mano dura con los parapolíticos
6 de marzo de 2010
Justicia implacable. La Corte Suprema endureció su mano con los para-políticos. Los casos de Álvaro García y Mario Uribe demuestran que la justicia puede llegar a ser mucho más dura con ellos que con los jefes paramilitares.
Colombia. Álvaro García Romero y Mario Uribe tienen en común muchas cosas: largas carreras en el Congreso, ser gamonales de sus regiones, ganaderos y terratenientes. Y ahora, ambos están en el mismo patio de cárcel La Picota. Sus carreras políticas estaban disparadas al principio de la década, cuando ambos vieron incrementar su caudal electoral y tenían por el mango la sartén del poder político en el Congreso. García Romero era el hombre con más peso en las decisiones que tenían que ver con el presupuesto. Y Mario Uribe había liderado el movimiento Colombia Democrática, que ganó varias curules en el Congreso y que llevó a su primo y principal aliado, Álvaro Uribe, a la presidencia.
Pero los tiempos han cambiado para los dos. La semana anterior García Romero fue condenado a 40 años de cárcel por varios homicidios y por peculado. Y 48 horas después, el mismo tribunal ordenó la captura de Uribe, bajo la acusación de concierto para delinquir, cargo del que ya él se sentía prácticamente liberado desde que la Fiscalía le había dado la libertad, el año pasado.
Estas dos decisiones de la Corte son quizá las más importantes que se han tomado en el proceso de la para-política y tienen un hondo significado. Por un lado, son ejemplarizantes porque se trata de políticos casi ’intocables’. Segundo, porque significa que la confrontación que ha vivido Álvaro Uribe con la Corte no ha cambiado en nada la línea de conducta de ésta; y tercero, porque reafirman que, aunque con menos exposición pública, el proceso de la para-política sigue vivo y coleando.
La condena a García Romero fue histórica para un político de esa dimensión. La Corte lo encontró culpable de concierto para delinquir, de homicidio agravado y de peculado. Como si fuera poco, se ordenó una nueva investigación por desplazamiento forzado. En la sentencia queda claro que García Romero, junto con otros políticos y ganaderos fundaron y financiaron los grupos paramilitares de Sucre. El alto tribunal desestimó las palabras del propio ex senador en el sentido de que toda la clase política y los finqueros del departamento estuvieron obligados a tener contacto y colaborar con las AUC.
La Corte considera que el papel de Álvaro Romero era muy activo y lo ponía en rango prácticamente de dirigente de estos grupos. Por eso le endilga la responsabilidad "mediata" en la masacre de Macayepo ocurrida en el año 2000. Desde hace algunos años los magistrados de la Corte han venido acogiendo la tesis de que cuando hay "aparatos organizados de poder" los miembros dirigentes de éstos, incluidos quienes cumplen funciones políticas o financieras, deben responder por crímenes que han cometido subordinados del grupo. Con esta tesis, la Corte condenó al Comando Central del ELN por el atentado a Machuca y al ex congresista Ricardo Elcure. Este es el mismo principio con el que resultó condenado Alberto Fujimori en el Perú.
La Corte le dio crédito al ya popular testigo de la Fiscalía Jairo Castillo, ’Pitirri’, ex paramilitar asilado en Canadá, quien fue clave para probar que García Romero fue fundador de los paramilitares, y que además contribuyó a desviar los recursos de un municipio para financiar al Bloque Mojana de las AUC. También jugaron en contra de el ’Gordo’ García el incremento de sus votos en zonas donde los paramilitares tenían el control y las grabaciones que hizo la Policía y que según los jueces demuestran que colaboró con la masacre antes enunciada al llamar a un oficial de la Armada para convencerlo de que sacara sus tropas del área donde ocurrió la matanza. La Corte también concluyó que el ex senador determinó la muerte de Georgina Narváez, una testigo electoral que denunció un fraude cometido por García y su gente. Por todo lo anterior la condena fue tan dura: 40 años de prisión. Y por ser la Corte Suprema, es de última instancia.
