suspenden entrega de tierras en chocó
19 de mayo de 2010
La Corte Constitucional ordenó la suspensión del proceso porque falta claridad sobre quiénes son los propietarios de las 29 mil hectáreas, en su mayoría utilizadas en cultivo de palma africana. El gobierno acató la orden.
Colombia. La Corte Constitucional ordenó este martes suspender el proceso de restitución administrativa y entrega física de los territorios colectivos de la cuenca del río Curvaradó, en Chocó, hasta cuando se haga un censo completo de los habitantes de la zona y se haga una elección de las autoridades del Consejo Comunitario. El gobierno ya suspendió la entrega.
La población negra de estos territorios fue desplazada desde finales de los 90 después de sufrir atroces episodios de violencia por parte de grupos paramilitares. Cuando regresaron, encontraron que sus fincas estaban sembradas con palma africana y tenían letreros de grandes empresas palmeras que declaraban su propiedad de esas tierras.
En el proceso por recuperar su territorio, la violencia volvió a caer contra las víctimas. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para que el Estado colombiano defendiera con todos los métodos necesarios la vida de estos desplazados.
En 2009, la Corte Constitucional también encontró violaciones a los derechos de estas personas y ordenó que el gobierno hiciera todo lo posible por restituir sus tierras y brindarles garantías para vivir tranquilos.
Pero la Defensoría del Pueblo, al cabo de varios meses, encontró que nada se estaba cumpliendo. El 31 de diciembre pasado, emitió un informe donde advirtió de la presencia de grupos armados ilegales en territorios colectivos de poblaciones negras y en resguardos indígenas.
La Defensoría también alertó de la indebida intervención de particulares y empresas en los procesos internos de los consejos comunitarios y de las autoridades tradicionales de los indígenas.
Esa intervención, según la Defensoría, se hizo por medio del repoblamiento del territorio para facilitar la negociación de sus recursos; la financiación y promoción de asambleas, reuniones y espacios de decisión de consejos comunitarios para conformar autoridades locales afines con sus intereses, específicamente, en Curvaradó; la intromisión en el proceso de retorno de las personas desplazadas, y la financiación de campañas de descrédito en contra de los acompañantes humanitarios y comunidades.
Semana.com documentó en su momento cómo es que personas extrañas a las comunidades están explotando la madera chocoana sin tener en cuenta a las autoridades afrocolombianas o burlándose de ellas.
En ese contexto que denunció la Defensoría se ha presentado una crisis de autoridad entre los pobladores de esa zona. "Existe un conflicto interno de gobernabilidad en las comunidades asociado a la falta de claridad sobre quiénes son los representantes legítimos de las Comunidades Afrocolombianas de la cuenca del río Curvaradó, ya que en la actualidad, el Consejo Mayor de Curvaradó está representado por tres juntas directivas distintas, una elegida en abril de 2008, otra elegida en septiembre de 2009 y la tercera elegida en abril de 2010", cita la Corte Constitucional en el Auto en el que ordenó suspender la entrega.
La Defensoría consideró "necesario la realización de un censo de propietarios del territorio colectivo, a través de un proceso participativo de las comunidades de las cuencas de Curvaradó".
En consecuencia, la Corte acató la observación y suspendió la entrega de las tierras.
SEMANA, en su última edición, había anticipado que el próximo miércoles el Ministerio del Interior iniciaría la entrega de los terrenos, pero advertía que este proceso podía ser el punto de partida de una nueva causa de violencia en la región.
El problema, argumentó la revista, es que los beneficiarios de la entrega son señalados por otro sector de la comunidad de no ser sus auténticos representantes de los habitantes de la zona, sino fruto de una división facilitada por los palmicultores.
Este martes, el gobierno anunció la suspensión de la restitución de las 29 mil hectáreas de tierra, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional.
18 de mayo de 2010
©semana 
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