partido de los escuadrones de la muerte
Vivian Sequera y Luisa Fernanda Cuellar contribuyeron a este reportaje. 19 de marzo de 2010
Nuevo partido colombiano está ligado a bandas de extrema derecha.
[Frank Bajak] Bogotá, Colombia. El nuevo partido acusado de tener vínculos con bandas criminales de extrema derecha ha emergido con una sorprendente fuerza en la política colombiana, aumentando los temores de que el presidente Álvaro Uribe no logró debilitar a los paramilitares financiados por el narcotráfico en las provincias.
En las elecciones del domingo para reemplazar a un Congreso todavía feamente manchado por los lazos de legisladores con las milicias de extrema derecha, los electores convirtieron al Partido de Integración Nacional, o PIN, en el cuarto partido en Colombia.
El partido está integrado en gran parte por familiares y amigos de legisladores que están encarcelados o están siendo investigados por presuntos vínculos con los paramilitares, pese a que niegan lazos con criminales. El partido obtuvo casi un millón de votos en las elecciones que fueron dominadas por aliados de Uribe.
"No es ningún secreto de que la mafia del narcotráfico y algunos grupos paramilitares han infiltrado el sistema político colombiano", dijo Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, un laboratorio ideológico de Washington. "Pero su capacidad para organizarse políticamente en el contexto actual es extraordinaria, y profundamente inquietante".
La votación fue un indicador clave de las preferencias de los colombianos para las elecciones presidenciales del 30 de mayo, proporcionando una apreciación del desempeño de Uribe contra los demonios gemelos de este país andino: el crimen organizado y la corrupción por el narcotráfico. Uribe sigue siendo muy popular en Colombia por haber debilitado a las guerrillas de izquierda.
Aunque la votación subrayó la popularidad de su recia campaña militar contra los rebeldes -la primera financiada por Estados Unidos, los segundos por el tráfico de drogas-, también destaca su incapacidad para reducir el poder de los paramilitares. Las organizaciones de extrema derecha surgieron en los años ochenta para hacer frente a los rebeldes, pero se convirtieron en bandas de narcotraficantes a las que se acusa de veinte mil asesinatos.
Ariel Ávila, investigador de la independiente Fundación Arco Iris, dijo que el partido gobernante obtuvo lealtad con prácticas de apadrinamiento político -repartiendo embajadas, notarías y otros cargos a cambio de lealtad- como pocos otros gobiernos colombianos.
El investigador acusó al saliente gobierno de Uribe de ser "uno de los gobiernos más corruptos" que ha tenido Colombia.
Funcionarios del gobierno de Uribe, que han extraditado a Estados Unidos a una cantidad sin precedentes de presuntos narcotraficantes para ser sometidos a juicio, niegan los cargos. No han comentado sobre el partido PIN, recurriendo a leyes que les prohíben hacer declaraciones públicas que pudiesen ser interpretadas como intentos de influir en la política electoral.
El próximo presidente de Colombia -en febrero, una resolución judicial descalificó a Uribe para postular a un tercer mandato seguido de cuatro años- tendrá que decidir si incluye o no al PIN en la coalición de gobierno.
El lunes, el actual candidato, el ex ministro de Defensa, Manuel Santos, rehusó decir si lo haría o no.
"En este momento no estamos planeando hacer alianzas mecánicas", dijo a periodistas.
Su partido de Unidad Nacional -el antiguo partido de Uribe- ganó la mayoría de los votos el domingo, seguido por sus aliados del Partido Conservador. Juntos casi obtienen la mayoría en el Congreso y necesitará aliados. El opositor Partido Liberal llegó en tercer lugar, el PIN en el cuarto y el partido aliado con Uribe, Cambio Radical, en el quinto.
Algunos de los partidos aliados de Uribe obtuvieron escaños con candidatos que son familiares o amigos de políticos encarcelados por sus nexos con los paramilitares. Pero el PIN, que fue fundado en noviembre, concentraba a la mayor parte de ellos.
Sus candidatos se hicieron con ocho escaños de los 102 del Senado.
Entre ellos se encuentra Teresita García. El mes pasado, su hermano Álvaro García, ex senador, fue condenado y sentenciado a cuarenta años de cárcel por ordenar una mascare de quince campesinos en el remoto pueblo norteño de Macayepo en 2000.
También prominente entre los senadores electos del PIN se encuentra Héctor Julio López, hijo de Enilce López, un empresario de la lotería conocido como ‘La Gata’, que fue juzgado por cargos de homicidio y lavado de dinero.
La compra de votos -nada nuevo en la política colombiana- fue desenfrenada el domingo en la periferia de Bogotá, la cosmopolita capital donde surgió hace poco el Partido Verde contra la corrupción.
Observadores de la Organización de Estados Americanos dijeron el martes que confirmaron incidentes de compra de votos en seis de las dieciséis provincias donde estuvieron presentes el domingo. Una fue el bastión de López en Magangue, cerca de la costa Caribe. El jefe de la misión, Enrique Correa, dijo que los votos se pagaban en mesas que habían sido instaladas en los colegios electorales para "ayudar a los votantes".
La veterana columnista María Jimena Duzán dice que la tarifa corriente en la región varía entre veinte y setenta dólares por voto.
El representante legal del PIN, Álvaro Caicedo, rechazó los reclamos de sus críticos que el éxito del PIN entrega evidencias convincentes de que las bandas criminales de extrema derecha continúan asolando el campo colombiano.
"Bajo ninguna circunstancia tiene el partido nada que ver con las guerrillas o el paramilitarismo o el tráfico de drogas", dijo a la Associated Press en su oficina en el ayuntamiento de Bogotá, al que fue elegido hace dos años.
Insistió en que controló rigurosamente a cada uno de los más de ochenta candidatos al Congreso que presentó el partido.
Caicedo también negó informes publicados de que el verdadero poder detrás del PIN es el ex senador Luis Alberto Gil, encarcelado desde 1988 por cargos de concierto para delinquir en colusión con paramilitares.
Pero Caicedo, un campesino autodidacta del sureño estado de Nariño, reconoció que visita regularmente a Gil, cuya esposa postuló infructuosamente al Senado en la lista del PIN, y a otros políticos encarcelados en la cárcel de La Picota.
Desde 2006, más de cuarenta miembros del Congreso saliente han sido arrestados por cargos de concierto para delinquir en colusión con paramilitares, y un número similar están siendo investigados. Eso es prácticamente un tercio del Congreso.
Uno de los más cercanos asesores de Uribe, José Obdulio Gaviria, dice que la gente que votó por candidatos del PIN claramente no cree que los políticos que se aliaron con las milicias de extrema derecha sean criminales.
"Hay novecientos mil colombianos que tienen otra percepción de ellos, un asunto que no ha sido muy bien estudiado por analistas y administradores de justicia", dijo.
©washington post
©traducción mQh
0 comentarios