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dudas sobre muertes de civiles


Una investigación militar y otra de la fiscalía concluyeron que el ejército no era responsable de los recientes casos de civiles abatidos en medio de la guerra contra los carteles de la drogas. Pero su credibilidad está en entredicho.
[Tracy Wilkinson] Ciudad de México. Los Almanza disminuyeron la velocidad cuando pasaban en su camioneta negra frente a lo que creyeron que era un puesto de control del ejército en el violento nordeste mexicano. Bajaron las ventanillas, dicen, para que los soldados pudieran ver que eran una familia. Pero, en lugar de eso, los hombres enmascarados en uniforme abrieron fuego, matando a dos niños Almanza, de cinco y nueve años.
Quince días antes y apenas a 160 kilómetros, dos prometedores estudiantes universitarios fueron asesinados a la puerta de una escuela durante un enfrentamiento entre el ejército y narcotraficantes. Inicialmente el ejército identificó a los estudiantes como pistoleros, pero más tarde retiró la acusación después de que las familias de las víctimas lo desmintieran.
Mientras la guerra contra las drogas del gobierno mexicano reclama cada vez más vidas de inocentes, el manejo de los dos casos está siendo cuidadosamente observado.
La semana pasada el ejército trató de exonerarse a sí mismo en los dos casos. Tres de las cuatro víctimas fueron asesinadas por los narcotraficantes, no por los soldados, dijeron el ejército y la fiscalía al dar a conocer el resultado de las investigaciones realizadas por esas mismas autoridades. (El asesino de la cuarta víctima -uno de los estudiantes universitarios- no fue identificado).
Las familias de las víctimas denunciaron los resultados como encubrimiento. La situación arroja luz sobre lo que activistas de derechos humanos dicen es uno de los aspectos más inquietantes de la conducción militar de la guerra contra las drogas: que se permita que el ejército investigue él mismo los casos que implican tácticas cuestionables. En los dos casos, el gobierno nacional, bajo presión internacional y doméstica, ha tratado de incluir a autoridades civiles en el proceso de investigación. Pero los problemas de credibilidad subsisten.
En la muerte de los niños Almanza, los pistoleros en el puesto de control no eran soldados sino narcotraficantes, que están luchando por el control de la disputada ruta de Nuevo Laredo a Reynosa, de acuerdo al general José Luis Chávez García, director de la oficina de justicia militar. Fueron los traficantes los que empezaron a disparar contra los Almanza, y luego atacaron a la patrulla militar que se acercaba, dijo Chávez.
"Mentiras", dijo en una entrevista después de que se diera a conocer el informe de la investigación del ejército, Cynthia Salazar, madre de los dos niños muertos en el puesto de control.
Dijo que llevaba en su regazo a su hijo de cinco años, Bryan, esa tarde del 3 de abril cuando la familia viajaba a la playa desde su casa en Laredo, cerca de la frontera con Texas. Fue el fin de semana de Pascua. La camioneta estaba atiborrada con siete niños, de tres meses a once años, dos hombres y tres mujeres.
"Nos hemos acostumbrado a los puestos de control del ejército", dijo Salazar, 28. "Sabemos cómo son y qué precauciones tomar".
Después de que su vehículo redujera la velocidad, con las ventanillas bajadas, para pasar frente a lo que Salazar describió como cuatro camionadas de soldados enmascarados, se oyeron disparos. De acuerdo a Salazar, los soldados dispararon contra la familia y contra las llantas y siguieron disparando y luego arrojaron granadas contra ellos incluso cuando clamaban piedad y trataban de escapar hacia las colinas.
Una bala perforó el estómago de Salazar, dijo, y la misma bala mató a Bryan. Martín, de nueve, también murió, y el marido de Salazar, Martín Almanza, quedó herido.
Aunque el ejército condujo la investigación del incidente, dijo que los fiscales civiles también estaban implicados y, en conclusiones reveladas a fines de la semana pasada, disputó la versión que dio Salazar de lo ocurrido.
Las granadas usadas por los traficantes impactaron en la parte de atrás de la camioneta de Almanza y mataron a los dos niños, dijo Chávez. Reconoció que los disparos del ejército impactaron el frente del vehículo. Pero agregó que las granadas militares eran de un calibre que no posee el ejército.
Un problema mayor, dicen las organizaciones de derechos humanos, es que la credibilidad del ejército sufre cuando está implicado en la investigación misma. Eso es crítico porque a medida que aumentan las muertes de civiles, se erosiona el apoyo al presidente Felipe Calderón en la ofensiva del ejército contra los narcotraficantes.
La semana pasada el Senado mexicano votó para limitar el despliegue de tropas y asignar a fiscales civiles los casos de abusos militares. La Cámara Baja del Congreso todavía debe votar sobre las medidas, y no lo hará sino en otoño.
En el caso de los dos estudiantes universitarios asesinados en Monterrey la noche del 19 de marzo, la fiscalía tomó las riendas de la investigación en curso.
En una rueda de prensa convocada a toda prisa durante un festivo nacional sugiere que los dos estudiantes de ingeniería cayeron en un fuego cruzado durante un enfrentamiento entre patrullas del ejército y traficantes.
Jorge Antonio Mercado, 23, murió por disparos de un calibre utilizado por narcotraficantes, pero las balas que mataron a Javier Francisco Arredondo, 24, estaban demasiado dañadas como para determinar el calibre, dijo Ricardo Nájera, portavoz de la fiscalía.
Acribillado con preguntas de encolerizados periodistas, Nájera insistió en que "el caso no está cerrado". También confirmó que el ejército había manipulado el sitio del suceso, y anunció la creación de equipos de " respuesta inmediata" de la fiscalía para actuar en casos en que mueran civiles.
La prestigiosa escuela de los estudiantes, el Monterrey Tech, exigió un informe más completo, como hicieron los familiares. La comentarista Denise Maerker se preguntó en una columna, ‘¿Encubrimiento o incompetencia?’
"Si murieron en un fuego cruzado, ¿por qué estaban al interior de recintos universitarios?" como se ve en un video, dijo Rosa Mercado, madre de Jorge Antonio, en una entrevista para la televisión. "Si fueron asesinados por pistoleros, ¿por qué los confundieron inicialmente con pistoleros?"
Calderón insistió, correctamente, que la mayoría de las cerca de veintitrés mil personas asesinadas desde que lanzara la represión en diciembre de 2006, han sido traficantes, sus asesinos a sueldo o fuerzas de seguridad. Pero las muertes de civiles, incluyendo numerosos niños, han aumentado significativamente en los primeros cuatro meses de este año, dejando atrás años anteriores.

18 de mayo de 2010
5 de mayo de 2010
©los angeles times
cc traducción mQh
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