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balance del plan colombia


Desde el 2002, se han contabilizado más de un millar de los llamados "falsos-positivos". Un "positivo", en la jerga militar, es un guerrillero dado de baja. Cuando la víctima no es un insurgente sino que es un ciudadano secuestrado para hacerlo pasar por tal, se habla de un "falso-positivo".
[Raúl Sohr] El presidente Álvaro Uribe deja el gobierno con una alta popularidad. Su política de "Seguridad Democrática", aplicada durante sus ocho años en el palacio presidencial, fue elaborada por sus generales. Ella consistió en una guerra sin tregua contra los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En forma gradual, Uribe consiguió reducir las actividades de grupos paramilitares de ultraderecha así como la gravitación de las guerrillas. Esto fue posible, en buena parte, gracias al masivo respaldo militar y financiero de Estados Unidos.
Hace 10 años, en julio de 2000, el Presidente Bill Clinton otorgó ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares. El grueso estaba destinado a los militares para el combate contra el narcotráfico. Pero a poco andar los fondos fueron utilizados para la lucha contra las fuerzas guerrilleras. Desde esa fecha hasta ahora, Bogotá ha recibido 7.300 millones dólares en el marco del "Plan Colombia".
En Washington hay gran satisfacción por los resultados. Ello, al punto que la experiencia colombiana es exhibida como un ejemplo para México o Afganistán. Robert Gates, el ministro de Defensa de Estados Unidos, en una visita a Bogotá, en abril, no ahorró halagos para Uribe. Lo calificó de "heroico" y de "pieza clave para la seguridad y prosperidad de Sudamérica", además de "una fuente única de experiencia y conocimiento para sus vecinos". ¿Cuáles son los logros que ameritan semejantes elogios?
La situación colombiana presentaba a comienzos de la década un cuadro que caminaba a lo que se entiende por un Estado fracasado: un poder político desacreditado, un poder judicial ineficaz y unas fuerzas armadas incapaces. Todo redundaba en una gradual pérdida de control del Estado sobre el territorio. El diagnóstico de Washington entonces era: "La soberanía nacional de Colombia es amenazada en forma creciente por una guerrilla resurgente". Las estadísticas muestran que las cosas han cambiado desde entonces: mientras en 2002, cuando asumió Uribe, se registraron 27.829 homicidios, en 2009 se contaron 17.717. Los secuestros bajaron de 2.882 en 2002 a 213 en 2009. Los ataques guerrilleros cayeron de 1.645 en 2002 a 486 en 2009. Según el gobierno, las fuerzas de las organizaciones guerrilleras han sido menguadas a la mitad y hoy sumarían menos de 10 mil efectivos movilizados.
¿Cómo consiguió Uribe estos resultados? El masivo paquete de ayuda estadounidense le permitió casi triplicar el presupuesto bélico y las fuerzas armadas pasaron de 256.000 efectivos a 446.000. La eficacia del esfuerzo militar oficialista ha quedado a la vista. La mejora en la movilidad y las comunicaciones de las fuerzas regulares y la policía ha tenido un impacto notorio sobre la guerrilla. De particular efectividad ha sido la fuerza aérea que multiplicó sus misiones de reconocimiento y bombardeo de las zonas rebeldes. Con ello dificultó la concentración de insurgentes para lanzar ataques de cierta envergadura.
El lado no democrático y escalofriante de la ofensiva oficialista fue la continuación de los asesinatos ejecutados por militares y agentes del Estado. Desde el 2002, se han contabilizado más de un millar de los llamados "falsos-positivos". Un "positivo", en la jerga militar, es un guerrillero dado de baja. Cuando la víctima no es un insurgente sino que es un ciudadano secuestrado para hacerlo pasar por tal, se habla de un "falso-positivo". Por cada rebelde ultimado, los soldados responsables reciben semanas de vacaciones y remuneraciones del orden de los dos mil dólares. Ante las denuncias de secuestros de inocentes, Uribe reaccionó airado y declaró: "Cuando avanza la acción contra la guerrilla, cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial". Las organizaciones ciudadanas que denunciaron estos hechos fueron motejadas por el gobierno como "voceros del terrorismo". El servicio de inteligencia colombiano, el DAS, tiene una vasta experiencia en montajes políticos. Documentos que salieron a la luz pública muestran que realizó grandes campañas de calumnias contra jueces, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones opositoras. Las acusaciones infundadas fueron desde vinculaciones con la guerrilla a casos de corrupción. Pese a los esfuerzos por desacreditar a sus acusadores, la evidencia fue abrumadora y el gobierno debió sacar a retiro a 27 militares, entre ellos a tres generales. Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló en su informe 2010: "Miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país",… "la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad llega hasta el 98,5%". Señaló además su preocupación, pues "la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin investigarles y muchos se beneficiaron de amnistías. Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares". Estos juicios podrían penarle aún a Uribe. Dada la naturaleza imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, que purga una sentencia tras las rejas, ha sentado un precedente.

