no les alcanza para pagar
5 de julio de 2010
La primera sentencia de Justicia y Paz por la masacre de Mapuján obliga al Estado a pagar más de 100.000 millones de pesos. No hay plata para tantas víctimas.
Colombia. El martes 29 de junio, la magistrada Uldi Teresa Jiménez impuso la primera sentencia de Justicia y Paz en Bogotá contra alias ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’. Este fallo será el modelo en los más de 4.000 hechos que ya han sido imputados a los desmovilizados.
Seguramente la culpa es del fútbol, pero una de las noticias más importantes de la semana pasó prácticamente inadvertida. El martes anterior, en la tarde, en el auditorio del Tribunal Superior de Cundinamarca, la magistrada Uldi Teresa Jiménez profirió la primera sentencia contra los paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. El fallo deja al desnudo una realidad de a puño: o el país se dedica a conseguir presupuesto para reparar a las víctimas o no podrá cumplir con lo que ordenan los jueces. La reparación de Mampuján, un caserío de Bolívar donde hubo 11 muertes y el desplazamiento de todo un pueblo, cuesta la módica suma de 117.000 millones de pesos.
La magistrada ordenó pagar no más de 240 millones a cada familia que perdió a un ser querido y no más de 120 a cada familia de desplazados, así como realizar inversiones para reconstruir el caserío. Las víctimas quedaron insatisfechas y apelaron porque esos montos son la mitad de lo establecido en las cortes internacionales. Pero los estándares globales de reparación económica tienen ribetes de tragicomedia.
En cinco años, el Fondo de Reparación solo ha logrado obtener 32.000 millones de los bienes entregados por los paramilitares. Es decir, todo el fondo alcanza apenas para una cuarta parte de esta sentencia, que es solo por una masacre. De hecho, los jefes paramilitares Juancho Dique y Diego Vecino, los dos condenados, entregaron apenas una casa, cuatro predios rurales y unos carros ya casi inservibles. Según la propia magistrada Jiménez, los hechos de Mampuján solo representan el 0,39 por ciento de los crímenes de las AUC, pues ya hay registradas 280.000 víctimas. Esta reparación corresponde a un solo hecho pero hay 4.000 que ya han sido imputados y el doble en proceso de ser legalizados. Es decir que hay un problema financiero muy grave.
Jiménez les exige a las autoridades tomar medidas que hasta ahora no estaban contempladas. Ordena que los bienes de los congresistas condenados por parapolítica entren al Fondo de Reparación, y medidas cautelares a los bienes y propiedades de los que están siendo investigados por vínculos con las autodefensas. Eso puede ser mucho más fácil que encontrar los testaferros de los paramilitares, y obviamente puede haber mucho dinero en juego. Pero será una batalla política y jurídica sin precedentes. También le sugiere al Congreso crear un impuesto para las empresas que financiaron grupos paramilitares y le pide a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que consiga dinero en el exterior. También que los bienes de los paramilitares en extinción de dominio entren al fondo.
Desde el punto de vista de los derechos, nadie objeta que las víctimas merecen ser reparadas de manera generosa. Pero desde la perspectiva de la viabilidad de las políticas, lo que deja planteado este fallo es que en cuanto a la reparación, el país va rumbo al fracaso.
El presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, ha dicho en muchas ocasiones que lo único que ha funcionado en el contexto internacional es la reparación por vía administrativa, como la hizo Chile. Allí las víctimas tuvieron acceso privilegiado a programas de salud, crédito, educación y memoria histórica. Pero eran un universo más pequeño, y la reparación se hizo en un contexto de transición política. En Colombia se ha optado por dos mecanismos simultáneos: una reparación administrativa, que paga 17 millones a cada víctima, y la vía judicial, que es más onerosa.
Lo que ha quedado claro es que el país debe buscar una salida. En ese sentido parecen ir los acercamientos entre Gustavo Petro y el presidente electo, Juan Manuel Santos. "Lo que yo propongo no tiene costo fiscal porque es una confesión alrededor del tema de las tierras", dice Petro, quien también considera que el tema de las víctimas tiene que ser un propósito nacional. Pizarro parece estar de acuerdo: "Llegó el momento de un gran diálogo nacional sobre la Ley de Justicia y Paz", dice. Ojalá sea más temprano que tarde.
©semana 
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