Otro que está en graves problemas es el ex senador Mario Uribe, quien había sido puesto en libertad por el actual fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, en 2008. Pero en agosto, intempestivamente, la Corte cambió su jurisprudencia y decidió que todas las investigaciones que tenía la Fiscalía volverían a los despachos del alto tribunal, algo que muchos entendieron como un pulso más entre los magistrados y el Presidente.
Con la acusación de concierto para delinquir que acaba de proferir la Corte, Mario Uribe se enfrenta a un proceso que lo puede poner en aprietos. Pues hay pruebas de que hubo reuniones del ex senador con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y después de ellas un incremento de los votos de Uribe en Córdoba. Si a eso se suma que casi todos los candidatos de las listas de Colombia Democrática, de Mario Uribe, resultaron ser confesos de las autodefensas -Eleonora Pineda, Rocío Arias, Miguel de la Espriella- o condenados por sus vínculos con ellas -como el propio ’Gordo’ García-, la situación de Uribe se complica. En la acusación la Corte dice que "la manera como operó el aparato paramilitar en sus orígenes permite explicar mediante una visión de conjunto la gravedad del injusto que se le atribuye al doctor Uribe Escobar, al pactar con Salvatore Mancuso, líder de esas fuerzas ilegales, la promoción de grupos armados al margen de la ley".
Hay que recordar que el expediente de Mario Uribe en el proceso de la para-política ha sido el meollo del duro enfrentamiento de la Corte con el presidente Álvaro Uribe. Esta dura pelea ha tenido de todo: desde el montaje de alias ’Tasmania’, con el que se pretendió hacer creer que los investigadores de la Corte compraban testigos, para desprestigiarla, hasta presiones a los fiscales, seguimientos y ’chuzadas’ ilegales del DAS a los magistrados, pasando por las diatribas públicas y el pulso por la elección de nuevo fiscal.
Independiente de las consideraciones jurídicas, sobre las que sin duda ha basado la Corte esta nueva orden de captura, también hay consecuencias políticas muy importantes, especialmente cuando la medida coincide con el fallo de la otra Corte, la Constitucional, sobre el proyecto de referendo.
Para muchos resulta paradójico que los para-políticos, como Álvaro García Romero, terminen pagando 40 años de cárcel mientras los paramilitares pagarán máximo ocho por crímenes mucho peores y más sistemáticos. Pero el mensaje de la justicia en este caso es muy poderoso porque demuestra que aquellos que se arroparon en las sombras del poder económico y político hicieron posible la barbarie de unos ejércitos irregulares. Máxime cuando con la investidura del Congreso -que representa también al Estado- manejaba todos los hilos de la vida pública de una región. Como en el caso de García en Sucre, que ponía gobernadores, alcaldes, corporaciones, manejaba la contratación Estado, y hasta podía mover las tropas de la fuerza pública con sólo una llamada.
Posiblemente la Corte Suprema ha puesto el dedo en la llaga sobre una concepción del poder vigente en muchas regiones: la del gamonal que es capaz de aliarse hasta con el diablo para mantener un orden social a su antojo, donde lo público se ve como privado y donde la justicia mucha veces está sometida al poder político.
La pregunta es si la justicia con estos casos ejemplares, especialmente con el de García, logrará sentar un precedente que cambie en algo la realidad política. Quizá muchos aprendan a actuar dentro del Estado de Derecho. Pero no hay razones para ser optimista. Por la manera como se están perfilando estas elecciones al Congreso, la cantidad de plata que se ve en las campañas, las denuncias que han hecho varios candidatos y la preocupación e impotencia que han mostrado las autoridades electorales, habrá nuevos capítulos de los escándalos en la política en los años venideros.
27 de febrero de 2010
©semana/verdad abierta 
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