límites del secreto de estado
4 de abril de 2010
Un caso de interceptación sin orden judicial ilustra el riesgo de que se abuse del ‘privilegio del secreto de estado’. Editorial de LAT.
Cuatro y medio años después de que el gobierno de Bush fuera sorprendido espiando a ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial, un juez federal en San Francisco ratificó la conclusión a la que llegaron hace tiempo muchos otros estadounidenses: que el gobierno se excedió en su autoridad legal en la guerra contra el terrorismo. Pero el fallo del juez de distrito Vaughn R. Walker hace mucho más que eso. También recuerda al gobierno de Obama, que a menudo replica posiciones de la era de Bush en cuestiones de seguridad nacional, que el ‘privilegio del secreto de estado’ puede cubrir una multitud de abusos.
El problema de Walker era si la Fundación Islámica Al-Haramain y dos de sus abogados, ambos ciudadanos estadounidenses, podían cobrar daños y perjuicios por la vigilancia electrónica realizada sin la orden que exige la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA. Walker falló a favor de los demandantes, pese a los obstáculos levantados por el gobierno.
Al adoptar la postura del gobierno de Bush, el gobierno de Obama había argumentado que los demandantes no podían probar que sus teléfonos habían sido interceptados y que debido al privilegio del secreto de estado, no podían pedir que un tribunal examinara los documentos clasificados que pudieran corroborar esa acusación, incluyendo un documento que por descuido había sido publicado hace poco. Una corte de apelaciones falló a favor del gobierno en el tema del documento, pero otra informaciones reservadas presentadas por los demandantes permitieron que Walker concluyera que la fundación y sus abogados fueron espiados ilegalmente.
Además, Walker recriminó al gobierno por invocar el privilegio del secreto de estado de una manera que creaba una situación del tipo Catch-22: El gobierno argumentaba que no era necesario ni siquiera responder ante evidencias públicas de interceptaciones ilegales, debido a que todo caso de vigilancia simplemente era demasiado sensible y secreto como para que fuera discutido en la sala de un tribunal. "Según la teoría de los acusados", escribió, "los funcionarios de la oficina del Ejecutivo podrían tratar la FISA como optativa y emplear liberalmente el privilegio del secreto de estado para eludir la FISA, una ley promulgada específicamente para frenar y crear un control judicial para los abusos cometidos por el Ejecutivo en sus atribuciones para vigilar".
Gracias a las revelaciones del New York Times sobre las interceptaciones ilegales, el Congreso intensificó la aplicación de la FISA, aunque ello no impide los abusos del privilegio del secreto de estado según el cual ni siquiera los jueces pueden examinar documentos que pudieran fundamentar las faltas del gobierno.
El gobierno de Obama insiste en que está siendo más cauto que su predecesor al exigir el privilegio, invocándolo sólo cuando "es absolutamente necesario para proteger la seguridad nacional". Para el fiscal general Eric H. Holder, hay un modo fácil de cumplir con ese compromiso: No debería recurrir el fallo de Walker.
3 de abril de 2010
©los angeles times
cc traducción mQh
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