qué pasa con los paramilitares
Según las cifras oficiales, 32.000 paramilitares depusieron las armas entre 2006 y 2009. Menos de mil están en la cárcel, el resto se ha beneficiado de una amnistía de hecho. Ellos han admitido 165.000 asesinatos, 32.000 desapariciones y el reclutamiento de 3.500 niños. 
[Marie Delcas] Colombia. Al despedirse y hacer su balance de ocho años en el poder, el presidente colombiano Álvaro Uribe se preció a comienzos de agosto de haber "eliminado el paramilitarismo". Los defensores de los derechos humanos están escépticos. Les inquieta el dinamismo de las "bandas criminales emergentes" que, un poco por todo el país, ocupan el lugar de los paramilitares desmovilizados. Milicianos al servicio de los terratenientes y de los narcotraficantes, los paramilitares se hicieron en los años 90 de un discurso político y de una ambición nacional: terminar con las guerrillas marxistas que desde hace más de medio siglo asolan los campos colombianos. Agrupados en el seno de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los "paras" han hecho reinar el terror en los campos. Bajo pretexto de separar a la guerrilla de su base social, multiplicaron las exacciones contra los civiles.
Dejando las Armas
Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, guerrilleros y paramilitares vieron en jaque sus respectivas potencias. "Uribe, que hizo campaña sobre la promesa de pacificar al país, tomó el contrapié de sus antecesores: declaró una guerra sin piedad a los guerrilleros y aceptó negociar con los paramilitares", explica el analista León Valencia. En los dos frentes, Uribe obtuvo éxitos incuestionables. Los guerrilleros, debilitados militarmente, se atrincheraron lejos de los centros urbanos. Y, oficialmente, las Autodefensas Unidas de Colombia desaparecieron. Según las cifras oficiales, 32.000 combatientes depusieron las armas entre 2006 y 2009. Y una treintena de grandes jefes paramilitares están en la cárcel.
"Pretender negociar la paz con una sola de las bandas existentes era una apuesta ambiciosa y arriesgada", señala Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Según él, la Ley Justicia y Paz, que sirvió de marco jurídico a la desmovilización de las milicias, "es ahora un modelo en materia de justicia de transición posconflicto". Aprobada en julio de 2005, esta normativa contempla penas máximas de ocho años para los ex combatientes dispuestos a confesar sus crímenes y a entregar sus bienes para indemnizar a sus víctimas. Igualmente, se puso en práctica un ambicioso programa de reinserción para garantizar el retorno a la vida civil de las tropas desmovilizadas.
"De los 32.000 paramilitares oficialmente desmovilizados, menos de mil están en la cárcel", subraya Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas. Los otros 31.000 se beneficiaron de una amnistía de hecho.
"El proyecto de ley inicial, elaborado por el gobierno, apuntaba a facilitar la redención de los verdugos y no se preocupaba para nada de la suerte de las víctimas", recuerda el senador Guillermo Rivera. Felizmente, intervino la Corte Constitucional. Corregida, la Ley Justicia y Paz ha permitido a las víctimas defender su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. "Más de 300.000 víctimas se han inscrito como tales para poder asistir a las audiencias de los ex paramilitares y pedir reparación.
Complicidades
En materia de "verdad", las confesiones de los ex paramilitares sobrepasaron todas las expectativas. Sus relatos revelaron una barbarie de la que ni los medios, ni las autoridades, ni la opinión pública habían tomado la medida. Les han dado la razón a las organizaciones de derechos humanos más alarmistas. Los desmovilizados han admitido unos 165.000 asesinatos, 68.000 desplazamientos de población, 32.000 desapariciones forzadas, 3.500 niños reclutados… Han hablado de cuerpos mutilados, violados, desmembrados en vida, cadáveres trozados a cuchillo, enterrados en fosas, lanzados a los ríos, quemados en hornos.
Desbordado, al sistema penal le costó dar abasto. La cantidad de confesiones a escuchar, de exhumaciones a realizar, de hechos a confirmar, amenaza con bloquear todo el proceso. En cinco años, se han pronunciado sólo dos condenas.
"Las confesiones de los desmovilizados permiten identificar a los culpables inmediatos de miles de crímenes cometidos. Pero la médula espinal del sistema paramilitar no ha sido tocada, las complicidades de las que se benefician las milicias en el seno del Estado no han sido todas develadas", afirma Gustavo Gallón. Como muchos, el jurista estima que la extradición de 14 jefes de las AUC a Estados Unidos, decidida por Álvaro Uribe en mayo de 2008, bloqueó confesiones decisivas.
Frustración
En materia de reparación, todo o casi todo queda por hacer. "La idea era crear un fondo para indemnizar a las víctimas, nutrido por el dinero y los bienes ‘entregados’ por los paramilitares arrepentidos. Es un fracaso", resume Eduardo Pizarro.
Los paramilitares han recurrido a palos blancos para disimular sus fortunas mal adquiridas, legalizar sus tierras, sus propiedades y otros títulos. Expropiarlos resulta más arduo. El gobierno optó entonces por la vía de la reparación administrativa, más eficaz y menos generosa. Este año, han sido repartidos 150 millones de dólares entre 15.000 familias.
En 25 años, 750.000 familias colombianas (es decir 3,5 millones de personas) han huido de los campos bajo la presión directa o indirecta de los grupos armados. Entre cuatro y cinco millones de hectáreas fueron abandonadas o expoliadas. El proceso de retorno de los desplazados sigue siendo tímido y la devolución de sus tierras es muy compleja.
"En caso de un fracaso, las frustraciones de las víctimas podrían alimentar un nuevo ciclo de violencia", suspira Eduardo Pizarro. Por de pronto, la policía estima que 4.000 desmovilizados han vuelto a tomar las armas. Pizarro considera que "el gran fracaso de la reinserción se sitúa a nivel de los ‘cuadros medios’, los subjefes que tomaron el sitio de los jefes encarcelados y el control del narcotráfico". Son ellos quienes dirigen las bandas criminales emergentes, las "bacrimes", que controlan los territorios y las redes de narcotráfico que ayer estaban en manos de los paramilitares. Son los "neo-paramilitares", de los que habla León Valencia. Dice que "las milicias perdieron toda legitimidad política, pero todavía no han desaparecido".
Según la organización Human Rights Watch, esos grupos criminales estarían presentes en 24 de los 32 departamentos del país y contarían con más de 10.000 hombres armados. Para María Eugenia Pinto, del Alto Comisariato para la Paz, la situación recuerda la imagen de una bicicleta estática: "Todos los días jóvenes combatientes se desmovilizan, todos los días los movimientos armados enrolan nuevos reclutas". Colombia no ha dado vuelta la página de la violencia.
30 de agosto de 2010
29 de agosto de 2010
©la nación
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