares y a otros más que aparecen como responsables de los despojos de bienes inmuebles.
El último aplazamiento causó polémica en Medellín por cuanto los afectados alegaron que prevalecieron los intereses de los paramilitares, pues el magistrado Cerón Coral insistió en que se debían notificar tanto Hasbún Mendoza como Rendón Herrera. Además, no se le fijó fecha a la nueva audiencia.
"Ante la actitud del señor magistrado, la gente se siente muy decepcionada, sostienen que a ese paso no se recuperarán las tierras, por eso decidieron ocupar los predios", reiteró Páez, quien no entiende cómo se dilatan las decisiones en un proceso donde, según él, "las familias afectadas tienen las pruebas documentales para demostrarle al magistrado que sí son los propietarios reales de esos predios".
Pero lo cierto es que Justicia y Paz necesita que los paramilitares confiesen el delito para así entrar a estudiar la solicitud de las familias.
A su vez, Carmen Palencia cuestionó los resultados de la Ley de Justicia y Paz, en lo que tiene que ver con la restitución de predios robados por paramilitares. "Esa ley no ha sido suficiente para lograr la restitución de bienes ni para la reparación de las víctimas", sentenció.
Y ante la falta de respuesta de la justicia, la líder campesina dijo que la última esperanza estaba puesta en la audiencia del 28 de enero, pero, según ella, "el magistrado Cerón la canceló de un manotazo", decisión que ha sido interpretada por las comunidades como un fracaso de la acción judicial, de ahí que los campesinos hayan optado por las vías de hecho para recuperar sus fincas.
Si bien la Asociación acompañará estos procesos de recuperación de predios, también se declararon prudentes en su determinación de acompañar este proceso, pues hay fincas que por ahora no son aptas para volver porque, según los líderes campesinos, hay algunos obstáculos: están sembradas en teka; en algunas se tiene ganado y hay gente viviendo; otras están cultivadas; y en varias hay bases paramilitares.
"En ese sentido, hay que ser prudentes, no vamos a permitir que la gente por la necesidad de la tierra se vaya a enceguecer y no vea la realidad. Nosotros, como representantes de ellos, tenemos la obligación de hacerles entender que hay una cantidad de riesgos que de pronto en cierto momento no estaríamos en condición de asumirlos y si los asumimos no saldríamos bien librados", indicó Palencia.
Sin embargo, expresó algunos temores: "hablamos con la Policía, explicamos lo que ocurre y los agentes nos dijeron que si pasa algo los llamáramos. No queremos que haya problemas de orden público, pero en este tipo de cosas, el temor es que vayan a haber represalias o reacciones agresivas".
Ayer en la tarde tanto Carmen Palencia y Carlos Páez estaban en la vereda La Ceibita pendientes de las familias que ocuparon predios allí y desde allí coincidieron en solicitarle a las autoridades judiciales que resuelvan pronto el problema, pues la gente no soporta más dilataciones de un proceso que, a juicio de las víctimas, está claro, pues los afectados tienen cómo demostrar que son los dueños reales de los predios.

12 de febrero de 2010
©verdad abierta 
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