1 de agosto de 2010
©la nación
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3 comentarios

claudio lisperguer -

La afirmación del lector Lope de la V. Delgado de que las FARC también hacen ‘falsos positivos’ es enteramente falsa. Asesinar a civiles inocentes (vale decir, no implicados en el conflicto) sea para aumentar el número de bajas enemigas y crear así la falsa impresión de que se está ganando la guerra al enemigo y embolsarse de paso 2 mil dólares por cada asesinado y otros privilegios, sea para eliminar a ciudadanos que militares y agentes del estado consideran nocivos, inútiles o un futuro peligro (jóvenes desempleados, vendedores ambulantes, delincuentes juveniles, discapacitados mentales), no ha sido, ni es que se sepa una práctica de las guerrillas. En la guerra de Colombia, más del 95% de las víctimas han sido causadas por paramilitares y ffaa -más de 22 mil asesinados en los últimos 20 años. Por eso resulta infamante que Uribe tilde a los que denuncian esos crímenes de ser “voceros del terrorismo”. Sólo un fanático descerebrado puede decir semejante insensatez.

claudio lisperguer -

Otrosí, Raúl, es que efectivamente está comprobada la intervención de Uribe en la campaña de espionaje ilegal, interceptaciones telefónicas, seguimientos e intimidaciones y amenazas contra personas que el presidente considera sus enemigos -según denunció el ex director de inteligencia del DAS- y que incluyeron a los jueces de la Corte Suprema y a políticos de oposición y activistas de derechos humanos. Para Uribe, todo aquel que denuncia los crímenes de ffaa y escuadrones de la muerte paramilitares, son sus enemigos. A días de marcharse, envió un proyecto de ley para reformar el poder judicial. La mayor reforma consistiría en que el presidente de la república sólo podría ser procesado, si fuera acusado por algún delito, por el Congreso. Con su primo Mario preso por homicidio, su hermano Santiago a punto de ser procesado por dirigir un escuadrón de la muerte y su hijo Tomás acusado de cohecho, se ve que Uribe empezó a sentir el aliento de la justicia en la nuca.

claudio lisperguer -

Raúl, los falsos positivos superan de lejos la cifra que usted menciona. Desde 2003, se trata ya de cerca de 2.700 civiles asesinados. Como dice el relator de la ONU, sólo un par de puñados de casos han terminado en tribunales. La impunidad es abismal. Aparte la impunidad, lo sistemático de estos asesinatos es que se inscriben en una campaña de limpieza social, pues sus víctimas son invariablemente jóvenes delincuentes, desempleados, homosexuales e incluso personas con discapacidad mental. El gobierno paga 2 mil dólares por cada asesinado. No menciona usted que todos los jefes del servicio secreto DAS desde que asumió Uribe, que depende directamente del presidente, están siendo juzgados por narcotráfico y paramilitarismo; uno de ellos (Noguera) incluso por homicidios. La total negación de los derechos humanos la vimos en marzo de 2008, cuando tropas colombianas ejecutaron a los sobrevivientes del bombardeo en Ecuador tras cruzar la frontera colombiana.
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