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arrancó juicio a garzón


Dos organizaciones franquistas lo acusan de prevaricato. Según la acusación, presentada por dos organizaciones de derecha, Garzón fue más allá de su jurisdicción e ignoró la amnistía que garantiza hace más de treinta años la impunidad de los represores franquistas. El juez no irá a La Haya.
Madrid, España. Un juez del Tribunal Supremo español mandó ayer a juicio oral una causa contra Baltasar Garzón, aguándole casi todas sus posibilidades de exiliarse en la Corte Penal Internacional de La Haya. En un extenso auto, el magistrado Luciano Varela defendió la apertura de un proceso contra Garzón por el delito de prevaricato, aunque no le puso fecha. El texto sostiene que el juez que ordenó la detención de Augusto Pinochet en 1998 actuó contra la ley diez años después, cuando intentó investigar los crímenes del franquismo. "Intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar", argumentó en el auto. Según la acusación, presentada por dos organizaciones de derecha, Garzón fue más allá de su jurisdicción e ignoró la amnistía que garantiza hace más de 30 años la impunidad de los represores franquistas. Ahora la decisión final la tendrá el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ). Mañana se reunirán en una sesión extraordinaria para decidir la suspensión cautelar de Garzón. Si la aprueban, el juez no podrá ser transferido a La Haya.
La decisión de abrir el juicio oral no puede ser apelada. El anuncio sorprendió a algunos, aunque varios analistas españoles esperaban que el acusador de Garzón reaccionara ante la posible salida del juez del país, para ocupar una asesoría junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo. La respuesta de Varela llegó justo cuando el CSPJ, el máximo órgano de decisión sobre los jueces del país, analizaba el pedido de Garzón para prestar servicios especiales ante La Haya. El consejo llegó solamente a enviar la consulta de rutina a la Cancillería. Antes de tomar una decisión debe tener el visto bueno del Ejecutivo y muy probablemente esa respuesta no llegue antes de la sesión extraordinaria, convocada para mañana. Por eso, la predicción que imperaba ayer en Madrid era que Garzón enfrentará su continuidad en la Audiencia Nacional mañana.
El juez que ganó fama mundial por perseguir, procesar y condenar a dictadores y represores de todo el mundo está siendo investigado por tres causas. Se lo acusa de haber violado los derechos de dirigentes presos del conservador Partido Popular al ordenar espiar sus conversaciones con sus abogados, y de haber provocado un conflicto de intereses, al recibir dinero del Banco Santander durante unos cursos que dio en la Universidad de Nueva York.
Pero el primero en llegar a juicio es el que más repudio causó en España y en el mundo entero, y el único en que no participa la Fiscalía Nacional. Dos organizaciones de derecha, el sindicato Manos Limpias (que no tiene representación en ninguna empresa española) y Libertad e Identidad, acusaron a Garzón de extralimitarse al ordenar la apertura de causas por los crímenes cometidos por el franquismo, tanto durante la Guerra Civil (1936-1939) como durante la dictadura, que duró hasta 1975. La Falange Española, heredera del partido único del régimen dirigido por Francisco Franco, también había presentado una querella similar, pero finalmente fue separada del proceso por no cumplir con los tiempos procesales.
El juez Varela les dio la razón a estas organizaciones y ordenó abrir un juicio, que podría terminar en una condena de hasta 20 años de inhabilitación. "El acusado no puede tratar de justificar su irresponsabilidad penal con el pretendido objetivo de favorecer a las víctimas de la Guerra Civil", argumentó el juez en su auto de procesamiento, difundido ayer.
En cambio, la Fiscalía Nacional sostiene que no hay pruebas de prevaricato en ese caso y, por eso, no se sumó a las querellas en la acusación y había cuestionado la eventual apertura de un juicio. Según la Fiscalía, Varela no puede abrir un proceso si un fiscal de la Nación no participa de la parte acusadora. Sin embargo, en su escrito Varela se basó en un antecedente del llamado "caso Ibarretxe", en el que el Tribunal permitió la apertura de un juicio penal a instancias sólo de una acusación popular. El pasado 7 de abril el juez Varela había instado a los querellantes a presentar sus escritos de acusación contra Garzón para abrir a partir de ese momento el juicio oral al magistrado. Cuando lo hicieron, los escritos presentaban defectos de forma y, en vez de rechazarlos, Varela se los devolvió con correcciones. Falange, según Varela, fue el único querellante que no llegó a volver a entregar el escrito a tiempo.
La actitud de Varela le valió una recusación de Garzón, que fue rechazada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, si el juicio oral avanza y Garzón es suspendido mañana, presentará otro recurso contra Varela, esta vez ante el máximo tribunal posible, la Corte Constitucional. Garzón argumentaría que Varela vulneró sus derechos constitucionales al mostrar parcialidad a favor de sus denunciantes.

13 de mayo de 2010
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